Juntos por el Cambio buscó trabar el debate

El oficialismo abrió en el Senado el debate por la reforma del ministerio público fiscal

Casal, en una exposición en Diputados durante la gestión Cambiemos.Casal, en una exposición en Diputados durante la gestión Cambiemos.Casal, en una exposición en Diputados durante la gestión Cambiemos.Casal, en una exposición en Diputados durante la gestión Cambiemos.Casal, en una exposición en Diputados durante la gestión Cambiemos.
Casal, en una exposición en Diputados durante la gestión Cambiemos. 

Entre chicanas y acusaciones cruzadas, la comisión de Justicia del Senado, que preside el oficialista Oscar Parrilli, decidió avanzar en el debate de dos proyectos del macrismo para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, y que sus autores Martín Lousteau y Lucila Crexell quisieron retirar horas antes de la convocatoria para evitar la discusión que proponían en sus iniciativas sobre el acotamiento del mandato del Procurador General. El oficialismo esgrimió argumentos reglamentarios para sostener la vigencia de los proyectos y tras más de dos horas de discusión dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes próximo e invitó a la oposición a proponer una lista de expositores sobre ambas iniciativas para ese día. Un debate que se da en medio de la parálisis del tratamiento del pliego que elevó el Gobierno para la designación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales y que la oposición rechaza.

Los senadores de Juntos por el Cambio buscaron justificar el retiro de las iniciativas al sostener que “no era el momento para dar el debate” ante la urgencia por la pandemia y deslizaron sospechas sobre que el oficialismo buscaba modificar la exigencia de los dos tercios para la aprobación del próximo Procurador General, tras su decisión de “ir por la destitución” del procurador interino Eduardo Casal.

Desde el Frente de Todos recordaron que ninguno de los dos proyectos opositores propone modificaciones a la necesidad de contar con dos tercios del Senado para la designación del Procurador. Y que el único proyecto en ese sentido fue el del ex senador macrista Federico Pinedo (que ya perdió estado parlamentario), donde proponía solo la “mayoría absoluta” (la mitad más uno de los integrantes del cuerpo) para la designación del procurador, luego que Mauricio Macri no lograra los dos tercios para la designar en ese cargo a la jueza Inés Weinberg de Roca. También salió al cruce de la queja opositora por los pedidos de juicio político que el FdT impulsa contra Casal: “Es el procedimiento institucional para saldar cuestionamientos sobre al accionar del procurador” y “no es una persecución como hizo el ex presidente Macri contra la ex procuradora (Alejandra) Gils Carbó, para obligarla a renunciar”, sostuvo Parrilli.

La discusión arrancó sobre aspecto reglamentario pero enseguida derivó en cuestionamientos políticos. “Nosotros retiramos el proyecto porque esto no es un juego de inocentes. Se da al mismo tiempo que hay una embestida contra el procurador interino Eduardo Casal”, afirmó el jefe de la bancada de JpC, Luis Naidenoff. “El Poder Ejecutivo conformó una comisión consultiva para tratar este tema. Correspondería aguardar para ver qué dice esa comisión. Pero a ustedes no les interesa eso. Y, entonces, transforman al gobierno en un tembladeral”, sumó el macrista cordobés Ernesto Martínez. La radical tucumana Silvia Elías de Pérez, recordó que Rafecas dijo que bajaría su candidatura si se reduce la exigencia de los dos tercios del Senado, y que el oficialismo busca igual reducirlo para “proponer en su reemplazo a (Graciana) Peñafort o Parrilli”.

Parrilli agradeció irónicamente que lo hayan postulado pero le recomendó que “no crean todo los que dicen los diarios”. La santafecina María de los Ángeles Sacnun (FdT) le pidió a la oposición que “lea sus propios proyectos”, ya que “en ninguno se habla de cambiar las mayorías”. Lo mismo planteó el chubutense Mario Pais, que buscó poner paños fríos y pidió “respeto” en una discusión que subía de tono: “La oposición infiere que queremos modificar los dos tercios y eso no existe". "El acceso a la administración de justicia es una demanda de la sociedad" y no debe estar condicionado "a otras urgencias" porque "hay sectores políticos que no quieren que cambie nada", sumó la mendocina Anabel Fernández Sagasti.  

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