Desde Lima. El Congreso decidió este viernes inhabilitar por diez años para ejercer cualquier función pública al expresidente Martín Vizcarra (2018 – 2020). Esta sanción le impedirá al expresidente sumir la banca parlamentaria para la que fue electo el último domingo por el partido de centroderecha Somos Perú, que ha logrado una pequeña representación de solamente cuatro legisladores. Vizcarra, que postuló por Lima, ha salido elegido como el congresista más votado del país, con más de 160 mil votos.

La decisión de inhabilitar a Vizcarra se tomó por votación unánime de los 86 legisladores de 130 que estaban presentes para votar. La sanción es por haberse aprovechado de su cargo para vacunarse en secreto contra el coronavirus en octubre pasado, cuando estaba ejerciendo la presidencia y las vacunas todavía no llegaban al país, lo que ha sido calificado por el Parlamento como una infracción constitucional. En esa ocasión también se vacunaron la esposa y un hermano del exmandatario.

También fueron inhabilitadas por el Congreso, por la misma razón de haberse vacunado en secreto, las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por ocho y un año, respectivamente.

Fueron 470 las personas que accedieron a las vacunas VIP enviadas al Perú en secreto por el laboratorio chino Sinopharm, que hacía estudios de su efectividad entre la población peruana. Entre los beneficiados están funcionarios, investigadores que participaban en los estudios de Sinopharm en el Perú y sus familiares y otros allegados.

Vizcarra se ha quejado por la celeridad del proceso parlamentario para inhabilitarlo, que ha durado menos de dos meses, en comparación con otros casos de sanciones constitucionales que llevan varios meses o incluso más de un año sin ser resueltos. Y ha denunciado que no se ha respetado su derecho a un debido proceso. Había pedido postergar la sesión parlamentaria del viernes en la que se vio su inhabilitación, alegando que su abogado estaba a esa misma hora citado a una audiencia en la fiscalía, pero el Congreso rechazó su pedido. Vizcarra no se presentó ante el pleno del Parlamento para ejercer su defensa.

Al estallar el escándalo de su vacunación secreta, en febrero pasado, cuando ya no estaba en la presidencia y era candidato al Congreso, Vizcarra alegó que había formado parte de los voluntarios para probar la vacuna de Sinopharm, pero quedó en evidencia que eso no era cierto. Se enredó en una sucesión de mentiras para tratar de justificarse. La revelación de su vacunación realizada bajo las sombras del secreto en Palacio de Gobierno gatilló una amplia indignación. El rechazo fue mayor porque su gobierno no había concretado la compra de vacunas, pero el expresidente y su ministra de Salud ya se habían inmunizado. A pesar de ello, a Vizcarra le queda algo de la popularidad que alcanzó como presidente, especialmente por su enfrentamiento contra el fujimorismo, y ha logrado ser elegido como el congresista más votado.

En el debate en el Congreso se escucharon todo tipo de adjetivos contra Vizcarra. Fue acusado desde coimero hasta genocida por las muertes debido a la pandemia. Un congresista llegó a pedir que fusilen a Vizcarra por no haber comprado las vacunas a tiempo. Entre los legisladores que dieron encendidos discursos denunciando la inmoralidad de Vizcarra por haberse vacunado en secreto, no pocos cargan diversas denuncias por corrupción en su contra. Muy pronto en el debate quedó claro cuál sería el sentido de la votación, pero todos querían hablar en una sesión transmitida en directo por televisión y el debate -en realidad una sucesión de ataques contra el expresidente antes que un debate- se prolongó.

La fiscalía investiga la entrega secreta de las vacunas de Sinopharm para inmunizar a funcionarios y a otros personajes, como un posible soborno para favorecer la compra por parte del gobierno de la vacuna del laboratorio chino. Se compró un millón de dosis de esta vacuna y se firmó un acuerdo para adquirir 37 millones más, pero este acuerdo todavía no se traduce en un contrato de compra. Vizcarra y las dos exministras inhabilitadas están incluidos en esa investigación.