Las audiencias públicas para los desmontes, lo sabemos, si bien son obligatorias, no son vinculantes, con lo cual terminan siendo no más que una instancia de legitimación del ecocidio, y en algunos casos, ecogenocidio, que algún gobierno provincial pueda estar decidido a autorizar, dejándose constancia de que se cumple con la normativa vigente y que se consulta a eventuales afectados, aunque si existiera oposición no cambiaría en nada la decisión de aprobación.

Las probabilidades de detener un proyecto que atenta contra el medioambiente en una audiencia son muy escasas, por no decir nulas. Llegan a esta etapa los proyectos que ya cuentan con la venia del gobierno de la provincia y lo que se pretende es meramente cumplimentar una formalidad. 

Quizás por ello no tienen gran difusión, los afectados directos en su mayoría no se enteran o no dimensionan los alcances de lo que está sucediendo y, los que lo hacen y quieran participar para expresar su oposición, deben contar con el tiempo y los recursos económicos que le permitan viajar a Salta Capital para anotarse y además, como los expedientes no están digitalizados, concurrir personalmente a la Secretaría de Ambiente a consultarlo completo y enterarse de qué se trata la audiencia.

Ahora el gobierno de Salta vuelve a la carga convocando esta seguidilla de audiencias para permitir a grandes capitales del agronegocio, muchos de ellos extranjeros, desmontar enormes extensiones de la provincia y vemos que siguen apuntando a grandes superficies para ganadería (Los Pozos) o soja (casos Chaguaral y El Tunal). 

Actividades que no sólo degradan el ambiente, la salud y la calidad de vida de los pobladores, sino que ni siquiera representan grandes acciones generadoras de desarrollo, con escasa demanda de mano de obra, con lo cual no generan riqueza económica sino suelos y poblaciones empobrecidas, especies vegetales y animales diezmadas, aguas contaminadas, es decir, pérdidas irreparables en términos de vida, que es la mayor y verdadera riqueza con la que contamos. 

Este último año debiera habernos servido a la humanidad para reflexionar y darnos cuenta del valor de la vida y la salud por lo tanto, cualquier actividad productiva debiera ser un medio para alcanzar una mejor calidad de vida, y no al revés.

El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que durante el año pasado se desmontaron en nuestra provincia 20.962 hectáreas. Ahora, en poco más de un mes, el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas, una superficie equivalente a una ciudad de Buenos Aires y media, más de lo que desmontó durante todo el año pasado. Desde la organización advierten que “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014”; si el OTBN fuera actualizado por técnicos competentes e independientes, seguramente muchos de los proyectos que se pretenden aprobar no podrían hacerse.

Afirman que “cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades, la destrucción de bosques aumenta las tasas de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable. Más desmontes significan más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”.

Los desmontes en Salta de los últimos quince años han llamado la atención y han puesto a la provincia en la mira como una de las regiones que más ha desmontado a nivel mundial, pero lo que se pretende realizar en estos últimos treinta días ya es escandaloso.

Esto no sólo afecta a los pobladores locales, sino a todos nosotros, los que tenemos conciencia de la gravedad del acto de voltear un bosque, porque configura un crimen contra la naturaleza que excede la escala vecinal y local.

Resulta también de suma importancia el análisis de los informes técnicos de los estudios de Impacto Ambiental y Social, las líneas de base ambiental y todo otro estudio a nombre de, y financiados por, los grandes empresarios detrás de cada desmonte; así como las evaluaciones y eventuales recomendaciones de los funcionarios y técnicos del Estado para cada caso, a través de la autoridad de aplicación. 

Incluso el doble juego de ser arte y parte, con posibles incompatibilidades de funcionarios o ex funcionarios de áreas sensibles como Ambiente y Producción, que pertenecen a empresas que se dedican al agronegocio y pugnan por expandir la frontera agroindustrial. No debiera la ética profesional ni el deber del funcionario público quedar subsumidos a grandes intereses económicos de unos pocos, por más poderosos que resultaren ser.

Los gobiernos y gobernantes provinciales y municipales que por acción u omisión permitieran daños al ambiente y la pérdida de la salud de sus habitantes, deben asumir su responsabilidad por las consecuencias que esto genera. No necesitamos llegar a los extremos de Córdoba, con una extremadamente disminuida capacidad serrana para amortiguar lluvias intensas y con incendios que se comen los bosques, para detener políticas perjudiciales que nos están llevando al abismo.

Este modelo productivo que se viene perpetuando en la provincia por dos décadas, ha demostrado no solucionar ninguno de los problemas que nos aquejan, la pobreza y la desnutrición no sólo no han disminuido sino que se han agudizado, justamente en los territorios arrasados por el agronegocio biotecnológico, con sus transgénicos, agrotóxicos y monocultivos. Por eso, como dijo el viejo periodista Jauretche, decimos "basta de cambiar de collar, hay que pensar en dejar de ser perro". 

* Diputado provincial del Frente de Todos