El desarrollo inmobiliario de IRSA y Portland para construir más de 1000 viviendas y un shopping a cielo abierto en el barrio de Caballito sufrió un nuevo revés judicial. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno porteño contra la medida cautelar que paralizó la megaobra ubicada en Avellaneda 1300/1400/1500, a la que se le cuestiona que no se adecua a las normas urbanísticas vigentes. El tribunal, que había ratificado en octubre la medida ordenada por el juez de primera instancia Darío Reynoso, rechazó que la causa avance al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque "el GCBA no logra explicar cuáles son los perjuicios actuales o futuros de carácter irreparable que considera que podría causar la medida impugnada”. La abogada patrocinante del amparo, Nadia Mileva Solodkow, dijo que "esto fue un último manotazo de ahogado para llegar al TSJ y que dé vuelta la medida".

El planteo del Gobierno porteño, a través de la Procuración, tenía por finalidad llegar al TSJ para que este resuelva sobre la medida cautelar que paralizó las obras hasta que se dicte una sentencia firme o se modifiquen las cuestiones que llevaron a la judicialización de la obra. Antes de esta instancia, el Gobierno, el grupo IRSA y Fideicomiso “Caballito Chico habían apelado la decisión de Reynoso, y la Sala II de Apelaciones, integrada por los jueces Esteban Centanaro, Mariana Díaz y Enrique Juan Lima, había rechazado los recursos y ratificado la cautelar dictada por el juez de primera instancia.

Tras esa decisión, ni IRSA ni Portland apelaron la medida. El Gobierno, en cambio, presentó un recurso de inconstitucionalidad para llegar el Tribunal Superior. Sin embargo, los jueces le recordaron que el recurso de inconstitucionalidad "se interpone contra las sentencias definitivas del tribunal superior de la causa", según establece el artículo 26 de la ley de Procedimientos Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Además, argumentaron que que la Ciudad tampoco logró demostrar que la medida "ocasione un perjuicio irreparable que permita equipararlo a una decisión definitiva".

El escrito señala que "a la luz de las pautas reseñadas, de los fundamentos expuestos por el recurrente, no surge acreditado que la sentencia de esta sala le produzca agravios que por su magnitud e irreparabilidad resulten asimilables a una sentencia definitiva. Ello en tanto, pese a sus esfuerzos argumentativos, el GCBA no logra explicar cuáles son los perjuicios actuales o futuros de carácter irreparable que considera que podría causar la medida impugnada”. Finalmente, los magistrados sostuvieron que "no puede tenerse por configurada la gravedad inconstitucional invocada".

Solodkow dijo a este diario que "en definitiva, el Tribunal le está diciendo al Gobierno que su recurso no es procedente porque se trata de una cautelar, que no es susceptible de un recurso de inconstitucionalidad porque no es una sentencia definitiva. Y lo que queda a la vista es el Gobierno de la Ciudad intentando hacer maniobras procesales improcedentes para llegar al TSJ y ver si le dan la razón. Ni IRSA ni Portland apelaron, quedó el gobierno solo intentando dar vuelta un fallo".

En julio pasado, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 24, Darío Reynoso, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Consejo Comunal 6, integrantes de la Junta Comunal y la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito, y ordenó suspender la obra. Los cuestionamientos apuntan principalmente contra los Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) otorgados de forma independiente para cada parcela en que se fraccionó el predio, cuando hay indicios (según sostuvo el juez de primera instancia Reynoso, lo avaló la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones a cargo de Nidia Cicero y lo ratificó la Cámara de Apelaciones) de que se trata de un proyecto global y que hay un Master Plan por el cual se van a construir miles de metros cuadrados más que los permitidos en esa área.

Martin Iommi, integrante del Consejo Consultivo Comunal 6, dijo que "quisieron aprobar esta obra siete veces en la Legislatura y nunca pudieron. Esto es porque se trata de un proyecto que destruye el comercio barrial y la red de servicios públicos. Esta obra por su envergadura necesita una norma especial de la Legislatura, a la que buscaron evitar dividiendo el predio en cuatro y obteniendo certificados ambientales para cada parcela. Por otra parte, tampoco tienen la certificación de la factibilidad de los servicios públicos".

En este sentido, Solodkow dijo que "se está produciendo prueba nueva en la causa. El juzgado pidió que las pericias ambientales y arquitectónicas las haga la Facultad de Arquitectura, que va a ser lo más transparente porque no son peritos sorteado sino la Facultad con todo el respaldo técnico que tiene. Y se están librando muchos pedidos de informe. Entre ellos, a Geodata, que es la empresa que hizo en su momento un informe de suelo donde dice que está contaminado, a las empresas Metrogas, Edesur y Aysa por la factibilidad de los servicios".

Según explicó Iommi, en este proceso, "una de las cosas graves que empezó a surgir es que los residuos peligrosos que había en el lugar no fueron tratados de ninguna manera. Y eso es grave, no solo por la cuestión ambiental sino porque tiene consecuencias penales".

La abogada remarcó que "estamos muy bien a nivel procesal, en los argumentos y fundamentos. Pero además creo que el Poder Judicial de la Ciudad empieza a darle más importancia a cuestión ambiental, cuando antes esto siempre era tratado como una obra privada a la que los vecinos no le tiene que importar. Empieza a haber más conciencia de que estos temas son importantes para la Ciudad, y en ese sentido tengo mucha fe en la Cámara y el juez que nos tocó", aunque advirtió: "Después veremos qué pasa cuando esto llegue al TSJ", para lo cual cabe aclarar, pueden faltar un par de años.