Líderes de comunidades indígenas de la Amazonía solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "llame la atención" a los gobiernos de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil ante los asesinatos, amenazas y violaciones a los derechos humanos que padecen en sus territorios.
En el marco del 177 período de sesiones de la CIDH, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa a los pueblos indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica, difundió este preocupante llamado de alerta.
En el caso de Perú, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Richard Rubio, alertó que desde abril pasado hasta el último 11 de septiembre han sido asesinados cinco defensores de derechos humanos. Además, indicó que a esos crímenes se deben sumar "las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales" que ingresan a sus territorios.
Entre estas víctimas figuran cuatro representantes indígenas, a quienes identificó como Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Gonzalo Pío Flores y Lorenzo Wampagkit, todos de comunidades ubicadas en la Amazonía peruana.
Por otro lado, el representante de Aidesep señaló que, ante esta situación, "urgen medidas coordinadas de manera multisectorial" y que el Estado peruano debe dar prioridad a la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú "en tiempo oportuno", ratificado por el Congreso argentino hace una semana.
Aunque Perú formó parte de los 12 países americanos que firmaron el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, aún no ha ratificado el tratado, el primer pacto mundial que contiene disposiciones vinculantes para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Por su parte, la especialista en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Jackeline Borjas, también señaló que los asesinatos "evidencian la ausencia histórica de los Estados" en la protección de las comunidades indígenas.
En este sentido, dio como ejemplo que más de seis meses después del inicio de la pandemia de la covid-19 en Perú, el sexto país con más casos en el mundo, "aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada", así como la falta de prioridad a las "medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas".
En Colombia, mientras tanto, en los últimos días al menos seis personas murieron en un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales en una reserva indígena del departamento de Nariño (suroeste), que también dejó hasta el momento dos heridos y dos desaparecidos.
Los actores que se enfrentaron en la aldea de Inda Sabaleta, habitada principalmente por indígenas de la comunidad Awá, son el autodenominado Frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz, y un grupo narcotraficante conocido como Los Contadores.
"Alertamos sobre la grave situación en el Resguardo Indígena Inda Sabaleta del Pueblo Awá en Tumaco, Nariño: En medio de enfrentamientos entre grupos armados fueron asesinados 5 indígenas, 2 están heridos y 40 indígenas fueron secuestrados", informaron desde la Organización Nacional Indígena de Colombia.
A su turno, el dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Andrés Tapia, denunció "los frecuentes procesos de persecución y criminalización" que sufren líderes indígenas de su país.
