Desde Santa Fe

La comisión bicameral de Acuerdos sacó ayer los dos dictámenes para remover de su cargo al fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Ashad, detenido en una causa que lo investiga por supuesto cobro de coimas del juego clandestino y suspender por 180 días -que es el máximo de la escala- al fiscal de Venado Tuerto, Mauro Blanco, por sus presuntos vínculos con un vendedor de sustancias prohibidas. El despido de Ponce Ashad ya estaba resuelto en la bicameral hace varias semanas: el 7 de agosto –tres días después de quedar preso- la Legislatura lo suspendió, ordenó descontarle la mitad del sueldo y ahora lo destituirá por supuesto “mal desempeño” y “comisión de delito doloso”. Mientras que Blanco será suspendido por seis meses y quedará en estabilidad precaria porque su permanencia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dependerá de lo que resuelva su colega de Reconquista, Leandro Mai, quien lo investiga en otra causa penal. Ahora, la vicegobernadora Alejandra Rodenas deberá convocar a la sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado para tratar ambos despachos, lo que podría ocurrir la semana que viene.

El diputado de la UCR, Fabián Bastía, –designado para acusar a Ponce Ashad- tenía lista la acusación desde setiembre. Pero el debate en la bicameral se trabó por el caso Blanco entre dos extremos: la del acusador y presidente de la comisión Raúl Gramajo que proponía destituirlo y la de su par de la UCR, Lisandro Enrico, que cree las explicaciones del fiscal en defensa de su inocencia. Como la ley exige una mayoría agravada, y se corría el riesgo de que no hubiera sanción, se llegó a un acuerdo salomónico: suspender a Blanco por seis meses y esperar el resultado de la pesquisa del fiscal Mai.

La bicameral saldó el debate interno sobre el caso Blanco en las últimas 48 horas. La semana pasada había cuatro posiciones distintas sobre el futuro del fiscal de Venado Tuerto. Gramajo que insistía en desplazarlo del cargo. Un grupo de legisladores que proponían suspenderlo por el máximo, que es 180 días. Otros, que planteaban una suspensión menor. Y Enrico que sugería cerrar el legajo y archivarlo. 

El miércoles, la comisión volvió a reunirse a la tarde, aún en medio de las diferencias entre Gramajo y Enrico. Los legisladores del Frente Progresista acordaron entonces una moción intermedia, que es la que se aprobó ayer: suspender a Blanco por 180 días en su cargo. Y esperar el dictamen del fiscal Mai de Reconquista, que lo investiga en otra causa penal, de la que ahora dependerá su destino en el MPA. Según lo que resuelva Mai puede haber una segunda investigación en la Legislatura.

Fuentes de la bicameral explicaron el péndulo político entre echar a Blanco, suspenderlo por 180 días y cerrar la causa –los tres planteos que llegaron hasta ayer- en la mayoría especial que exige la ley para penalizar a fiscales. “Había que construir una posición común porque la ley exige mayoría absoluta en cada uno de los casos y si no se logra, existe el riesgo de que no haya ninguna sanción”, explicó. Así salió la propuesta de suspender a Blanco por seis meses. Una tarjeta amarilla que puede virar a otro color según la pesquisa del fiscal Mai.

En el caso de Ponce Ashad, la comisión ya había resuelto destituirlo hace bastante, apenas el diputado Bastía recolectó las pruebas necesarias. El legislador cree que “Ponce Asahad nunca tendría que haber sido fiscal”. “El Ministerio Público de la Acusación debe investigar los delitos y en este caso hacía lo contrario”, dijo.

Bastía fue designado para acusar a Ponce Asahad el 4 de agosto, la tarde en que su investigado quedó preso. Después, sumó la denuncia de la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, el testimonio de dos fiscales de Cañada de Gómez y de Melincué y la audiencia imputativa a Ponce Asahad, cuando le dictaron prisión preventiva por 90 días. Y con eso, cerró la acusación por supuesto “mal desempeño” y “comisión de delito doloso” al fiscal de Rosario. “Hay elementos contundentes”, para desplazarlo del cargo. “No hay una condena, pero sí una cantidad de pruebas” para tomar esa decisión. Ponce Asahad nunca debió haber sido fiscal. Hay que leer el discurso de la diputada (Griselda) Tessio el día que se votó ese pliego” que envió el gobernador Antonio Bonfatti. “Tuvo muy pocos votos porque no reunía ninguna condición para ser miembro del MPA”, concluyó Bastía.