Sin los sobresaltos del mes pasado, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, volvió a reunir a la llamada comisión interpoderes, que se ocupa del avance de los juicios de lesa humanidad en el país. No hubo definiciones, pero sí una promesa del supremo de activar mensualmente la mesa. En el encuentro --que se hizo por Zoom-- no participaron ni los organismos de derechos humanos, ni las autoridades del Ministerio de Justicia, que ya habían declinado la primera invitación al sostener que era una convocatoria oportunista.

Rosenkrantz se conectó unos minutos más tarde de lo pautado. Lo esperaban, entre otros, la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, el procurador general interino, Eduardo Casal, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos. Ningún otro supremo lo acompañó, como ocurrió el mes pasado. El presidente de la Corte ofició de moderador y mayormente los temas giraron sobre los peritajes que debe hacer el Cuerpo Médico Forense (CMF) --que depende de la Corte y que logra un consenso entre querellas y fiscalías sobre su mal funcionamiento-- y cómo se controla que los represores que están en detención domiciliaria efectivamente cumplan con sus penas.

Según los datos que aportó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al 11 de noviembre eran 657 los represores que gozan del arresto domiciliario y 171 los que están alojados en distintas dependencias del Servicio Penitenciario. Hasta el momento no está claro cuántos de ellos tienen efectivamente dispositivos electrónicos para monitorear que no violen la domiciliaria. Rosenkrantz, en su rol de mediador, sugirió que era una buena idea discutir el tema con el Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo ese programa.

El único aporte del presidente de la Corte fue proponer que analizaran los obstáculos que enfrentan los juicios en base a cuatro ejes: los operativos, los jurisdiccionales, los presupuestarios y los de recursos humanos. Como los contratos los administra la Corte, tuvo que tragar saliva cuando le recordaron que la causa por las torturas en Malvinas avanza a paso lento porque hay sólo tres empleados en el juzgado de Río Grande para relevar cientos de documentos o que en Córdoba hay una dotación de personal similar para hacerle frente una megacausa por casi mil víctimas y casi 200 imputados. Con tono pausado, Rosenkrantz dijo que la Corte iba a darle prioridad a los reclamos de lesa.

Hasta ahora el máximo tribunal no tomó ninguna medida de las que solicitaron organismos de derechos humanos, como la creación de una secretaría dedicada únicamente a atender las causas de lesa humanidad. Sin embargo, pese a todo, los juicios no se frenaron ni aún en pandemia. Ledesma recordó que hay actualmente 17 procesos en desarrollo en todo el país y que durante el último mes arrancaron tres nuevos juicios y que se prevé que otros cuatro comiencen antes de fin de año.

Después de encomendar a los asistentes que resolvieran entre ellos los conflictos --por ejemplo con el CMF o con el área a cargo de las pulseras--, el presidente de la Corte dejó abierta la convocatoria para cada segundo jueves de cada mes para que la interpoderes siga funcionando. La comisión durmió el sueño de los justos durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri y quedó definitivamente frenada después del fallo del 2x1 que el propio Rosenkrantz motorizó.