El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Javier Zapata, aceptó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido en 2017. El magistrado tomó la decisión luego del pedido del secretario de dicha cartera, Horacio Pietragalla Corti. “Resulta incuestionable la capacidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para intervenir en este expediente”, escribió Zapata en los fundamentos.
A su vez, cinco de los prefectos del Grupo Albatros que participaron de la represión el día de la muerte del joven mapuche fueron citados a ampliar la indagatoria. Esta nueva citación se da tras el resultado de un nuevo peritaje balístico que confirmó que la bala que mató a Nahuel provino de miembros de la Prefectura Naval Argentina.
A partir de la resolución que la nombre querellante, la Secretaría de Derechos Humanos estará en condiciones de "acceder al expediente judicial, solicitar medidas de prueba, controlar las pruebas realizadas y las pendientes de producción, y recurrir las decisiones que se tomen respecto al devenir de la investigación", explicó a través de un comunicado el organismo que, con la participación activa en la investigación, busca dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional. Asimismo, pretende contribuir a la búsqueda de verdad y justicia para que estos casos no se repitan y, en la misma línea, evitar una condena internacional al Estado.
En ese sentido, el juez Zapata también destacó en sus fundamentos que en el desarrollo del pedido de Pietragalla "advierte con facilidad que se pretende intervenir en el legajo como organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional a fin de peticionar lo que a su criterio resulte necesario y conveniente para asegurar --con diligencia-- la investigación y sanción de toda violación a los derechos humanos que podría eventualmente comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino".
Rafael Nahuel murió mientras reclamaba por unas tierras en Villa Mascardi el 25 de noviembre de 2017, cuando el Grupo Albatros desplegó un operativo que terminó en represión, persecución y muerte.
