El auditor general de la Provincia, Mariano San Millán, denunció ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal por supuestas irregularidades detectadas en una auditoría realizada en 2018 sobre las cuentas de 2017 en Rosario de la Frontera. 

San Millán, en su carácter de auditor general del Área II, indicó que detectaron facturas duplicadas, contratación irregular de empresas e incumplimiento de normas por parte de la gestión de Gustavo Solís. El mismo funcionario se mostró sorprendido por el “revuelo” que tomó el caso, ya que, según él, la Auditoría está presentando al menos una denuncia a la Justicia por semana.

Solís en tanto aseguró tener manera de justificar cada acusación y apunta al auditor como "la herramienta" que usan para disciplinarlo por ser opositor. Además adelantó que evalua iniciarle acciones legales a San Millán por incumplimiento de su tarea de funcionario público.

En tanto en la sesión del Senado de ayer, también apuntaron contra el auditor.

Sobre el informe, San Millán indicó que comenzó a realizarse en junio de 2018 con respecto a las cuentas de 2017 de la ciudad termal, y agregó que están facultados e incluso obligados a denunciar en caso de que exista “alguna posibilidad de delito”.

Detalló que encontraron “cuatro casos específicos” que denotan irregularidades. El primer hecho fue un contrato firmado el 28 de diciembre de 2016 con Mirta Verónica Corimayo, “por la provisión de hormigón H21 para realizar pavimento”, pero, según el auditor, esa empresa tenía un juicio ejecutivo por parte de la firma Hierronor, “algo que el municipio ya conocía a través de una notificación judicial del 6 de diciembre del mismo año”, por lo que no podrían haberle encargado esos trabajos “porque Corimayo ya tenía un embargo en su contra”.

El auditor agregó que el contrato que le otorgaron a esa empresa hormigonera fue sin llamado a licitación y que le pagaron $940.000 en concepto de adelanto por los trabajos, mientras que el mismo día le abonaron otros $201.000 “como primer certificado”.

La Auditoría descubrió también que tanto la factura por los $201.000 como otra posterior por$171.900 contaban con la misma numeración, por lo que sospechan que hubo recibos duplicados.

Asimismo, San Millán detalló que por normativa del Banco Central y la AFIP, los cheques de más de $50.000 deben ser depositados en una entidad bancaria, pero  en este caso “les pagaron en la primera operación dos cheques de $100.000 y todos los restantes con valores de $50.000 o menos”, dando a entender que desde el municipio comandado por Solís, lo hicieron para evitar bancarizar el dinero, “porque uno pierde la trazabilidad de quien cobra”. Aunque aclaró que recién a fines de 2018 intentaron reparar lo sucedido y recuperaron las facturas originales por los más de $300.000.

Con respecto a la titular de la empresa hormigonera de Rosario de la Frontera, añadió que la AFIP la tiene “catalogada como una persona que realiza facturas apócrifas” y que no tenía registrados trabajadores a su cargo.

Por último, según el funcionario, descubrieron que la intendencia había realizado diez contratos con la Fundación Sagrado Corazón, “que tampoco tenía empleados ni estaba inscripta”, por $3.790.000, y que emitieron otros cheques a su favor por $829.962. Para la AGP, se trataría de una empresa fantasma y “ameritaba presentar denuncia en la Unidad de Delitos Económicos”, a cargo del fiscal Leandro Flores.

Persecución política

El intendente Gustavo Solís se mostró sorprendido por la forma de actuar “poco formal” de Mariano San Millán y denunció una persecución política en su contra, “por hacer las cosas bien, no deberle nada a nadie y tener las cuentas al día”.

Recordó que la auditoría comenzó en junio de 2018 sobre los balances de 2017. "Fue bastante intensa desde un primer momento, lo cual nos llamó la atención”, subrayó, y señaló que hasta perforaron “cada uno de los pavimentos que habíamos hecho y se tomaron muestras” para determinar si efectivamente se habían realizado las obras informadas.

Agregó que en ese momento los auditores no detectaron ninguna irregularidad material. “Y quiero aclarar que pavimentamos más de 100 cuadras e hicimos 17.000 metros de cordón cuneta”, destacó el jefe comunal a la vez que indicó que su gestión contrata la fabricación de hormigón pero la mano de obra es de trabajadores del municipio.

Con respecto a los puntos que marcó el auditor, afirmó que se contrató una empresa de Rosario de la Frontera, pero aclaró que estaba radicada mucho antes de que él llegara y dijo que el municipio ya venía trabajando com esta firma desde la gestión de Rómula Gómez.

Para Solís, “San Millán debería estudiar la Ley de Contrataciones del Estado, en donde las licitaciones se dan cuando se alcanzan ciertos montos”, y resaltó que de las facturas sospechadas sola una supera los $900.000, “pero en ese momento la Ley de Contrataciones del Estado establecía que el parámetro para la contratación directa son 7.500 jornales de los trabajadores de la construcción, lo cual equivale a $3.500.000”, explicó.

Con respecto al embargo que pesaba sobre la firma Nico Áridos, negó haber conocido dicho impedimento para contratarla, ya que se venían manejando con el mismo prestador desde la gestión anterior, “es una suerte contar con una empresa que pueda prestar esos servicios utilizando mano de obra local”, dijo, y sostuvo que esa “es una cuestión comercial, la otra es una contractual con respecto al Estado, lo cual no genera ningún impedimento para poder hacerlo”.

Pero por sobre todo acusó a San Millán de incurrir en una persecución permanente y de haber sostenido “2 años y medio de esta auditoría abierta”. Solís contó que en reiteradas oportunidades le solicitaron a la Auditoría que se expidiera y “hasta se tuvo que mandar la misma documentación porque se les extraviaba”.

Para el intendente de Rosario de la Frontera, San Millán es el instrumento que utilizan para callarlo “y por pensar distinto”, “justo él saca un presunto informe ahora, siete meses antes de la elección”, resaltó, e informó que el pasado 22 de octubre le notificaron que ya se aprobó la auditoría 2019.

“¿Cuántas denuncias públicas hizo San Millán?”, interrogó Solís. “¿Cuántas veces escuchó a un auditor que salga a hablar de esto antes de presentar las denuncias? Es todo muy extraño”, prosiguió.

En cuanto a las facturas duplicadas, explicó que ese fue un problema que se subsanó en 2018 a través de una auditoría interna que contrata el propio municipio, pero aclaró que se pagaron “cosas que se hicieron, fue un defecto formal que fue subsanado” y añadió que él no recibía las facturas.

Y sobre la fundación Sagrado Corazón, indicó que es una organización intermedia mediante la cual se realizaron contraprestaciones por fondos del Plan Hábitat, en el que la Nación exigía que la obra pública genere empleo femenino, “así que a través de la fundación capacitamos a un grupo de mujeres que realizó la colocación del adoquinado de la costanera”. Aseveró que esos trabajos fueron certificados por la Sindicatura General de la Provincia y la Auditoría General de la Nación.

Destacó que el suyo es uno de los pocos municipios ordenados que no depende de las arcas provinciales para poder pagar sus cuentas:"Tenemos soberanía política y no nos sometemos a la voluntad de nadie”. El intendente dijo que teme que estén intentando realizar un golpe institucional “de guantes blancos”.

También explicó que en múltiples oportunidades se comunicó con San Millán, quien en todas las ocasiones les contestó que todas eran cuestiones formales y subsanables que no pasarían a mayores, “yo no tengo al contador acá creando empresas truchas, hablamos de una empresa que existe”, disparó.

Por último, adelantó que recurrirá a la Justicia “para dejar constancia de que ese señor incumplió con sus deberes de funcionario público”, y aseguró que aún no recibió ninguna notificación, ni de la Justicia ni de la Auditoría: “yo se lo mismo que saben ustedes de acuerdo a las declaraciones públicas que hizo este señor (por San Millán)”.

Revuelo en la Legislatura

En tanto, mientras el diputado de Rosario de la Frontera con múltiples acusaciones en su contra, Gustavo Orozco, ya pidió la intervención del municipio, algunos senadores como Guillermo Durand Cornejo, Manuel Pailler y Javier Mónico, apuntaron contra el accionar de la AGP.

Mientras que Durand Cornejo sostuvo que la Procuración debería investigar también al funcionario de la Auditoría por haber “cajoneado esos expedientes” y “sacarlos recién ahora”, Pailler y Mónico siguieron la línea del intendente en cuanto a la persecución política y el “apriete” a quienes no comulgan con el oficialismo provincial. 

Por el contrario en la Cámara de Diputados, Gustavo Orozco, adversario de Solís en Rosario de la Frontera, en la sesión del martes festejó la denuncia y anunció que presentó un proyecto de intervención del municipio.