La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca pidió ampliar la indagatoria y procesar por delitos de lesa humanidad de Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia, a partir de nuevas pruebas incorporadas al expediente. Una de ellas surge de los archivos del ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien ya en 1974 lo consideraba un viejo amigo y le facilitaba información para las “campañas en los medios que él controla”, que incluían a los pasquines Cabildo y El Fortín. De los diarios del fallecido provicario castrense Victorio Bonamín y de publicaciones de grupos católicos, en tanto, surgen elementos que sitúan a la dirección del diario a un nivel de poder equiparable al que detentaban autoridades militares y policiales abocadas a la persecución de religiosos progresistas. Del juicio a ex miembros de la Triple A local surgieron a su vez testimonios que ratifican el rol de LNP como partícipe del aparato represivo. Un militante que pretendió publicar una solicitada en 1974 contó que dos policías le tomaron allí mismo las huellas digitales y no le publicaron nada. Se reencontró con su escrito décadas después, adjunto a su ficha de la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense (DIPBA).

Massot goza de una falta de mérito que el fiscal general Javier de Luca consideró un “sobreseimiento encubierto” y que la Corte Suprema confirmó sin argumentos al rechazar su apelación. En 2014 el diario fue allanado y el empresario llegó a ser indagado en dos oportunidades pero, cuando corría el plazo para que el juez subrogante Alvaro Coleffi se pronunciara, la corporación judicial bahiense desplegó una burda maniobra que le permitió prolongar su impunidad. La cara visible de la operación para apartar a Coleffi, que los lectores de Página/12 conocen, fue el entonces secretario Santiago Ulpiano Martínez, a quien el gobierno de Cambiemos recompensó con su nombramiento como fiscal federal.

El pedido de ampliar la indagatoria, revocar la falta de mérito y procesar al empresario lo presentó la unidad que integran Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia, que también pidieron el rechazo al pedido de sobreseimiento de la defensa de Massot, a cargo de Juan Félix Marteau. La decisión quedó en manos del juez federal Walter López da Silva, que no es oriundo de Bahía Blanca y fue nombrado para ese cargo por el macrismo luego de ocupar el octavo lugar en la lista de méritos que encabezaba Coleffi.

Arancibia Clavel, condenado a cadena perpetua por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, apuntó en uno de sus informes a la DINA de Augusto Pinochet sobre el avance sus gestiones. En octubre de 1974, días después de la ejecución de Prats, mencionó como uno de los “contactos establecidos” a “Gonzalo Massot, subdirector de la revista Cabildo (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, [quien] me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que él controla sobre la penetración soviética en América Latina”. “Con Gonzalo me une una antigua amistad”, apuntó. La información sobre la “penetración marxista en Perú” se publicó tanto en LNP como en El Fortín.

Las nuevas evidencias le permiten a la fiscalía concluir en el conocimiento de Massot sobre “los más estrictos niveles de clandestinidad”, que incluían la identidad del agente chileno y la naturaleza de las actividades de espionaje que realizaba. “El propio pedido de información en el marco de una campaña de propaganda anticomunista determina que el trato y la amistad de Massot no era con el ‘banquero’ Luis Felipe Alemparte  [identidad de cobertura] sino con el agente de información clandestina Enrique Lautaro Arancibia Clavel", indica el escrito que firma Fermento.

La Unidad explica que el intercambio de información tenía como fin la producción de operaciones psicológicas antisubversivas, uno de los ejes de la acusación original, y como ejemplos menciona notas en los pasquines Cabildo y El Fortín que reproducen párrafos textuales de los informes de la DINA. La fiscalía le pide al juez que las nuevas pruebas sean valoradas de manera conjunta con las aportadas en 2014, de las que surgían abundantes evidencias de la relación de los Massot con íconos del terrorismo de Estado como Guillermo Suárez Mason, Osvaldo Azpitarte o Adel Vilas.

Las pruebas que surgen del diario de Bonamín y de una revista del Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (Sedipla) se relaciona con el asesinato del sacerdote y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII, Carlos Dorñak, perpetrado en la residencia de los salesianos el 21 de marzo de 1975. Esa madrugada fueron secuestrados María Isabel Mendivil y Fernando Alduvino, cuyos cadáveres fueron hallados acribillados en caminos vecinales. En medio de amenazas, atentados y asesinatos, el padre Juan Cantini, superior de los salesianos, le pide ayuda a Bonamín, quien dejó un prolijo registro de la reunión. “Lo aconsejé: 1) tratar con la Marina de Puerto Belgrano; 2) Idem Sub Jefe Policía Bs. As.; 3) Reconciliarse con ‘La Nueva Provincia’”, escribió. El informe del SEDIPLA describe la crítica situación de los cristianos progresistas bahienses y como ejemplo del peligro que corren cita un editorial de LNP titulado “Colegios Católicos y Autoridades. No se Puede Sembrar Violencia Y Esperar el Fruto de la paz”,

“Reconciliarse con LNP no significaba otra cosa que atenerse al (auto) disciplinamiento que exigía el diario --destaca la Unidad en referencia al consejo de Bonamín-- puesto que de otro modo la violencia (las tempestades) continuaría”. “Para que la situación de persecución cesara, el acto de perdón no debía provenir de ninguna autoridad política, militar y/o de seguridad, sino de la familia Massot”, añade.

Otras de las nuevas pruebas, surgida del juicio a la Triple A, la aportó el ex preso político Higinio Calamita, luego exiliado en Italia. En 1974 concurrió al diario de los Massot para intentar publicar una solicitada convocando a un congreso político. Allí le pidieron que ingresara por un lugar distinto al destinado a recibir esas publicaciones, donde lo recibieron dos policías de uniforme que “me hacen tocar el pianito”, dijo, en referencia a que le tomaron las huellas digitales. Tanto el episodio como el contenido de la solicitada fueron asentados en planillas de la DIPBA que logró ver décadas después. El jefe de seguridad de los Massot era el subcomsario Héctor Ramos, segundo jefe de la delegación bahiense de la DIPBA, quien según otro documento de inteligencia de Prefectura investigaba la “infiltración subversiva” que invocarían para secuestrar, torturar y asesinar a los obreros gráficos y delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.