Adriana Funaro estaba jugando con su nieta, Ema, cuando el teléfono sonó a las 14 en punto. Miró la pantalla que mostraba el nombre de su abogada, Victoria Baca Paunero. No era un llamado inusual: desde febrero de este año se encuentra detenida con prisión domiciliaria, luego de que un vecino la denunciara por cultivar marihuana en su casa. Los llamados de Baca Paunero, desde entonces, no son novedad.
Sin embargo, apenas atendió Adriana supo por el tono de la voz de su abogada que estaba por recibir una buena noticia. “¿Estás sentada?”, fue lo primero que escuchó del otro lado de la línea. “Sos libre”, le dijo Baca Paunero.
Adriana sollozó al principio y rompió en llanto al ver a su hija, Micaela, que se acercaba, curiosa, para averiguar qué pasaba. La Cámara de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires le dictó falta de mérito, ordenó su liberación y rechazó la acusación del juez de Garantías, Horacio Hryb, quien había asegurado que el cannabis medicinal que producía Adriana suponía un riesgo para la salud pública. Hryb también había ratificado su prisión domiciliaria a fines de marzo, cuando resolvió un pedido de la defensa que exigía su liberación.
“Es un gran paso que me da fuerzas para seguir en la lucha: hasta el autocultivo no hay que parar, la sociedad va a pelear por este tema”, dice Funaro a Página/12 desde la casa de su hija Micaela, donde todavía se encuentra detenida hasta tanto reciba la notificación oficial de la Justicia.
Adriana tiene 46 años y padece una artrosis hereditaria que comenzó a tratar hace tres años con aceite de cannabis que extraía de plantas que ella misma cosechaba. En febrero de este año, luego de una pelea con un vecino de su hogar en el partido de Ezeiza, la policía comunal de esa localidad allanó su domicilio, destruyó las plantas y la detuvo en el marco de una causa por infracción a la ley de drogas.
Adriana también producía habitualmente aceites de cannabis para pacientes con otras patologías, como cáncer o niños con epilepsia refractaria: “Mi cultivo no era sólo para mí, era solidario”. Ahora dice que con el fallo de la Cámara quedó bien clara la diferencia entre narcotráfico y el uso medicinal del cannabis. “Por eso fue muy importante la ley que aprobó el Congreso, aunque haya quedado afuera el autocultivo”, señala.
De la situación que le tocó vivir, lo peor de todo, cuenta, fue sentirse criminalizada por un sector de la Justicia: “Fue tan injusto, tan inhumano, se siente mucha impotencia porque siempre estuvo claro que lo mío era uso medicinal; hay mucha ignorancia en los jueces que no se ubican en el tiempo que nos toca vivir, que a pesar de todo lo que vivimos en los últimos años siguen insistiendo con la criminalización”.
Aun así, Adriana encontró “hermandad” en la adversidad, mucho amor que reflotó entre sus afectos y la aparición de “gente que no conocía”, que le dio una mano cuando más lo necesitaba. “Mi caso tiene que servir para destrabar muchos similares, de personas que están sufriendo una injusticia muy grande”, insiste.
Micaela asegura que viven un momento de felicidad "desbordada", pero que al mismo tiempo sobrevuela un sentimiento de responsabilidad muy fuerte con el compromiso por luchar por la regulación del autocultivo: "Siento que es el comienzo de algo, no el final. Es una lucha larga y no hay que bajar los brazos ni esconderse”, dice a Página/12.
