Chile: Una nueva constitución va a plebiscito

Con adn feminista

Desde la Mesa de Acción por el Aborto Legal en Chile abogan por una Convención Constitucional, que tendrá conformación paritaria, donde se puedan garantizar derechos, también los sexuales y reproductivos, y dejar atrás la Carta Constitucional aprobada durante la dictadura de Pinochet

Con la sangre todavía caliente por las revueltas que hace un año le anunciaron al mundo que “Chile despertó”, este domingo se vota el plebiscito para definir una nueva Constitución para ese país. La vigente fue aprobada en 1980, en plena dictadura de Pinochet. “Para el movimiento de mujeres y de derechos humanos es muy importante, ya que este plebiscito se realiza porque constituye una demanda de la ciudadanía. No responde a una iniciativa de un gobierno o unas élites políticas, sino a una plataforma de lucha de los movimientos sociales”, expresó Débora Solís, de Aprofa (Asociación para la Protección de la Familia), una de las organizaciones que conforman la Mesa de Acción por el Aborto de Chile. Para Gloria Maira, la coordinadora de la Mesa, los feminismos fueron esenciales en este proceso. “El movimiento feminista ha estado en alza, lleva varios años de movilización, formamos parte del ADN de la revuelta social que abrió las puertas a este proyecto constituyente”, afirma.

En concreto, el domingo bregan para que -como adelantan las encuestas- gane el “apruebo” y, sobre todo, la Convención Constitucional, no la mixta, sino la que surgirá íntegra por la elección directa de la ciudadanía. Esa Convención tendrá una composición paritaria. “Eso es histórico. De hecho, no sé si hay otra experiencia en el mundo donde haya habido una convención constitucional verdaderamente paritaria”, plantea Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile. La semana pasada presentaron un informe sobre violaciones a derechos humanos. “Este informe es un año de trabajo en que se analiza el período entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre del año pasado, para identificar ciertos patrones y establecer definitivamente que hubo violaciones generalizadas al derecho a la integridad personal en Chile. Además, también para establecer la existencia de la responsabilidad de mando, que las responsabilidades penales no están solamente en quienes cometen los actos materialmente, sino también en el mando en una institución que es extremadamente jerarquizada. Tenemos evidencia de que los altos mandos sabían lo que estaba pasando en el terreno y no tomaron ninguna medida para detenerlo o evitar que siguiera pasando”. Por eso, se pide la investigación de la cúpula de Carabineros y además, el informe “documenta más en detalle doce casos que son básicamente el ejemplo de algo que se repitió mucho, hay casos tanto de uso indebido de escopetas de perdigones, el uso indebido de otros medios de disuasión, como el carro lanzaguas o bombas lacrimógenas, y por el otro uso de la fuerza directamente golpizas, violencia sexual”. 

Una de las historias que recoge Amnistía es la de Fabiola Campillay, que quedó ciega, perdió el olfato y el gusto. “De hecho ella no estaba ni siquiera participando de la manifestación. Había habido una manifestación donde ella vivía, y estaba esperando el bus para ir a su trabajo. Carabineros disparó una bomba lacrimógena directo a su rostro, que le destrozó el rostro, perdió la visión de ambos ojos y también los sentidos del gusto y del olfato, perdió básicamente tres de sus cinco sentidos. Está en un proceso de recuperación bien difícil”, relata Piquer.

La importancia de obtener una nueva Constitución es imposible de magnificar. “El plebiscito es una oportunidad histórica. Chile y las manifestaciones que se produjeron en el marco de lo que se ha llamado el estallido social tiene mucho que ver con un reclamo por desigualdad ante el acceso a ciertos derechos, sobre todo económicos y sociales. La existencia de desigualdades profundas en temas de salud, educación, acceso a seguridad social, a pensiones. Que en definitiva, Chile tiene un sistema tan privatizado, muy fuertemente condicionado por tu capacidad económica. Y como todo aquello que impacta por capacidad económica, impacta más aún a las mujeres”, plantea Piquer y recuerda lo que se define el domingo: “Nuestra Constitución tiene esta lógica de resguardar con mucha fuerza la libertad económica y la propiedad privada, que no necesariamente es malvado, pero cuando se le da prioridad a eso sobre el rol del estado como garante de derechos humanos, genera desbalances. Y discutir una nueva Constitución de cero, permite poner esa discusión más profunda sobre la mesa, que tiene que ver con cuál es el rol del estado como garante de derechos”.

Es que la Constitución vigente en Chile “no sólo no resguarda los derechos sino que además es un bloqueo al acceso. Tiene una norma inserta sobre derecho a la vida, en el catálogo de derechos fundamentales, que establece que la ley protege al que está por nacer y esa norma se ha ocupado como argumento para decir que en Chile nunca puede haber aborto sin causales. De hecho, se tuvo que llegar al Tribunal Constitucional para defender la ley de aborto en tres causales”. Por eso, Piquer considera que “ahí hay una discusión que se va a abrir también, si nuestros derechos sexuales y reproductivos como mujeres, para todas las personas gestantes y de la diversidad sexual, se encuentran efectivamente resguardados en la Constitución”.

Débora Solís, de Aprofa, organización que lleva décadas de trabajo en resguardo de los derechos sexuales y reproductivos, considera que este domingo tiene una importancia crucial. “Tenemos la única oportunidad en la historia de terminar con una Constitución hecha en tiempos de dictadura, que fue hecha para amordazar a los movimientos sociales y cortar todas las alas a quienes intentaban avanzar en derechos. Entonces, en esa Constitución que hoy está vigente los derechos de las mujeres son absolutamente inexistentes, responde a un modelo económico neoliberal donde la función de la mujer se ve absolutamente replegada a roles tradicionales y muy conservadores. Por lo tanto, las mujeres tenemos una tremenda posibilidad”, subraya Solís, quien enfatiza el empuje de los feminismos para llegar hasta aquí. “Y eso no ha sido una tarea fácil porque Chile es un país tremendamente conservador. Es un país que en términos de derechos sexuales y reproductivos está muy al debe con la situación de las mujeres. No tenemos una ley de educación integral de la sexualidad, que ustedes llaman ESI, nosotros llamamos EI, nunca hemos tenido en la historia una ley. Y la semana pasada perdimos la ley en el congreso en el momento más cerca que hemos estado de lograrlo”. Los argumentos de los antiderechos son los mismos que en Argentina, y en toda la región. “Es imposible que la gente siga pensando que si tiene educación integral de la sexualidad su hijo se va a volver transgénero o que la educación integral de la sexualidad homosexualiza a niños y niñas. Bueno esos fueron los argumentos de los grupos conservadores para no dejarlo pasar y lo perdimos”, se ofusca Solís.

Sobre las estrategias regionales, en las que los sectores antiderechos están aceitados, Solís plantea un contrapunto con los feminismos, que también trazan alianzas. “Los antiderechos tienen estrategias muy potentes, y tienen mucho recurso económico, nosotras tenemos estrategias potentes y no tenemos recursos económicos, pero hemos ido organizándonos y estamos conectadas con ustedes, estamos muy conectadas con nuestras compañeras de la Argentina, con Colombia, con Bolivia, con México, hemos sido parte de las luchas de las mujeres en otros lugares, estamos muy en contacto con las mujeres de Nicaragua que están viviendo una represión feroz. Estamos aprendiendo, hemos dado un tremendo salto porque esa alianza nos ha hecho crecer, no sentirnos solas. Acompañarnos en nuestras luchas es fundamental. Nuestras luchas no tienen fronteras. La lucha de las mujeres es transversal a los límites fronterizos, hay países que van más adelante y otros más atrás, y tenemos que irnos dando la mano para poder tejer esperanza juntos”, define esa tarea conjunta.

La Mesa de Acción por el Aborto en Chile está integrada por organizaciones feministas, de derechos humanos y también por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Chile, que se formó “mirando mucho la experiencia de las compañeras argentinas”, dice Verónica Latorre, una de sus integrantes. “Para las mujeres, para el movimiento feminista, y en general para la sociedad, el hecho de tener una Constitución, por primera vez en muchos años de la historia chilena entre comillas republicana que sea democrática y que tenga la posibilidad de ser paritaria, obviamente es un triunfo en cuanto a poder asegurar la participación de mujeres y grupos minoritarios que siempre se han visto en segundo plano, sobre todo porque las Constituciones en Chile siempre fueron hechas por comités de expertos y sin mucha participación de la ciudadanía. Eso es el principal hito que se disputa este domingo”, señala Verónica, quien también considera que la integración paritaria de la Convención constitucional “sería un logro que nos permitiría asegurar más derechos fundamentales”. Esta semana, la participación en escaños reservados de pueblos indígenas sufrió una nueva encerrona en el Senado chileno. “El hecho de poder incluir estas demandas del feminismo más decolonial, de poder incluir la participación en escaños reservados de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes, también significaría un hito, aún cuando no tenemos claro cuál va a ser el mecanismo de participación porque han puesto bastante cortapisas dentro del sistema político que tenemos”, aclara Latorre.

La legalización del aborto –el horizonte que se plantea la Mesa de Acción—tiene como piso actual la ley de 2017, aprobada durante el gobierno de Michelle Bachelet, de aplicación restringida, que sólo acepta abortos legales por causales. Las tres causales son riesgo de vida, inviabilidad fetal y violación, con determinación hasta la semana 12 o 14. Los feminismos chillaron y reclamaron que era insuficiente. “Quienes trabajamos como profesionales de salud vemos que a tres años de la implementación de la ley todavía no hay un acceso a la información por parte de las mujeres", dice Latorre y subraya que sólo el 1,5 por ciento de las mujeres accedió a la ley, mientras esperaban que alcance al 3%. "También vemos que es mucha objeción de conciencia, dimos una pelea muy amplia sobre que había, incluso el Tribunal Constitucional promovió la objeción de conciencia institucional, cosa que era totalmente aberrante para nosotras, porque cómo una institución va a tener libertad de conciencia. Si bien eso lo pudimos disputar y lo pudimos sacar a partir del movimiento social, de la despenalización social del aborto, vemos que a muchas mujeres se les obstruye su derecho a decidir”, describe Latorre. Sólo 69 hospitales o centro donde se atiende el alto riesgo obstétrico hacen esta interrupción del embarazo por causales. “En las primeras dos causales que, entre comillas, son las que hay menor objeción de conciencia de los profesionales de salud, también vemos que hay demoras" y en relación a la causal de violación, consideran que accede a esa ley un porcentaje muy mínimo. "En comparación a la violencia sexual que se ha presentado en el país, las personas que acceden al aborto en tercera causal es un porcentaje muy mínimo, y tampoco están garantizado los derechos en todos los hospitales, porque hay una persecución a la gente que es pro derechos. Muchas personas no se identifican como garantes de derechos sexuales y reproductivos por miedo a represalias”, sigue con su descripción la profesional.

A la hora de plantear demandas para la futura Constitución, Latorre reclama que “todos los tratados internacionales tengan un rango constitucional, tratados de derechos humanos, la CEDAW, Belem do Pará. Tiene que tener un rango constitucional para que sea exigible al estado. Por otro lado, que los derechos fundamentales sean consagrados y colectivos, derechos a la salud, sociales, culturales, económicos y dentro del derecho a la salud, que estén los derechos sexuales y reproductivos. Esa es una lucha que tenemos que dar, también que el estado tenga garantías de ser laico y que reconozca la vida desde el nacimiento y no desde la concepción”.

Desde su histórica militancia, y la coordinación de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira deja bien en claro que “la necesidad de una nueva constitución es algo que el feminismo puso desde antes del fin de la dictadura. Desde los primeros años de los 90 en adelante, las feministas formaron parte de los debates con otros movimientos sociales en términos de cómo avanzar hacia una nueva Asamblea Constituyente. En estas décadas, porque esto se abre a partir de la revuelta de octubre, fue mucho empujar, hacer conciencia… Pero de parte de la institucionalidad pública tenías un cerramiento bastante evidente”. Sobre lo que implica la Constitución para el pueblo chileno, recuerda que “todos los movimientos sociales, incluido por supuesto el feminista, en estos años de demandas por nuestras reivindicaciones específicas, pero también por más democracia, nos hemos chocado con esta Carta Constitucional”.

Por eso, el 18 de octubre de 2019, al grito de “no son 30 pesos, son 30 años”, en relación al aumento del boleto de metro, la ciudadanía comenzó una revuelta que para Maira tiene una lectura. “La movilización popular se dio en torno a dos cosas fundamentales: no más abuso y dignidad. Esos dos conceptos atacan la médula del armado constitucional actual, que es un armado que establece un modelo, que es el neoliberal y funcionaliza la institucionalidad pública, incluso el juego democrático a una estructura que responde a los intereses de ese modelo, con una visión absolutamente conservadora de la sociedad. Por ejemplo, establecer que la familia heterosexual es la base de la sociedad”, destaca Maira, quien considera que esa Constitución habilita y construye “un mundo de abusos, cuando tienes comunidades enteras que no tienen posibilidad de acceder al agua, porque que es privativo de las empresas que han comprado el agua. Tienes un reino de abusos porque todo está en función de eso, de maximizar la ganancia”, enfatiza.

La dignidad es el nombre de la revuelta. “Aquí el chancho está mal repartido –Maira recurre a un dicho bien chileno para hablar de la concentración de la riqueza-. Hay que hacer un nuevo acuerdo, no se trata de eliminar la propiedad privada y pasar a todos los conservadores a la hoguera pero sí hacer un nuevo pacto social. Necesitamos una democracia distinta, sin caer en el romanticismo constitucional, porque sabemos que esto no termina. No es que vamos a hacer la norma y al día siguiente vamos a vivir en un país full color”. 

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