medios y comunicación
Bajo sospecha
El grupo del Conicet y la Defensoría del Público que investiga sobre las condiciones, estrategias y desafíos de las radios y televisoras comunitarias denuncian que el gobierno de la Alianza Cambiemos restaura las políticas de cierres y allanamientos padecidas por las radios comunitarias en los años 80 y 90.

Las políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos dirigidas a los medios sin fines de lucro se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero mientras el Estado incumple con su deber de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras de acuerdo a la normativa vigente.

Las nuevas políticas se expresan, por un lado, en decomisos e intimaciones a emisoras comunitarias que padecen la ilegalidad en diferentes puntos del país. Ilegalidad que es consecuencia de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no llama a concursos de licencias para radios, no asigna frecuencias a emisoras de baja potencia, no regulariza de manera justa e integral el uso del espectro en zonas de conflicto, ni establece un plan técnico de frecuencias.

En estas condiciones, en enero de 2016 el Enacom allanó en la ciudad de San Luis a Radio Masi, de la comunidad boliviana, y secuestró sus equipos. La medida se tomó por una denuncia de interferencia con una frecuencia aeroportuaria. Masi ha dejado de emitir por aire.

En julio del mismo año, el Enacom intimó a FM Sol y Verde de José C. Paz, Gran Buenos Aires, a cesar su transmisión bajo apercibimiento de incautar su equipamiento por “clandestina”. El accionar articulado con organizaciones sociales, otros medios y la Defensoría del Público logró frenar la medida.

En octubre último, llegó a FM Rosicler 91.3 La Voz del Migrante de la ciudad de Salta una intimación del Enacom a dejar de transmitir y desmantelar sus instalaciones con la advertencia de que, si no cumplía, decomisaría sus equipos. La medida se originó en una denuncia por interferencias hecha por FM Aires, emisora comercial que opera en el 91.1. Desde entonces, La Voz del Migrante no se escucha más.

En febrero de este año, el Enacom cortó las transmisiones de FM Ocupas del partido bonaerense de Moreno a partir de una denuncia de interferencia aeroportuaria. La intimaron a realizar un descargo en tres días hábiles y a concluir su normalización en diez días hábiles. De lo contrario, secuestrarían sus equipos. La radio hizo el descargo y aún espera la resolución del Enacom. Mientras tanto, no transmite por antena.

También en febrero de este año, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional rechazó el pedido de nulidad del juicio a los integrantes del Antena Negra TV de Ciudad de Buenos Aires, acusados de interferir la señal de la empresa de seguridad privada Prosegur.

Se restauran así las políticas de cierres y allanamientos padecidas por las radios comunitarias en los años 80 y 90, a pesar de que ahora son reconocidas legalmente.

Por otro lado, el Enacom intima a las emisoras por supuestas irregularidades en la rendición del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). Si bien el Estado tiene el deber de controlar el uso de fondos públicos, el sinsentido de muchas de las observaciones recibidas habla, antes que de un control racional y justo, de una estrategia de dilación y desprestigio que dificulta el acceso a los fondos previstos en la ley.

Interredes, articulación de las redes nacionales que nuclean a los medios no lucrativos, informó que las emisoras recibieron intimaciones por facturas vencidas que, al verificarse a través de la AFIP, estaban correctamente confeccionadas. Un canal comunitario tuvo que explicar por qué una lata de pintura no constituía un bien de capital; a una radio se le exigió volver a presentar facturas por gastos corrientes (almacén, movilidad, etc.) firmadas por cada proveedor; y otra emisora fue observada por presentar un ticket de subte foliado del derecho y no del revés por una suma total de $5.

Esto sucede cuando es también el Estado el que incumple la Ley 26522 al discontinuar la ejecución de este Fondo que había permitido el crecimiento y la profesionalización de las radios y canales comunitarios. El Enacom adeuda el pago de cuotas del Fomeca 2015 a más de 200 proyectos por un monto total que, según Interredes, supera los 25 millones de pesos. Tampoco anunció todavía los ganadores del concurso del Fomeca 2016 que fue llamado recién en noviembre del año pasado.

Lejos de las políticas de promoción que deben asistir a un sector históricamente discriminado, la gestión de Cambiemos ubica a los medios comunitarios bajo sospecha. De este modo, lo que queda bajo sospecha es el derecho a comunicar de miles de voces populares, los medios comunitarios y sus audiencias.

* L. Kejval, A. Linares, V. Longo, M. Segura, E. Villagra, A. Hidalgo y N. Traversaro desarrollan la investigación “Las radios y televisoras comunitarias desde la ley 26.522. Condiciones, estrategias y desafíos”.

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