La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción a la autorización para que el Poder Ejecutivo suscriba un Convenio con el Estado nacional de Asistencia Financiera en el marco del “Programa para la Emergencia Financiera Provincial”, que le significará acceder a un crédito de 1.500 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

En realidad se trata de una ampliación de la asistencia nacional que obtuvo en julio por $ 2.100 millones, y al igual que en esa ocasión el objetivo de los fondos es compensar la caída de la coparticipación y de esta manera poder hacer frente a las obligaciones financieras del Ejecutivo.

Las condiciones del crédito son, por lo tanto, idénticas a aquella vez, con un período de gracia hasta fin de año, devolución en 36 cuotas y un interés del 0,10%. Los pagos se descontarán automáticamente de lo que gira Nación en concepto de coparticipación.

Los legisladores del oficialismo destacaron las ventajosas condiciones de este préstamo, calificadas como “blandas”. El saencista Javier Diez Villa remarcó que este tipo de créditos se originan en la crisis económica que se desprendió a partir de la pandemia del coronavirus, con la consecuente parálisis de la economía que le valieron a la provincia una merma de los ingresos corrientes por 10 mil millones de pesos.

También justificó que se deba recurrir a esta herramienta ante la proximidad de los pagos salariales de fin de año: "Entre diciembre y enero deberán abonar la provincia y los municipios dos sueldos y un aguinaldo, si se toma en cuenta que solamente la provincia paga 5 mil millones mensuales, da una idea de adonde se destinará esa plata”.

Al respecto del control que se hará del préstamo, el presidente de la comisión de Hacienda remarcó que el propio convenio, en uno de sus artículos, deja fijado que Salta deberá informar sobre la evolución de su economía y se compromete además a no emitir ningún tipo de bono que funcione como cuasi moneda.

La también oficialista Socorro Villamayor señaló que la economía en Salta está muy mal por la pandemia, pero también por las condiciones recibidas de la gestión anterior. Y una vez más puso su queja por la deuda en dólares que se generó por el Fondo de Reparación Histórica del Norte y el Plan Bicentenario.

“Esas millonarias deudas en dólares hoy tienen en jaque a la provincia”, dijo Villamayor, que en otro tramo la calificó como “deuda de miércoles que dejaron”.

Ante ese argumento, diputados de la oposición, como Carlos Zapata, hicieron notar que el actual gobernador Gustavo Sáenz, votó el FRH cuando era senador, y que siendo intendente se benefició con el 20 por ciento que le correspondía del crédito del Bicentenario.

Pero además el legislador olmedista expresó su preocupación porque “se está gastando plata del futuro para financiar la actividad actual y no existe ninguna medida complementaria para contener el gasto y de esta manera garantizar que más adelante se pueda pagar ese crédito sin desfinanciar al Estado”.

Por eso propuso que se congele el monto que destina el gobierno para publicidad, que según los dichos de Zapata es superior a los 300 millones, lo cual finalmente no fue incluido en el texto aprobado. En lo que respecta al control pidió que se habilite a la comisión de control creada para supervisar la restructuración de la deuda y el primero de los créditos, a que también se ocupe del próximo endeudamiento.

Tampoco fue aceptada esta variante, a pesar de que un sector del oficialismo, encabezado por la diputada Silvia Varg, solicitó lo mismo. Por el contrario expresaron los legisladores saencistas que la tarea del control es inherente a la función del diputado y que se deberá hacer el seguimiento sin necesidad de una comisión.

Otro de los reclamos recurrente de la oposición fue la ausencia de funcionarios del Ejecutivo, en especial el titular Economía, Roberto Dib Ashur, para explicar los detalles del nuevo crédito, y de paso conocer como se distribuyeron esos 2.100 millones del préstamo anterior.

El justicialista Santiago Godoy destacó que a diferencia de lo que ocurre en el Congreso Nacional, la oposición legislativa salteña levantó la mano para aprobar los otros dos créditos anteriormente solicitados, y habilitaron al ministro Dib Ashur para que encare la restructuración de la deuda, lo que calificó como un gesto de confianza en medio de la pandemia y que por eso no veía el inconveniente en la puesta en funciones de la comisión.

Pero finalmente el diputado Diez Villa solo accedió a incluir que el gobierno provincial, 60 días después de recibir los fondos, debe enviar un informe sobre el uso que les dio. 

Al momento de la aprobación hubo confusión entre los legisladores pero tras un repaso de los votos el resultado arrojó que 16 diputados expresaron su oposición al dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda que no incluía el congelamiento de los gastos de publicidad y la comisión de control. En tanto luego en general seis diputados votaron en contra del endeudamiento.

El proyecto pasó al Senado, en donde probablemente se lo trate en la sesión de mañana. Si se aprueba será el tercer crédito que la Legislatura da el visto bueno en lo que va del año. El primero fue en julio por 2.100 millones de pesos con el Fondo Fiduciario nacional, el segundo en septiembre por 20 millones de dólares para la ampliación del hospital San Bernardo a través de Fonplata y ahora estos 1.500 millones de pesos que amplían a 3.600 millones la deuda con Nación.