José Luis Vila declaró ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia el 20 de mayo de este año. A fines de 2019 se había comunicado con el secretario del cuerpo legislativo, Alberto Revah, para solicitar una audiencia para “formular una serie de denuncias”. En esa oportunidad, Vila recordó que ya se había comunicado con la misma comisión, en septiembre de 2018, cuando su presidente era el senador radical Juan Carlos Marino.

En esa ocasión, aunque no se llegó a concretar una audiencia formal, de todas maneras puso en conocimiento de los hechos a los integrantes del cuerpo, mediante un escrito. Los miembros de la comisión le enviaron un pedido de informes al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, pero no hubo respuesta alguna, de manera que no se pudo avanzar en la investigación.

Ante tal situación, Vila pidió una nueva audiencia, que se concretó en mayo, bajo la presidencia del actual titular del organismo, Leopoldo Moreau. Para que Vila pudiera presentarse, hubo que pedir autorización a la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, dado que el declarante fue miembro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante muchos años y de la AFI, además del cargo de subsecretario que ocupó en el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Aguad.

La interventora Caamaño pudo autorizar la presentación de Vila porque está vigente una disposición del presidente Alberto Fernández, que le permite a ella relevar del secreto que impone la Ley de Inteligencia a quienes han sido o son miembros de esos organismos. Esto teniendo en cuenta la situación actual, en la que se están investigando denuncias sobre espionaje ilegal de políticos, funcionarios y ex funcionarios, empresarios, periodistas y también de familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

El decreto presidencial delegó en Caamaño la facultad de relevar del secreto a los agentes de inteligencia, en este caso a Vila.

En agosto de 2018, el entonces subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, José Luis Vila, se presentó ante la justicia para denunciar que había sufrido cuatro ataques intimidatorios y una amenaza con explosivos. El caso fue investigado por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Marijuan. En ese momento, en una entrevista con el diario La Nación, Vila estimó que las amenazas se debían al trabajo que venía realizando desde el Ministerio de Defensa para “garantizar un mejor comando y control de los servicios de inteligencia”.

Vila consideró que las intimidaciones se debían a que había asesorado al ministro Oscar Aguad, en esas cuestiones. Vila trabajó doce años en la ex SIDE y fue asesor en el área de Defensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Trabajó en los anteproyectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y fue colaborador cercano del ex ministro del Interior Enrique “Coti” Nosiglia.

El caso Vila fue investigado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pidió la colaboración del FBI, según se dijo en ese momento en fuentes oficiales.

Vila denunció que la primera intimidación fue la aparición de panfletos con su foto y leyendas amenazantes en el edificio Libertador, sede del Ministerio y del Comando en Jefe del Ejército. Luego recibió una llamada anónima en la que le advirtieron que su familia “la iba a pasar mal” si él no renunciaba a su cargo.

También arrojaron notas con agravios en un edificio ubicado en la esquina de Callao y Arenales, en el que vivía, y del que se tuvo que mudar. Esto ocurrió cuando él se encontraba en Moscú, en una misión oficial. El cuarto ataque fue la aparición de un pan de trotyl desactivado en el mismo edificio, cuando Vila se encontraba en Madrid.

Un hombre que estuvo detenido en una causa por narcotráfico dijo que lo habían obligado a colocar el artefacto desactivado. En su nueva declaración ante la Bicameral, Vila agregó nuevos detalles y dio posibles pistas sobre la persecución sufrida y sobre los responsables jerárquicos de los actos intimidatorios.