Desde Córdoba

La Universidad Nacional de Córdoba ardió en debates luego de que se supiera, días atrás, que el Consejo Superior comenzó a tratar la designación como profesores eméritos a dos abogados que colaboraron con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Se trata de José Luis Palazzo (p) y de Jorge Edmundo Barbará, que fueron propuestos por el decano de la Facultad de Derecho, el ultra conservador Guillermo Barrera Buteler; y elevados en su momento (febrero y marzo de 2018) con la firma de Ramón Pedro Yanzi Ferreira, actual vicerrector de la Universidad.

Palazzo fue jefe de Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en plena represión y hasta recibió una carta escrita de puño y letra de parte del genocida Luciano Benjamín Menéndez por haber “limpiado de elementos comunistas y afines a (Agustín) Tosco al sindicato de Luz y Fuerza”. Durante el menemismo el abogado fue dueño de una señal de televisión por cable en la provincia, y es padre del empresario José Palazzo, organizador de Cosquín Rock. 

En el Megajuicio La Perla-Campo de La Ribera y durante su declaración, Silvia Di Toffino, hija de Tomás Carmen Di Toffino, secuestrado en la puerta de la Epec y asesinado en febrero de 1977, sacó a la luz ese documento y lo entregó como prueba ante el Tribunal Oral Federal N° 1. La carta escrita por Menéndez el 16 de octubre de 1980 está dirigida a un “coronel Oscar Joan”, ministro del gobierno de facto de Adolfo Sigwald, y defendía al abogado José Luis Palazzo, de no ser “un izquierdista ni un comunista, sino un luchador frontal y abierto (…) que logró desplazar nada menos que a los seguidores de Tosco que infestaron la Empresa de Energía de Córdoba (EPEC)”. 

Palazzo era, cuando secuestraron a Di Toffino, nada menos que el gerente de personal de la EPEC. Con este escrito, Menéndez quería “limpiar el legajo” de quien señaló como su “ahijado”, de “tan injusta calumnia”. El jerarca no ahorró elogios para recomendar a Palazzo ante la Junta Militar. 

Tomás Carmen Di Toffino era el segundo de Agustín Tosco y se hizo cargo del sindicato cuando Tosco murió el 5 de noviembre de 1975 de una peritonitis, acorralado por la persecución y sin poder recibir atención médica. A Di Toffino lo secuestró una patota a la salida de su trabajo, pasadas las dos de la tarde del 30 de noviembre de 1976. Su familia nunca dejó de reclamar Justicia. Por los testimonios de sobrevivientes, se supo que en el campo de concentración de La Perla, Di Toffino de entonces 37 años y cuatro hijes, no sólo resistió a las torturas; intentó hasta el final sostener anímicamente a sus compañeres cautivos en la cuadra. Uno de los recuerdos que atesoran, es que durante el carnaval del 77, antes que se lo llevaran al pozo (el fusilamiento y la desaparición en la jerga genocida), cantó y hasta bailó un tango con Teresa “Tina” Meschiati, una de las 18 sobrevivientes de las más de 2.500 personas que alimentaron la maquinaria de muerte de ese campo de exterminio.

Se suman los repudios

Alfredo Seydell, secretario de Derechos Humanos de Luz y Fuerza, entrevistado por Pablo Ramos de Radio Universidad de Córdoba, dijo que “efectivamente, Palazzo estuvo a cargo de Personal de la EPEC. El nuestro es un repudio total y absoluto (a su posible designación). No nos sorprende desde donde viene, sabemos del nivel de negacionismo que tienen algunos sectores de la universidad, no digo toda la Facultad de Derecho, pero sí, ahí hay un fuerte componente reaccionarios y es ahí donde lo ponen a Palazzo".

Seydell insistió en que "es importante destacar lo grave de esto. No nos tenemos que acostumbrar. Porque los estudiantes universitarios fueron destinatarios de las políticas de exterminio de la dictadura. Y si desde esta casa de estudios surja un proyecto de estas características, no sólo hay que quedarse en el rechazo, sino ver qué otras acciones hay que llevar a cabo".

Para el dirigente lucifuercista, "la sola propuesta es ya motivo de indignación. Ni hablar si logran el objetivo. Es negacionismo. No lo creo tan grande en la Argentina, pero sí se difunde mucho. Y sabemos cuáles son los medios que lo difunden. Nosotros desde el gremio lo venimos denunciando desde el año 2003 a Palazzo. Se jactaban junto a Menéndez de haber eliminado de EPEC todo lo que tenía que ver con Tosco y cerca de Tosco. Eso le da un valor agregado a lo que uno siente".

En cuanto a Jorge Edmundo Barbará, desde los claustros universitarios se informó que ocupó cargos como secretario y subsecretario de Gobierno durante la dictadura en la gestión del gobernador de facto Rubén Juan Pellanda. 

El martes pasado en la Comisión de Tratamiento, se sumaron los rechazos. Ya se manifestaron en contra las autoridades de las facultades de Artes, Ana Mohadez y Miguel Rodríguez; de Ciencias Sociales, Jáschele Burijovich; la vicedirectora de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Silvana Durilén; la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Susana Morales; Flavia Dezzuto, decana de Filosofía y Humanidades, entre otres conciliarios. 

A Barbará también se lo señala por haber firmado una carta dirigida al embajador de Estados Unidos en la Argentina, pidiendo que no se prestara a "la campaña anti-argentina impulsada por guerrilleros y activistas que huyeron del país denunciando violaciones a los derechos humanos". Esa carta data de octubre de 1978. 

Fachos de claustro

El negacionismo es moneda corriente entre muchos de les profesores de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. En pleno juicio, el abogado defensor de Ernesto “el Nabo” Barreiro, Osvaldo Viola, llevó a un grupo de sus alumnos a presenciar una de las audiencias. En el salón de espera en un cuarto intermedio, esta cronista le escuchó explicar a un grupo de estudiantes que “estos juicios (él era parte de la Megacausa La Perla-Campo de La Ribera) son inconstitucionales”. Ante el reproche que surgió instantáneo, el penalista sólo atinó a molestarse y alejarse hacia un rincón junto con sus estudiantes. 

El incidente no fue aislado. Por esos días otro docente, un joven de apellido Rojo, repitió lo de la “inconstitucionalidad” y su apego a la “teoría de los dos demonios” ante un grupo de segundo año de Derecho Penal. En Córdoba se sabe: la Facultad de Derecho ha sido un férreo reducto del pensamiento afín a los gobiernos de facto; sus estudiantes y egresados (muchos de ellos de la Juventud Universitaria Peronista, JUP) fueron secuestrados y continúan desaparecidos. 

Otro de los hitos visibles –y también repudiados– en este sentido fue la entusiasta firma de una solicitada a favor del dictador Jorge Rafael Videla en 1986, por parte de Mariano Arbonés, quien formó parte del Consejo Superior de la Universidad. Por ese entonces, y en minoría, entre los flamantes conciliarios de los egresados en ese cuerpo, y por voto de sus compañeros, estuvo Luis Enrique Parodi, hijo de Sonia Torres, la Abuela de Plaza de Mayo que es símbolo de la lucha por los derechos humanos en Córdoba. El entonces joven egresado Luis Parodi fue de los primeros en abrir camino por la Memoria Verdad y Justicia en una Facultad que, cuarenta años después, pretende volver atrás.

El próximo 15 de diciembre el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba decidirá qué rumbo toma.