Ante los reiterados hechos de violencia e inseguridad que se leen, se viven y se sufren en Rosario, fueron muchos los vecinos que se movilizaron en el último tiempo para pedir una reacción de los distintos niveles del Estado. Si bien la seguridad es competencia concurrente de Nación y provincia, el municipio también tiene herramientas a disposición como para aportar su parte y hacerle frente a este flagelo. Así lo creen desde el peronismo, Cambiemos y Ciudad Futura, los principales partidos políticos que conforman la oposición local y que dieron su parecer sobre el tema a Rosario/12.

La semana pasada, los miembros de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal se reunieron con representantes de vecinales y organizaciones barriales a raíz de las últimas marchas realizadas por los ciudadanos para pedir por seguridad en la ciudad. En ese marco, el titular de la Comisión y presidente del bloque de Cambiemos, Roy López Molina, consideró que hay situaciones fatales, como homicidios y balaceras, en las que la “injerencia de un cuerpo legislativo es baja” pero a su vez aseguró que “aparecen situaciones vinculadas a la falta de iluminación, apertura de calles, falta de cámaras de videovigilancia y monitoreo, refuerzo de patrullajes o controles, donde ahí sí la Municipalidad tiene una directa intromisión”.

Una de las iniciativas propuestas por el edil macrista es la reactivación de los Observatorios de Seguridad Ciudadana que fueron creados por ordenanza pero como consecuencia de la pandemia y la necesidad de aislarse no se pudo implementar. Ahora la intención es que comiencen a funcionar a partir de marzo: “Es una instancia en donde no solamente participa el Concejo y los vecinos sino también la policía provincial, las fuerzas federales, la justicia, la fiscalía, el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad".

Al mismo tiempo, López Molina afirmó que para una situación como la de Rosario el aumento de fuerzas federales “se hace inevitable porque la violencia que se vive en algunos barrios es tal que, guste o no, se resuelve con la ocupación del territorio, que es transitoria pero es la que permite después avanzar con las otras medidas”. Dentro de esas otras medidas, aseguró que desde el ámbito local se puede ir contra la economía del delito: “El caso de Esperanto y Luis Medina fue el primer gran intento de lavado público de activos en la ciudad pero después vinieron otros. Hasta hace algunos meses, todo el mundo sabía que Pillín Bracamonte tenía seis chapas de taxis como mínimo y eso es de competencia municipal”.

Una mirada distinta aportó Marina Magnani, concejala de Unidad Ciudadana, quien trabajó en el Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno y tiene una perspectiva de abordaje más integral. “Uno de los grandes problemas es que desde la gestión del socialismo se eliminó la presencia de todo tipo de dispositivo estatal en los barrios y se concentró todo solamente en los centros de salud y ahora se encuentran desbordados. Hoy la complejidad de los territorios requiere principalmente de unidades estatales multidisciplinarias que estén insertas en los territorios donde ocurren los conflictos y que además tengan la capacidad de trabajar articuladamente en red con todos los niveles del Estado”. A diferencia de López Molina, Magnani consideró que se necesitan “menos cámaras y más salud mental, menos policías y más trabajadoras sociales”, al tiempo que aseguró que “hay que enlazar, retejer vínculos comunitarios y no contribuir a destruirlos aún más”.

Otra figura del peronismo local, la concejala Norma López, explicó que “hace años que la ciudad necesita del cuidado sostenido y el cumplimiento de las funciones básicas municipales: poda y escamonda, iluminación, limpieza de terrenos baldíos, de espacios comunitarios y de extensiones de tierra sin intervenciones estatales, erradicación de basurales y un buen sistema de transporte de pasajeros. Además, consideró que se viene dilatando un debate serio sobre las balaceras y crímenes en contexto de criminalidad organizada. Al momento de pensar en soluciones, confió en que faltan acciones para aportar a la convivencia entre vecinos y vecinas, controlar el espacio público y el trabajo conjunto con Nación y Provincia en materia de seguridad.

 

Por su parte, el edil Pedro Salinas, en representación de Ciudad Futura, recordó que desde hace años vienen insistiendo desde su espacio con que las organizaciones criminales canalizan buena parte de sus dividendos en el rubro urbanístico. “Si los municipios tenemos como principal potestad la de definir y regular los usos de suelo, entonces ¿por qué no contar con una Agencia de Justicia Urbanística?”. En ese sentido, consideró que Rosario debería tener un tribunal especializado en faltas urbanísticas, un cuerpo de fiscales capacitados dedicado íntegramente a investigar y detectar estas operaciones de lavado. “Pegarle por arriba a estos entramados delictivos es fundamental; cortar el circuito dinerario que le da rentabilidad a la violencia, y eso se puede hacer desde un Municipio”.