Un fallo clave en la causa del incendio deliberado de Iron Mountain habilita la posibilidad de que los familiares de las diez víctimas -entre bomberos y personal de Defensa civil que murieron en el depósito de Barracas el 5 de febrero de 2014-, puedan ser querellantes cinco años y ocho meses después de la tragedia. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Daniel Morin, Eugenio C. Sarrabayrouse y Horacio L. Días les dio aquella posibilidad a Ricardo José Martínez y Liliana Noemí Maffey los padres de Maximiliano Martínez, pero la resolución es extensiva a quienes ahora decidan ir contra los funcionarios del Gobierno porteño que en aquel momento encabezaba Mauricio Macri y además las autoridades de la multinacional estadounidense. La medida revocó una sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que firmaron Julio Lucini y Mariano González Palazzo, éste último un magistrado cercano al expresidente y líder de la oposición en la alianza Cambiemos.
Javier Moral, el abogado que asumió la representación de Maffey y Martínez, le dijo a Página/12 sobre el fallo: “La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal de la Nación, revocó una resolución de la Cámara del Crimen que había apartado del rol de querellantes a las víctimas a raíz de un planteo que presentaron las defensas. Se había establecido que por haber percibido indemnizaciones de naturaleza civil también desistían del carácter de querellantes. Pero ante un pedido nuestro, Casación entendió que el acuerdo no obsta para que averiguen en un juicio oral y público la verdad de lo sucedido y puedan reclamar o pedir condenas para las personas que no estaban alcanzadas en el acuerdo como los funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad, el vigilador y todos aquellos que la querella considere responsables”.
Esta situación abre la posibilidad de que se escale en el juicio penal hasta la cima del poder político porteño que a la fecha del incendio en Iron Mountain era conducido por Macri y Horacio Rodríguez Larreta como vicejefe de Gobierno. El fallo del alto tribunal tiene fecha del 23 de septiembre pasado y en su resolución establece que se revocó lo dispuesto por la Cámara del Crimen en lo que hace a apartar a los familiares “del rol de querellantes que ostentaban respecto de los funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo reconocerles la facultad de continuar en dicho rol respecto de las personas que no se encuentren abarcadas por el desistimiento efectuado”.
La revocación de la medida que habían firmado Lucini y González Palazzo el 4 de mayo de 2018 es parcial porque Casación rechazó otros pedidos de los padres del bombero Martínez. Uno de ellos es que el acuerdo firmado con la compañía aseguradora Zurich fuera declarado nulo. Moral recordó que “nosotros habíamos planteado que se ampliara la línea investigativa de responsabilidades hacia arriba para que siguiera en los directivos de Iron Mountain y también hacia los funcionarios públicos. Pensemos que todo llegó hasta Gómez Centurión, el titular en aquel momento de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y nosotros entendemos en carácter de querellantes que debería verse la posibilidad de indagar a Macri y Rodríguez Larreta como jefe y vicejefe de Gobierno toda vez que había responsabilidad de ellos. Tanto es así que el propio Macri había estado unos días antes en ese depósito y le había otorgado beneficios fiscales a la empresa que lo explotaba en concepto de ingresos brutos, que hasta el día de la fecha subsisten”.
El abogado de los familiares señaló otro dato importante que privó a los damnificados de que se supiera la verdad. La pérdida en el gobierno porteño de documentación clave sobre la compañía de EE.UU. “Se tiene demostrado que el expediente administrativo que había permitido que funcionara el depósito que jamás debería haber sido habilitado, desapareció al poco tiempo del incendio. En función de eso, la responsabilidad objetiva del titular de la AGC, que dependía de la vicejefatura de Gobierno, a nuestro criterio es bastante clara”. Moral coincide con el planteo de la fiscalía de que “la habilitación solo se pudo haber dado mediante un acuerdo espurio. Ya que se permitió abrir un depósito cuya zonificación no era apta para ese destino y carecía del certificado de operatividad y además, la empresa había sido intimada para que regularice diversas cuestiones como dotar a las columnas de una protección contra incendios que nunca se había hecho”.
El fallo de la Cámara del Crimen que ahora quedó revocado invalidaba a los familiares para accionar contra “los directivos de Iron Mountain Argentina SA, la empresa Zurich (aseguradora en el siniestro) y todos sus respectivos sucesores, directores, funcionarios, representantes, accionistas, empleados, sociedades controlantes y/o vinculadas, cesionarios, aseguradores, abogados y representantes de cualquier tipo”. Es la misma compañía que proclama en su página corporativa que desde su fundación en 1951, protege y custodia “documentos empresariales, cintas de backup, archivos electrónicos, información médica y otros activos”.
Aquella resolución de Lucini y González Palazzo – a quien Macri colocó en el Colegio de Árbitros de la AFA cuando era presidente de Boca - afectaba a quienes habían aceptado la indemnización acordada el 10 de diciembre de 2014, pero también tenía carácter extensivo para los otros familiares de las víctimas. Ahora todos podrán ir – como mínimo - por el pedido de indagatoria del expresidente de la Nación y Rodríguez Larreta, los responsables políticos de la habilitación de un depósito que no brindaba las mínimas condiciones de seguridad como quedó demostrado en el expediente 7434/14. Es la causa caratulada Berkowski, Vanesa Ileana y otros sobre incendio culposo seguido de muerte que está empantanada hace casi seis años.
