El 14 de agosto y luego de cinco años de dilaciones, Enrique del Carmen Aybar (60), intendente de la localidad catamarqueña de Puerta de Corral Quemado, fue condenado a la pena de 6 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por la guarda. El juez de la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, Rolando Palacios, le permitió la libertad y estableció que la pena se cumpliera una vez que la sentencia quedara firme, generando, de esta forma, una disputa política y debate en los demás poderes del Estado.

Las leyes provinciales no permiten apartar de su cargo al condenado, ni inhabilitarlo bajo ninguna causal, y que continúe en funciones es para los legisladores, “un error que debe subsanarse de manera urgente”.

Aybar fue condenado por violentar a una adolescente de 15 años en abril de 2013, a quien le prometió una beca de estudio para poder lograr su cometido. Desde que fue encontrado culpable, pero dejado en libertad por la justicia, los representantes del Poder Legislativo catamarqueño comenzaron a interpelarse sobre el vacío legal que quedó expuesto y que dejaba en una situación claramente desigual a la víctima. La contienda se comenzó a desarrollar sobre las posibilidades de intervenir al municipio de Puerta de Corral Quemado sin avasallar derechos constitucionales ni violentar el sistema democrático.

Sin embargo, el proceso se polarizó cuando reconocieron que la Ley 4640 que regula las municipalidades no preveía en ninguno de sus artículos una suspensión o inhabilitación de funcionarios comunales por cuestiones éticas o morales, como sí sucede con con los miembros de los tres poderes del Estado a nivel provincial.

En este contexto, los senadores en su afán de dar respuestas a las víctimas y a los pobladores de Puerta de Corral Quemado, avanzaron ayer sobre la proposición de un pedido de intervención, basado en un supuesto desmanejo económico del municipio. Por su parte, los diputados a favor de la intervención, no encontraron quorum entre sus pares y se abocaron el miércoles pasado, durante la última sesión ordinaria, a la modificación de la Ley Orgánica Municipal, buscando evitar situaciones similares a futuro.

Como autor del proyecto de intervención del municipio, el senador por el departamento Belén, Jorge Solá Jais, habló con el intendente suplente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, quien le dijo que no puede hacer mucho al frente de la comuna porque en cualquier momento puede reasumir Aybar, quien se tomó 90 días de licencia días después de la condena. El senador afirmó que en este contexto el proyecto de intervención que está en el Senado puede ser una solución “si la Justicia no hace nada".

En el mismo sentido, el senador por Capital y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Maximiliano Brumec, aseguró que la Comisión le dará despacho al proyecto para que sea tratado por el cuerpo. “Pedimos que renuncie al municipio y que la Justicia lo meta preso”, dijo.

Diputados

En Diputados, el debate se extendió durante más de tres horas. Más allá de las diferencias internas dentro de cada bloque sobre la posible solución a la problemática, por mayoría se aprobaron cambios a la ley de Municipios.

Puntualmente, incluyeron dos figuras que no estaban previstas en la normativa; la de suspensión “cuando el titular del Ejecutivo Municipal o un miembro del Concejo Deliberante (CD) fuera condenado por delito doloso hasta tanto se resuelva en sentencia definitiva y, la figura de destitución “En caso de que la Justicia determine como firme la sentencia condenatoria”.

Simultáneamente y pese a que el Código Civil lo consigna de otra forma, se dejó establecido que es de orden público y con vigencia retroactiva al primero de enero del 2020.

Violencia estructural

En 2019 Aybar usó el sello de Juntos por el Cambio para presentarse como candidato cuando ya tenía las denuncias presentadas por abuso sexual. Sin embargo, tras la condena desde ese sector aclararon que no es un afiliado del radicalismo, sino un dirigente independiente. Durante la contienda electoral que postulaba la reelección de Aybar como intendente, mujeres de extracción radical del grupo Ola Verde realizaron un llamado de atención a la dirigencia política y pidieron que se garantice que "chacales acusados por abuso sexual, con causas judiciales en curso no puedan acceder a representaciones institucionales”; no fueron escuchadas.

Por su parte, las organizaciones feministas de la provincia habían solicitado antes de la sentencia condenatoria una reparación estructural para la comunidad de Puerta de Corral Quemado.

En aquel momento habían enfatizado en “la exposición manifiesta de condiciones de asimetría estructural de poder que envuelven a las víctimas y sumen a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado” por parte del intendente Aybar. Asimismo, habían expuesto que “la Justicia no puede hacer caso omiso, ya que ello involucra la configuración de un escenario de indefensión, de vulneración y de precarización de las garantías y de los derechos más fundamentales de quienes han sido víctimas de abuso, y de quienes tuvieron la valentía de denunciar esos crímenes. En este marco, la dilación de la Justicia se hace cómplice de esa pedagogía del terror del orden patriarcal, pero también supone una vulneración del Estado de derecho en sí, bajo cuyo orden, mínimamente, esperamos convivir”.

Los argumentos de las organizaciones fueron reafirmados y reproducidos por los legisladores en diferentes momentos del debate que se dio esta semana en las dos cámaras. Sobre todo al señalar que el hoy condenado, y quien aún tiene dos denuncias similares en proceso, alimentó la violencia por el ejercicio de espacios de poder. En este sentido varios legisladores subrayaron que el intendente “utilizó todos los recursos estatales para mantener y ocultar los delitos de naturaleza sexual cometidos contra los cuerpos de las mujeres y las infancias de la jurisdicción de Puerta de Corral Quemado. Aprovechándose además del miedo que genera al ser quien dispone del destino laboral y económico de sus habitantes”.

La sentencia fue apelada por Aybar luego de que los argumentos fueron publicados. La esperanza de las sobrevivientes descansa en este momento en la celeridad que quieran darle a la resolución los miembros de la Corte de Justicia de Catamarca, que podría subsanar el fallo de primera instancia, disponiendo la prisión efectiva del funcionario comunal.