El procurador general interino Eduardo Casal se lanzó a la palestra. Acusado de proteger a un fiscal que se reunió con Mauricio Macri y de haber aumentado su patrimonio exponencialmente desde que quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF), Casal respondió con dos dardos a las críticas del oficialismo: un dictamen en sintonía con los intereses de Horacio Rodríguez Larreta en el pleito que mantienen el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad por las clases presenciales ante la Corte Suprema y una autodenuncia, que empezará a moverse --o no-- esta semana en los tribunales de Comodoro Py. Todo sucede mientras la Cámara de Diputados reactiva el tratamiento de la ley de reforma del Ministerio Público, que dejaría al Frente de Todos (FdT) más cerca de nombrar a un titular para la Procuración.

El viernes al mediodía, Casal se autodenunció ante el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe. Lo hizo después de que el diputado del FdT Rodolfo Tailhade anunciara en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del día anterior que había detectado un abultado crecimiento de su patrimonio desde 2017, cuando quedó a cargo de la Procuración tras la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó. Tailhade habló de once propiedades y de acciones por más de seis millones de pesos --incluidas en Telecom y en Pampa Energía. En su presentación de tres páginas, Casal dijo que las imputaciones eran infundadas y sostuvo que el crecimiento podría explicarse por haber recibido la herencia de sus padres.

Recién mañana se sabrá quiénes serán el juez y el fiscal que deban investigar a, nada más y nada menos, que el jefe de los fiscales. “La autodenuncia es una maniobra para lograr impunidad inmediata”, afirma Tailhade en diálogo con Página|12. “¿Qué fiscal va a requerir contra el procurador general interino? Si consideraba que tenía que dar explicaciones, debió venir a la Bicameral, donde no se habló de hacer una denuncia penal, sino de pedir explicaciones. Claramente está preocupado por el tema”, completa.

Durante el último encuentro de la Comisión Bicameral, que preside el senador Martín Doñate, se discutió sobre dos asuntos que lo tuvieron a Casal como protagonista central: la reprimenda pública a un grupo de trece fiscalas que se reunió con el ministro de Justicia, Martín Soria, para discutir la reforma de la ley del Ministerio Público en perspectiva de género y, por otro lado, la inacción de Casal ante la revelación de que el fiscal ante la Casación Raúl Pleé había estado reunido con Macri y con Gustavo Arribas el 23 de marzo de 2018 en la quinta de Olivos. Después de que esta reunión saliera a la luz en una investigación del portal El Destape, Pleé --uno de los fiscales de mayor ascendencia en Comodoro Py-- reconoció por escrito el encuentro en el que Macri le habría dicho que no iba a ser su candidato para la Procuración General después de haberse inclinado por la jueza porteña Inés Weinberg de Roca, pero le pidió que no renunciara --como él ya había dejado trascender que haría--. Con ese descargo, Pleé confirmaba que había permanecido en Comodoro Py en sintonía con los deseos del expresidente.

La inacción de Casal ante Pleé encendió las alarmas en la Bicameral, donde las críticas al procurador general interino proliferan, tanto por su dejar hacer frente a los faltazos del fiscal Carlos Stornelli a las indagatorias en la causa de Dolores como por la persecución a la fiscala de la causa del Correo, Gabriela Boquin. “Estamos analizando si debemos hacer un reproche penal por su accionar frente a Pleé”, confió el senador Doñate a este diario. “La gestión de Casal es la degradación más grave del Ministerio Público. Es una situación irregular e ilegal la que lo mantiene en el cargo y ha quedado demostrado que es uno de los protagonistas de la mesa judicial del macrismo. Hubiera sido imposible que Macri llevara adelante la persecución judicial si no estaba Casal”, añadió el presidente de la Bicameral del Ministerio Público.

El futuro de Casal

En el entorno del procurador interino insisten en negar la afinidad ideológica del funcionario con el anterior gobierno y repiten que él se va a quedar en el sillón que dejó Gils Carbó hasta en tanto la política logre designar a un reemplazante. “Casal va a seguir haciendo su trabajo, como dispone la ley”, dicen y descartan de plano que se vaya a su casa si efectivamente el gobierno logra reunir los votos necesarios para cambiar la ley y nombrar al nuevo procurador. Volverá, insisten, a la procuración fiscal ante la Corte. Casal es de 1992 uno de los procuradores fiscales ante el máximo tribunal, dedicado a asuntos penales.

Casal lleva el interinato más largo de la historia de la Procuración. Son tres años y medio como titular del MPF, un cargo para el que nadie lo eligió ni votó. Quedó en el cargo porque la anterior ley orgánica del Ministerio Público disponía que el procurador fiscal ante la Corte de mayor antigüedad se hacía cargo si renunciaba o si se tomaba licencia el titular. La ley actual, ya sancionada al momento de la renuncia de Gils Carbó, establece que el titular de la Procuración debe ser reemplazado por un fiscal coordinador de distrito. El tema es que durante los últimos años no se avanzó en esas designaciones, excepto en Salta, donde ya rige el sistema acusatorio --que deja las investigaciones en cabeza de los fiscales. Es decir, que sólo el fiscal coordinador de Salta Eduardo Villalba podría haber estado en condiciones de hacerse cargo de la Procuración. Ésa fue una opción que se analizó en el bloque oficialista para sacar de la poltrona a Casal, pero no terminó de cuajar.

Soria estuvo la semana pasada en un plenario de comisiones para reactivar la discusión sobre la reforma del MPF en la Cámara de Diputados, que ya obtuvo la media sanción en el Senado. La propuesta del gobierno incluye que la mayoría para designar al nuevo titular de la Procuración baje de la mayoría calificada de los dos tercios del Senado a una mayoría absoluta, que el mandato sea de cinco años --no hasta los 75 años como ahora-- y que se sigan requiriendo los dos tercios para la remoción. El proyecto oficial también contempla que, en caso de renuncia o licencia del procurador o procuradora, sea la Bicameral la que eleve una terna al Poder Ejecutivo para que elija al interino o interina.

De avanzar con la sanción de la ley y si se relajara la mayoría necesaria para nombrar al procurador, el FdT podría avanzar con la designación de un nuevo titular del MPF. El candidato del presidente Alberto Fernández es el juez federal Daniel Rafecas, que había expresado su voluntad de que se mantuvieran los dos tercios para su elección. En el Congreso dicen que hay que continuar con un trabajo fino para conseguir los votos que faltarían en la Cámara de Diputados -- que rondarían alrededor de la media docena. En el Ejecutivo se entusiasman con llevar pronto al recinto la discusión.