El debate que se dio en la Cámara de Diputados de Salta durante la aprobación del proyecto de Ley que propone implementar el Sistema de Promotoras Territoriales para prevenir la violencia de género y que dejó en evidencia los grados de empatía de les distintes legisladores tienen con la iniciativa en tratamiento, nos permite proponer un par de reflexiones.

La primera de ellas es la impresión de que para la mayoría de les legisladores, la cantidad de leyes provinciales sancionadas no han impactado convenientemente en la disminución de los indicadores que nos colocan –con variaciones en cifras anuales- permanentemente entre los primeros lugares de ocurrencia de femicidios y hechos de violencia contra las mujeres y diversidades en relación al resto del país. 

Eso es verdad y auspicioso su reconocimiento, porque nada bueno puede esperarse de un mal diagnóstico de la situación real. Las mujeres organizadas planteamos desde hace más de dos décadas –las luchas son infinitamente más antiguas- que la complejidad de estas violencias requieren abordaje intersectorial y multidisciplinario por parte del Estado. 

Debería incluirse entonces, en la apreciación de les legisladores para este caso, que las leyes son condición necesaria (vg. reconocimiento de los derechos de mujeres y diversidades y también obligaciones del Estado para garantizar el derecho a una vida libre de violencias) más no suficiente para el impacto deseado. Porque se requieren también, por parte del poder Ejecutivo, políticas públicas pertinentes y eficaces (prevención a nivel social y comunitario y asistencia a las víctimas cuando ya ocurrieron los hechos) y una administración de justicia diligente y oportuna y con perspectiva de género (reparación y protección integral), que dé un mensaje a les justiciables que las violencias de género existen y no deben ser toleradas. 

Las jóvenes hijas y nietas de “las brujas que no pudisteis matar”, ya en el 2015 escribían en sus pancartas en la plaza 9 de julio: “Sres. Jueces, tenemos leyes, aplíquenlas”. Creemos que la nueva herramienta –de aprobarla el Senado provincial- tiene una potencia prometedora, ya que legitima una pata de este entramado que siempre debió existir: la participación de las propias mujeres y diversas. 

Por ese motivo, otra de las medidas clave de este Eje estará vinculada con el funcionamiento de los Centros de Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género en las provincias para fortalecer las redes territoriales locales y los lazos comunitarios a través de modelos de gestión flexibles, teniendo en cuenta las particularidades de los distintos contextos locales. (Plan Nacional…, pág.130). El Plan contempla la centralidad que tienen para la prevención las redes territoriales y las prácticas y saberes de abordaje territorial de estas violencias. … El foco está puesto en desplegar políticas con una efectiva presencia territorial (Plan Nacional…pág. 14). 

Como venían planteando mujeres de la economía social: …Somos una pieza fundamental para que muchas mujeres puedan tener acceso efectivamente a sus derechos, somos parte de la solución! Creemos que, en síntesis, la positiva atmósfera del debate parlamentario de ayer era justamente de comprensión de la complejidad del problema y la decisión de aportar herramientas más allá de las pertenencias partidarias.

La segunda reflexión se refiere a un hecho por demás infrecuente: el dictamen de la Comisión de Hacienda –uno de los cinco dictámenes obrantes- que quiso convertir el proyecto de ley en proyecto de declaración. 

Entre las razones esgrimidas por el Dip. Diez Villa presidente de esa comisión, figura que la provincia no está en condiciones de poder sobrellevar la erogación que el sistema de promotoras necesita por lo cual incluye en el dictamen la solicitud al Ejecutivo Provincial que realice un convenio con el Ministerio de la Mujer de la Nación para implementar el sistema, y de esta manera obtener los fondos necesarios, que podían surgir principalmente en el marco del “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de Género” que tiene un presupuesto de 18 mil millones de pesos. 

No abordaremos el aspecto jurídico y de técnica legislativa si una ley puede contener una condición para su eficacia consistente en la suscripción de un convenio futuro por parte del Gobernador de la Provincia de por sí habilitado para hacerlo. 

De lo que aquí se trata es si la existencia de un plan nacional dispensa a la provincia de planificar sus acciones (justamente en el marco de la centralidad que otorga el plan nacional a la territorialidad, lazos comunitarios y particularidades de los contextos locales), un Plan Provincial, con metas claras, evaluables y con erogaciones monitoreables que orienten la elaboración e implementación de las políticas públicas. Nada de esto se contradice con la gestión de financiamientos y convenios de distinta índole como por ejemplo de asistencia técnica.

El paso dado ayer por les diputades es promisorio: reconocer déficits, valorar la participación de les destinataries de las acciones, sostener la postura desde la empatía con las víctimas.

Finalmente recordar que, como se dijo ayer en la sesión, los 18 mil millones de pesos no son un gasto, son una inversión para una sociedad más justa, más igualitaria, y una reparación para las víctimas que no por serlo han perdido sus derechos, y para las que perdieron la vida un mensaje de esperanza para sus hijes, nietes, y todas las personas de buena voluntad que habitan esta provincia.

* Ex presidenta del Observatorio de Violencia contra la Mujer