El Gobierno quiere un Congreso que funcione al ritmo de su propia campaña electoral. La alianza oficialista Cambiemos frenó la actividad parlamentaria, donde el Senado apenas sesionó una vez y los diputados sólo se sentaron en el recinto para escuchar el informe de gestión del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que dio rienda suelta a la estrategia electoral macrista de confrontar con el kirchnerismo, ignorar el presente y prometer un futuro venturoso. La Cámara baja recién volverá a reunirse tras los feriados de Semana Santa para tratar el proyecto oficial que crea el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), con el que buscan confrontar con los docentes, al tiempo que el Gobierno se niega a convocar a la paritaria nacional con los maestros. La Cámara alta, en tanto, volverá a reunirse a fin de mes para escuchar otro informe de Peña. Mientras el presidente Mauricio Macri reclama que el Congreso se reúna para expedirse contra el Gobierno de Venezuela y azuzar el fantasma del chavismo. 

Los años electorales siempre menguaron la actividad parlamentaria, pero este año el macrismo quiere imprimirle su propia lógica electoral: frenar cualquier debate que ponga en aprietos al oficialismo e impulsar las iniciativas propias que respondan a su estrategia proselitista.

La arenga del jefe de Gabinete ante los diputados PRO en un asado el último martes por la noche apuntó a reforzar esa estrategia. Peña les pidió a los legisladores macristas que salgan a hacer campaña en sus distritos, los instruyó en el plan de confrontación con el kirchnerismo que ayudó a diseñar y a poner en marcha como estrategia electoral y exaltó sus beneficios para el Gobierno. 

Para Peña, el ejemplo a imitar es la gobernadora María Eugenia Vidal, que lejos de priorizar soluciones al conflicto docente en la provincia, el miércoles dio cátedra a unos 500 funcionarios bonaerenses de cómo asumir el “timbreo” de hoy que fue el lanzamiento de la campaña proselitista del PRO en el conurbano.         

En el encuentro de Peña con los diputados nacionales que conduce Nicolás Massot, poco se habló la actividad legislativa, aunque las apuestas del Gobierno para el Congreso van de la mano de su estrategia electoral. 

Durante la semana, el presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó; el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri; y la secretaria parlamentaria del PRO, Silvia Lospennato; trazaron la línea fina de la estrategia para buscar llevar al recinto el proyecto oficialista de la creación del IECEE, para trasladar la confrontación con los docentes al terreno de la “calidad educativa” y lejos de la disputa salarial. El objetivo del Gobierno es que la Cámara baja lo trate el 19 de abril en lo que sería su primera sesión del año.

En paralelo, volverá a insistir en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el macrista Pablo Tonelli con la reforma a la ley de fueros parlamentarios. Una iniciativa con que el oficialismo apunta a complicar la situación judicial del diputado y ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido. 

En esa misma comisión estará en debate el proyecto de ley de los radicales Negri y Karina Banfi que apunta a ampliar el “conflicto de intereses” a los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Judicial) por fuera de la ley de Ética Pública. La idea es tomar la iniciativa y avalar los decretos presidenciales con los que Macri intenta despegar de las escandalosas decisiones con las que benefició a las empresas de su holding familiar, como en el Correo Argentino SA y Avianca.

Pero allí, la estrategia oficialista sufrió su primer tropiezo cuando el grueso de la oposición -que rechaza el proyecto de la UCR– le reclamó al oficialismo unificar los despachos de todos los proyectos para modificar la ley de Ética Pública. Tonelli intenta congelar el tema. 

En tanto, desde la oficina que montó en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, Elisa Carrió prepara para llevar después de Semana Santa a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside, la propuesta presidencial para que el Congreso condene al gobierno de Venezuela y pida su expulsión de la OEA. Es otro de los ejes de campaña con que el macrismo aspira a confrontar públicamente con el kirchnerismo.        

El 29 de marzo, el Senado –en la única sesión del año– convirtió en ley el proyecto oficialista de Emprendedores y la utilización del Cannabis medicinal, aunque con la limitación macrista de no autorizar el autocultivo. Los senadores volverán al recinto recién el 26 de abril para escuchar un nuevo informe del jefe de Gabinete ante el Congreso.

En tanto, Cambiemos avanza con su propia estrategia en la Cámara alta. El martes logró encolumnar al jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, y parte de su bancada, y al GEN de la aliada massista Margarita Stolbizer detrás del proyecto del Gobierno que incorpora al Código Penal el juicio en ausencia, con el que se propone imponer la historia oficial sobre la voladura de la AMIA juzgando a los acusados iraníes.

El propio responsable de la Unidad Especial AMIA, el ex senador radical Mario Cimadevilla, blanqueó la estrategia del Gobierno en una entrevista radial: “En el debate veremos quiénes quieren que haya condena a los culpables y quiénes quieren impunidad”, dijo Cimadevilla como respuesta a aquellos que cuestionaron la iniciativa. 

Entre los críticos al proyecto están las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía, que advierten que se trata de un intento de ocultar el llamado juicio por encubrimiento, que tiene al ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los fiscales del caso, el ex jefe policial Jorge “El Fino” Palacios y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja sentados en el banquillo de los acusados por haber colaborado en ocultar la pista Siria y desviar la investigación hacia los iraníes. 

Este será el eje principal del debate de los senadores a partir de mayo.

La estrategia macrista de paralizar el Congreso y atarlo a sus necesidades electorales ya está en funcionamiento. Habrá que ver si la “oposición amigable” está dispuesta a acompañarla en el albor de la campaña electoral o si el grueso del arco opositor logra imponer una agenda propia con los temas económicos y sociales que el Gobierno se niega en abordar.