El gobierno nacional promulgó la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, la iniciativa que establece presupuestos mínimos para la implementación de políticas sustentables y de concientización ciudadana, tanto desde las gestiones de gobierno como en todos los niveles educativos.

El objetivo de la ley es establecer el derecho ambiental “como una política pública", según la promulgación hecha hoy a través del decreto 356/2021 publicado en el Boletín Oficial.

La clave es incluir la temática ambiental en sus distintos aspectos. Cambio climático, contaminación, biodiversidad, uso de suelos y producción de residuos son algunos de los ejes de esa legislación sancionada por el Congreso a mediados de mayo pasado.

La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo a través de diversas propuestas impulsadas por el Consejo Federal de Medio Ambiente, que a su vez retomó los ejes de los distintos proyectos que durante años se presentaron y no prosperaron.

La ley aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación).

Lo que se busca es establecer la Educación Ambiental como un derecho, conforme a los ejes trazados por la Constitución nacional sobre la base de los tratados internacionales a los que esta adhiere.

El proyecto prevé una “Estrategia Nacional” como instrumento de planificación. Será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articulará con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El texto de la promulgación fue firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; y su par de Educación, Nicolás Trotta.

La Ley 27621 contempla principios estipulados la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional; y otras leyes vinculadas como la de Régimen de Gestión Ambiental del Agua, Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares; Ley de Manejo del Fuego; y tratados y acuerdos internacionales en la materia, cita el texto.