El fiscal de Melincué, Matías Merlo, cargó dos imputaciones más sobre el futuro inmediato de su colega de Reconquista, Rodrigo González, ya suspendido en funciones y camino al juicio oral: formalizó la acusación de partícipe de asociación ilícita como encubridor de la organización criminal dedicada a la explotación de casinos clandestinos liderada por Leonardo Peiti. En la misma causa ya cayeron los ex fiscales de Rosario Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, y es la misma en la que los otros fiscales acusadores –David Edery y Luis Schiappa Pietra– no consiguen imputar al senador Armando Traferri, beneficiado esta semana con un fallo judicial que considera inconstitucional la pretensión de desaforarlo en estas circunstancias.
El fiscal Merlo tiene pruebas de al menos unas 40 llamadas telefónicas entre González y un colaborador de Peiti, Fernando Pérez, a cargo de casinos clandestinos de la organización en Reconquista, Avellaneda, Vera y Malabrigo. Esas comunicaciones ocurrieron entre agosto y octubre de 2017, y la hipótesis de la pesquisa asume que el fiscal le brindaba a la organización del juego ilegal alguna cobertura o preaviso en cuanto a investigaciones afines o allanamientos que pudieran afectarla.
Por otra parte, Merlo también acusó al fiscal González de "sustracción y ocultamiento" de unos 703 legajos de causas penales que él debía investigar. Aquí la acusación se vale del testimonio de una pasante de la Fiscalía, quien a su vez había denunciado a González por amenazas coactivas y violencia laboral. Esta joven declaró en detalle la forma en la que algunos expedientes desaparecían en el despacho de González.
La Asamblea Legislativa suspendió a González la semana pasada de su cargo, en una decisión unánime de la que participaron diputados y también senadores, varios de los que antes protegieron los fueros de Traferri para que no sea indagado en la misma causa que hasta ahora hizo caer a tres fiscales.
