El ánimo de mujeres e integrantes de la comunidad LBGTIQ+ que participaron ayer de las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora estuvo teñido por el reciente asesinato de Macarena Blanco Domínguez. El caso de la joven, que fue hallada sin vida el 7 de marzo, se sumó al reclamo de justicia por otras mujeres asesinadas cuyas muertes aún no han sido esclarecidas.
"Somos el grito de las que ya no tienen voz", la leyenda se repitió en distintos carteles de las más de dos mil mujeres que caminaron por las calles de la ciudad de Salta. Es que en la provincia, y por decisión de la Asamblea Feminista, la colectiva que encabezó la movida fue la Comisión de Familiares de Víctimas de Femicidios, que reúne a las familias de Agustina Nieto, Paola Tachacho, Paola Ávila, Fabiana Arismendi, Liliana Flores y Agustina Guedilla.
En un comunicado, que se leyó al finalizar la extensa marcha, ya en la plaza 9 de Julio, los familiares sostuvieron que el "femicidio es el resultado de un Estado que genera las condiciones para que éstos se perpetren". Señalaron que una de las pruebas que lo demuestra es que se ignora a las mujeres que hacen las denuncias, "dejándolas a merced de sus potenciales femicidas".
Asimismo, afirmaron que jueces, fiscales, auxiliares de fiscales y demás funcionarios públicos, terminan siendo "cómplices necesarios (que) dejan morir a nuestras mujeres". No por nada, y a partir del femicidio de Ursula Bahillo, en el país se empezó a poner el foco en la actuación de la justicia. Desde allí nació otra de las consignas de la movilización nacional: #ReformaJudicialFeminista, debido a la ausencia de perspectiva de género en los casos que eran denunciados y en hasta en las sentencias por femicidios.
Los familiares añadieron que incluso después de que las mujeres son asesinadas, "a modo de burla", tampoco hay celeridad en las investigaciones judiciales. "Los familiares quedamos devastados y encima tenemos que ponernos en el rol de investigadores, señalar a los culpables, pedir su detención, y en muchos casos cuidar y hacernos cargo de los niños que quedaron húerfanos".
En esa misma línea, pidieron la destitución inmediata de jueces, fiscales y funcionarios publicos que dejaron en libertad a femicidas, junto a la efectiva y rápida implementación de leyes que subsidien la manutención económica de los hijos que quedaron húerfanos; más el acceso a viviendas sociales y trabajos dignos.
Durante la marcha, al menos tres vertientesrecorrieron la ciudad a partir de las 18.30. Por un lado, estaban quienes acompañaban a la Comisión; otro sector se encolumnó con Barrios de Pie y el tercero era de las mujeres denominadas autoconvocadas.
Estas últimas fueron las únicas que se manifestaron en las puertas de la Catedral Basílica de Salta, donde quemaron un muñeco que simulaba ser un cura y tiraron las vallas que habían sido colocadas horas antes. Esto provocó la intervención de efectivos de la Policía, sin mayores disturbios.
La vivienda digna
Otra de las consignas principales fue la absolución a Yolanda Vargas, acusada por la muerte de sus dos hijos en un incendio en una vivienda ubicada en la localidad de Colonia Santa Rosa. La joven estuvo detenida y fue liberada recién el jueves pasado.
Precisamente, Natalia Soraire, referente de la Unión de Inquilinos Salta, puso el foco en lo que vivió Yolanda tras ocupar una casa en precarias condiciones. "Ella fue víctima de lo que nos pasa a todas las mujeres que maternamos solas", afirmó.
Soraire indicó que el acceso a un lugar para vivir es sumamente difícil cuando se tiene hijos y eso provoca que terminen asentadas junto en barrios precarizados, sin los servicios básicos. "En el peor de los casos, la vivienda se termina incendiando como le pasó a Yolanda", sostuvo.
En la marcha se pidió por un cupo de vivendas para mujeres y disidencias, y que se cree una Defensoría de Inquilinos a nivel nacional y provincial, a propósito de la nueva ley de alquileres, 27.551.
Además, la referenta recordó que por la emergencia pública debido a la pandemia, el gobierno nacional suspendió los desalojos hasta el 31 de marzo, mediante el decreto 66/21, y advirtió que no se renueva, habría "una ola grande desalojos en donde muchas mujeres terminarían con sus hijos en las calles porque en ningún lado te aceptan con infancias".
El Gobierno no ayuda
El Frente de Mujeres por la Emergencia Nacional en Violencia hacia las Mujeres, marchó a la mañana por el centro salteño. En otra multitudinaria convocatoria, se reunieron los gremios nacionales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores Autónomos (CTA), junto a organizaciones de base, como Pueblo Unido y el Movimiento Evita.
Desde el Frente aseguraron en un comunicado único que llamaron al paro por la situación de emergencia que se vive a causa de la pandemia. Sostuvieron que no sólo se incrementó la pérdida de fuentes laborales, sino también las persecuciones y el constante hostigamiento a mujeres y niños.
En ese sentido, indicaron que si bien para 2021 se espera otro año más de pandemia, la "enorme diferencia" es que están las vacunas. "Hay una enorme experiencia acumulada en los equipos de salud y en el pueblo, sobre cómo hacer frente a la enfermedad y prevenir los contagios", resaltaron. Destacaron que, a diferencia de otros países, Argentina logró comenzar el plan de vacunación, aunque "a una velocidad menor a la esperada".
En el contexto de pandemia sumaron críticias a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, quien, a su consideración, "aplica un plan de ajuste" que golpea de manera especial a las mujeres trabajadoras. También criticaron que el gobierno decidiera invertir cerca de 800 millones de pesos en el desdoblamiento de las elecciones y en la reforma constitucional, "en vez de solucionar los grandes padecimientos de lxs trabajadorxs y lxs salteñxs".
Señalaron asimismo que fueron precisamente las organizaciones sociales las que se pusieron como meta "frenar el hambre en cada barrio", cuando se declaró la emergencia sanitaria. "Tanto mujeres como varones, del colectivo de la diversidad, (somos) quienes seguimos bancando con nuestras vidas, las necesidades de nuestro pueblo, sin ser gobierno", afirmaron.
"La respuesta de este gobierno de ricos para ricos, es nula, mientras tanto sigue el aumento de femicidios, una mujer muerta cada 22 horas, es el promedio en lo que va del año, y siguen sin escuchar", se leyó en el centro de la plaza 9 Julio en el acto final.
Desde el Frente señalaron que las políticas de ajuste del gobierno provincial consolidan un mercado laboral racista, sexista y transfóbico, que ve a las mujeres y al colectivo de la diversidad como mano de obra barata. Por eso, subrayaron que mientras esas políticas sigan existiendo, ratificarán su compromiso de organizarse como mujeres trabajadoras, con empleo o sin empleo, "asumiendo que somos las más oprimidas entre los oprimidos".
