El Senado aprobó la destitución de Prado

Es ley la intervención de Aguaray y anunciarían hoy al interventor

Ahora el Ejecutivo deberá promulgarla y designar al sucesor de Enrique Prado hasta diciembre del 2021. También se avanzó con la Ley provincial de cupo femenino en espectáculos artísticos. 
Parte de los caños del Gasoducto del NEA que desaparecieron de Aguaray Parte de los caños del Gasoducto del NEA que desaparecieron de Aguaray Parte de los caños del Gasoducto del NEA que desaparecieron de Aguaray Parte de los caños del Gasoducto del NEA que desaparecieron de Aguaray Parte de los caños del Gasoducto del NEA que desaparecieron de Aguaray 
Parte de los caños del Gasoducto del NEA que desaparecieron de Aguaray  

Como se preveía, después de dilatar por meses la toma de decisión y el tratamiento del proyecto presentado por el diputado Ramón Villa, ayer el Senado provincial votó por unanimidad la destitución de Jorge Prado, imputado por el robo de caños del gasoducto del NEA.

Vertiginosamente en una semana, el proyecto para intervenir el Ejecutivo de Aguaray, obtuvo la aprobación en ambas Cámaras, y se estima que hoy el gobernador Gustavo Sáenz anuncie el nombre de quien tome las riendas de aquella localidad hasta diciembre de 2021. Las elecciones provinciales de medio término del año que viene serán el escenario para que sus ciudadanos elijan al nuevo intendente.

Los legisladores argumentaron su decisión en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución Provincial para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.

Durante la sesión, el senador Javier Mónico aclaró que ese cuerpo legislativo tenía “todo el respeto por el federalismo y los habitantes de ese municipio, así como por la soberanía de cada pueblo de darse sus gobernantes a través del voto popular”. Pero aseguró que consideraron que la situación en aquella localidad es “de extrema gravedad institucional, lo que posibilita la intervención en situaciones como estas”.

El representante por Rosario de la Frontera recordó que a los pocos días de asumir, Prado “dispuso unilateralmente el retiro de casi 35 kilómetros de caños enterrados de una obra realizada por el Estado Nacional para el gasoducto del NEA”. Y añadió que la intervención se realiza para “reencontrar el orden institucional y restablecer la paz social".

Mónico sostuvo que de continuar Enrique Prado al frente del ejecutivo, se compromete la paz social, en primer lugar por la gravedad de los delitos que se le imputan y por la evidencia de la prueba, y porque “puede incidir de manera grave en el futuro del municipio” habida cuenta de cómo se comportó ante la inminente intervención, llamando a sus seguidores “a levantarse para impedir su destitución y hasta a realizar cortes de ruta”.

El senador Manuel Pailler indicó que "es una medida que nos cuesta tomar, pero es una situación grave la que se está viviendo”, agregó.

Para Esteban D´Andrea, el tiempo que se tomó la legislatura para tomar la decisión “fue el adecuado para evaluar todo lo que sucedía y dictaminar al respecto”. Mientras que Jorge Soto recordó que cuando se presentaron los primeros proyectos de destitución, el intendente Enrique Prado no estaba imputado, “pero habida cuenta de la gravedad y lo convulsionado que se encuentra ese pueblo, amerita tomar una decisión para llevar paz social”.

Cupo para eventos culturales

Se dio media sanción al proyecto de Ley de la senadora Silvina Abilés para garantizar un cupo femenino y el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo que hacen al desarrollo de la industria musical.

Siguiendo los pasos de la reciente normativa nacional. La Ley provincial estipula un cupo del 30% como mínimo entre artistas solistas y grupos musicales compuestos por mujeres, que deberán figurar en el Registro Único de Músicos Salteños, de conformidad con la Ley 7975 de Promoción, Protección y Fomento de la Actividad Musical.

Será autoridad de aplicación la Secretaría de Cultura de la provincia. En caso de incumplimiento, los organizadores de los eventos deberán pagar una multa que va del 1 al 6% de lo recaudado, que se destinará a la promoción de la música.

En sus argumentos, la senadora por La Caldera se preguntó cuántas artistas mujeres hay en la provincia, y se contestó que seguramente la misma o más que los varones, “y sin embargo no tienen la misma visibilidad”, por lo que afirmó que siguen siendo discriminadas en ese ámbito como en muchos otros de su vida. “Ya les cuesta demasiado, debido a las desigualdades y el mandato social que las obliga a ocupar el lugar central en el hogar y les quita tiempo para el estudio y su desarrollo personal”, sentenció.

Por último consideró que es un deber del Estado avanzar en medidas que garanticen un efectivo acceso igualitario al derecho a su representatividad, “pedimos el acceso, porque el talento ya lo tienen”, sentenció la única senadora mujer de la provincia. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Presupuesto Universitario

A través de un proyecto de declaración solicitaron a los legisladores nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que se incremente el presupuesto de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) proyectado para el 2021.

El pedido surge por los dichos del rector Víctor Claros quien informó que este año se modificó el índice de distribución de fondos para presupuesto universitario, que afectaría a 16 instituciones del país y que la UNSa recibiría el 1,58 por ciento en lugar del 1,67 que venía percibiendo los últimos períodos. Eso significaría una pérdida de $192 millones.

Desde la Asociación de Docentes Universitarios (ADIUNSa) sostuvieron que la propuesta del presupuesto para las universidades de todo el país es elevada al gobierno nacional desde el Consejo Interuniversitario Nacional. Por lo que serían las universidades las que piden el dinero y en este caso habrían solicitado menos. El gremio ya elevó un pedido de explicación que aún no tuvo respuesta por parte del Rectorado.

Educación privada 

También se avanzó con la media sanción de un proyecto de Ley presentado por José Ibarra, que prohíbe a los establecimientos educativos de gestión privada retener los boletines de calificación o no entregar certificados de estudio en el caso que los alumnos presenten deudas. El mismo proyecto incluye la prohibición de hacer públicas las deudas por parte de las insituciones.

Su autor argumentó que una deuda que contraen los padres de un alumno, no puede afectar el derecho a la educación del niño o niña en ningún caso. “Debemos garantizar la continuidad de la escolaridad en todos los niveles”, sostuvo Ibarra.

Antisemitismo

Finalmente el Senado aprobó el proyecto de Ley por el cual se adhiere al territorio provincial a la resolución 114/2020 del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto de la Nación, que tomó la definición de Antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) del 26 de mayo del 2016. El ministerio de Educación deberá incorporarla en su currícula para trabajarla en el aula. 

La definición adoptada indica que “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, Walter Cruz, recordó que este año se realizó el quinto foro mundial del holocausto y que nuestro país es miembro pleno de la IHRA. Por lo que la provincia no podía estar ajena a la utilización y difusión de esa definición. Con el voto unánime de los presentes, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados en revisión.

Restructuración de la deuda

Ayer antes de sesionar, el ministro de Economía Roberto Dib Ashur presentó el primer informe a la Comisión Bicameral del seguimiento de la restructuración de la deuda provincial.

El funcionario se refirió a la situación de Salta, que trabaja en la renegociación de una deuda de USD 615 millones, de los cuales un 75% está en esa moneda y un 25% en pesos.

Sobre la deuda en pesos, dijo que alcanza los $45.239 millones, con vencimientos este año por $1.375 millones en el caso del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y de $1.083 millones en el Fondo de Garantía Sustentable (FGS) de ANSeS.

En el primer caso se refinanció a 30 meses de gracia con nuevo vencimiento a partir de agosto de 2022 y en el caso del FGS, se espera que el Senado Nacional sancione la Ley que daría a las provincias la posibilidad de colocar en ANSeS un bono a 7 años, corriendo actualmente una prórroga para el pago.

Sobre la deuda en moneda extranjera, afirmó que asciende a casi USD 594 millones, a un tipo de cambio de $76,18. Aclaró que se compone de títulos en un 65%, que son los que se están restructurando a partir del día en que el país logró un acuerdo con los acreedores por su deuda de USD 66 mil millones.

Los títulos a refinanciar son por USD 388 millones y están integrados básicamente por el Fondo de Reparación Histórica (FRH) y el Fondo del Bicentenario, que en conjunto plantean vencimientos por USD 6,2 millones este año; USD 55,5 millones en 2021; USD 154,2 millones en 2022; USD 138 millones en 2023 y USD 127,3 millones en 2024.

Según informó el ministro, la idea es concluir el pago del FRH, dado que quedan 6 vencimientos hasta 2022 y comenzar a restructurar el Fondo del Bicentenario.

Sobre la situación general, Dib Ashur resumió que el país viene de dos años consecutivos de caída del PBI, previéndose para este año una baja del 12%, en sintonía con el resto del mundo, salvo China que será el único que crezca en 2020. Aunque añadió que para el 2021 el país podría crecer 5,5% por efecto rebote. Añadió que la recaudación provincial cayó $8.700 millones.

En ese marco, Salta pagó este año deuda por $6.500 millones, por lo que el ministro consideró que “resulta prioritario resolver la deuda en dólares, dándole sostenibilidad, generando un alivio financiero para los próximos años, con extensión de plazos de amortización, reducción en la carga de intereses, manteniendo el prestigio de Salta en materia de cumplimientos y manteniendo el acceso a crédito en el futuro tanto a nivel local como internacional”.

La Comisión Bicameral de seguimiento está integrada por los senadores Mashur Lapad; Jorge Soto, Silvina Abilés, Javier Mónico y los diputados, Carlos Zapata, Cristina Fiore, Gonzalo Caro y Daniel Sansone. 

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