Después de diez meses de dilaciones que le costaron el cargo a la (ex) ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, finalmente el Gobierno habilitó el uso del fideicomiso para urbanizar los barrios populares. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, firmó este jueves un acuerdo con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para administrar el Fondo de Financiación Socio Urbana (FISU). El fondo estaba creado, con parte del impuesto PAIS a la compra de dólares, pero faltó la decisión de usarlo. En lo que va del año acumuló 11 mil millones de pesos. Es una recaudación que corresponde que sea destinada a obras de mejoramiento en las villas y asentamientos.

El ministerio informó que prevé, por otra parte, crear lotes con servicios sobre tierras fiscales asignadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esta no será, adelantaron allí, una línea de trabajo de escala tan masiva, pero sí que permita generar lugares en buenas condiciones para reubicar familias cuando se necesite descomprimir situaciones de hacinamiento. 

La urbanización de los barrios --que les llegue agua potable, tengan cloacas, asfalto o mejores entradas, iluminación, que se erradiquen sus basurales-- es un compromiso que el Estado asumió en 2018, mediante la sanción de una ley.

El proyecto fue impulsado por los movimientos populares, que lo plantearon no sólo como un camino para mejorar condiciones de vida sino también como un modelo de creación de trabajo. La ley que lograron aprobar, con un altísimo grado de consenso, dispuso que el 25 por ciento de las obras fueran realizadas por cooperativas integradas por vecinos.

La decisión de no demorar más esta política se da en momentos en que la baja de los contagios de covid permite pensar en encarar las obras. La tensiones por los reclamos de tierra y vivienda, las ocupaciones, el desalojo de la toma de Guernica y los operativos que le siguieron son, además, un recordatorio diario sobre la gravedad del déficit habitacional. 

Arroyo aseguró, tras la firma, que la integración de los barrios populares será uno de los ejes de su cartera en 2021. "Empezamos un proceso de urbanización que va a ser la política más relevante de los proximos años. Tenemos el objetivo de ir urbanizando de a 400 barrios por año".

El ministro asegura que en la postpandemia las políticas sociales estarán centradas en programas que impliquen generación de trabajo. “Cuando hablamos de urbanización estamos pensando en obras para el espacio público y en el interior de las viviendas. Hacer pisos de material, construir cocinas y baños, que implican una mejora en las condiciones de vida de las familias, o hacer una pieza más. Son trabajos de construcción que  demandan  mano de obra intensiva”.

Firmó el acuerdo, en representación del banco estatal, el titular del BICE Fideicomisos, Jorge Tanús. 

Fernanda Miño es la funcionaria a cargo de la urbanización de los barrios populares. Como secretaria de Integración Sociourbana, en los primeros nueve meses del año dependió de María Eugenia Bielsa, en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat; a fines de septiembre, ante las críticas por la inacción de Bielsa, el Gobierno traspasó su secretaría al Ministerio de Desarrollo Social.

Consultada por Página/12, Miño explicó que hay 180 proyectos de obras en condiciones de comenzar a realizarse, con su correspondiente trámite y aprobación. Se trata de obras tempranas, es decir de baja complejidad, que no necesitan de maquinarias. Al no poder usar el fideicomiso, hasta ahora sólo se habían puesto en marcha 46 obras en veinte barrios, con fondos de la secretaría. "El fideicomiso es una herramienta fundamental para hacer de la integración de nuestros barrios una política que se sostenga en el tiempo. Es la única manera de saldar una deuda histórica con los millones de personas que aún vivimos sin acceso a servicios básicos y también la posibilidad de dar respuesta a la demanda habitacional de las nuevas generaciones, impulsando el loteo social”, consideró.

Además de un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a la compra de dólares, el fondo podrá recibir recursos del Tesoro Nacional, de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales y donaciones, entre otros aportes.