El cambio de rumbo de la política económica del Frente de Todos respecto de la gestión de Juntos por el Cambio se observa, por ejemplo, en la evolución de las tarifas. El aumento del 6 por ciento en las boletas de gas a partir de este mes representa un incremento de 88 pesos para una familia de cuatro integrantes del área metropolitana con un consumo medio. De pagar 1.698 pesos de promedio mensual –más en el invierno y menos el resto del año- pasará a afrontar facturas de 1.786 pesos en promedio. A esta altura, si se hubiera mantenido el cuadro tarifario del gobierno anterior, la suba habría sido del 160 por ciento, con lo cual la boleta sería de 4.414 pesos por mes en promedio. Es decir, en lugar de un ajuste de 88 pesos promedio mensual como el que ocurrirá a partir de junio, esa familia estaría pagando 2.628 pesos más por mes.

Expresado en términos anuales, el aumento del 6 por ciento significa para esa familia un gasto adicional de 1.056 pesos, mientras que con el régimen anterior, la diferencia habría sido de 31.536 pesos más en un año.

La actualización de 6 por ciento en la tarifa de gas domiciliario fue la primera del año y seguramente será la única, en tanto que en 2020 los valores se mantuvieron congelados. El incremento anterior lo había establecido el gobierno de Mauricio Macri, desde junio de 2019, con un 29 por ciento.

En los cuatros años de gobierno de Juntos por el Cambio, las facturas de Metrogas subieron 1.780 por ciento, las de Gas Natural Ban aumentaron 1.791 por ciento y las de Camuzzi Gas Pampeana, 1.941 por ciento. El resto de las distribuidoras registraron alzas similares, según el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata.

La diferenciación entre lo que hace el Frente de Todos y lo que hizo Juntos por el Cambio resulta necesaria para entender los debates que se dan dentro de la propia fuerza gobernante. De lo contrario, el ruido mediático y la confusión intencionada que promueve la oposición llevan a que propios adherentes al Gobierno terminen creyendo que todo es igual y que la política económica del oficialismo es de ajuste estructural, como lo fue la del macrismo.

Respecto de esta última cuestión se manifestó el grupo de economistas del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires que viene elaborando documentos con espíritu crítico sobre la gestión nacional. Algunos de sus referentes son Roberto Feletti, Juan Manuel Pignocco, Martín Di Bella, Horacio Rovelli, Diego Perrella y Érica Pinto.

“Discutir política monetaria y fiscal contractiva o expansiva carece de fundamento si no se tiene una visión abarcativa”, aclaran de entrada en relación a aquel debate en un nuevo informe que presentaron esta semana. “Expandir el gasto público y financiar dicho aumento con emisión monetaria en un marco de débil acumulación de dólares en el Banco Central y mercados monopólicos abiertos, lleva a una aceleración inflacionaria y cambiaria que se retroalimentan. Ahora bien, con solvencia externa y regulaciones viables sobre el abastecimiento de bienes esenciales, mantener ciertos niveles de impulso a la demanda por la vía monetaria y fiscal es virtuoso”, definen.

El grupo de economistas bonaerenses venía reclamando mayor impulso fiscal y la utilización del superávit comercial para estimular los niveles de actividad y consumo. Pero no de cualquier modo, sino logrando primero resolver dos cuestiones principales: las dificultades para la acumulación de reservas en el BCRA y la acción desestabilizadora de mercados monopólicos que multiplican la inflación.

En ese sentido, en el nuevo documento destacan que el Gobierno ha fortalecido las regulaciones en ambos planos, aunque todavía lo consideran insuficiente para garantizar resultados virtuosos.

De todos modos, celebran, según su propia expresión, el paquete de estímulo fiscal anunciado por el Gobierno para afrontar la segunda ola de coronavirus. “Involucra una cifra de 485.000 millones de pesos, lo que representa el 1,3 por ciento del PIB. El mismo tiene tres destinatarios: las empresas, las familias y el sector salud. Corresponden 74.000 millones de pesos (14,6 por ciento) para empresas, 292.000 millones (60,2 por ciento) para familias y 122.000 millones (25,1 por ciento) para la atención sanitaria”, precisan.

Las medidas para las empresas son la ampliación del Repro II, con una inversión de 52.000 millones de pesos, y la suba del monto de ese subsidio, con 22.000 millones extra. Para las familias figura el mayor alcance de la tarjeta Alimentar, hasta casi 4 millones de menores de 14 años, con una inversión fiscal de 145.000 millones de pesos; la ampliación de las Becas Progresar (28.000 millones); la búsqueda de nuevos titulares de la Asignación Universal por Hijo (29.000 millones), y la transformación del programa Potenciar Trabajo (90.000 millones). Finalmente, para la atención de la segunda ola de coronavirus se destinarán 72.000 millones de pesos más a la compra de vacunas; 14.000 millones para el pago de un bono a 700 mil trabajadores de salud, y 36.000 millones por la reducción de contribuciones patronales y del impuesto al cheque para las empresas del sector.

“También obra como multiplicador de la demanda el reintegro de casi 40.000 millones de pesos en concepto de devolución del impuesto a las ganancias a casi 1,3 millones de trabajadores”, completan.

“El anticipo de la segunda ola del virus sin que el plan de vacunación haya alcanzado el nivel de inmunidad de la población suficiente complica la recuperación económica en curso. La restricción obligada en la circulación, compensada por el paquete fiscal, puede ser el clásico `paso atrás para tomar impulso`, logrando el tiempo necesario para inmunizar a la mayoría de los argentinos y argentinas”, evalúan.

“Pero también exige –concluyen- redoblar los esfuerzos de política económica activa y coordinada en el frente externo, el fiscal y monetario y en los mercados de bienes esenciales”. La estrategia seguida hasta ahora, de prudencia fiscal, estabilización de los dólares financieros utilizando reservas del Banco Central y la búsqueda de respaldo internacional no alcanzaron para frenar la inflación y elevar el stock de divisas.

La constatación de esos resultados por parte del Gobierno llevó a producir cambios, como el cierre de exportaciones de carne para forzar una negociación con el sector, o modificaciones en la operatoria del contado con liquidación.

“El final es abierto, pero sí parece que el esquema de política económica admite revisiones”. Bienvenidas sean.