La fiscal Alejandra Raigal imputó a cuatro detenidos por facilitamiento agravado y tenencia de pornografía infantil, con fines de distribución. Tres de los acusados quedaron en prisión preventiva por 90 días, por orden de la jueza María Chiabrera, mientras que el cuarto quedó en libertad con restricciones.
La representante de Fiscalía les endilgó "tener en su poder material de explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución y haber facilitado archivos de este tipo, consistiendo su accionar en descargar dichos archivos a través de una red P2P y haberlos puesto a disposición para ser descargados a través de la misma, en reiteradas oportunidades".
Al dar detalles de la investigación, Raigal indicó que la misma "comienza en EEUU y Brasil, en relación a la protección de situaciones de abuso sexual y pornografía infantil". Además, recordó "en relación a las imágenes y la distribución que existe en redes peer to peer (P2P), se iniciaron hace ya algunos años diferentes procedimientos o programas para desbaratar esas redes. Estas investigaciones no son aisladas, sino que entre todos los países (EEUU, Brasil, Colombia, Paraguay y otros) se acordó un horario común para allanar 75 objetivos".
Se trata del operativo "Luz de Infancia, que comenzó en 2017". El "programa de intercambio de archivos permite almacenar y descargar imágenes. Se trata de usuarios descentralizados en diferentes países. Lo relevante es que cuando uno lo instala en su computadora tiene plena conciencia de que al menos una carpeta de su computadora tendrá acceso por otra persona y todos los archivos aparecen visibles", detalló.
Al mismo tiempo señaló que "hubo diferentes capacitaciones para poder frenar la explotación sexual infantil y su divulgación; y la manera en que se logra detectar esto es con la obtención de la IP de donde se descarga ese video. La IP --código único-- permite identificar un dispositivo con conexión". Y agregó: "Al detectar usuarios que descargaban imágenes de niños especialmente vulnerables, se pusieron en marcha los operativos", explicó.
La fiscal imputó a C. A., por "haber facilitado 103 archivos", entre enero 2014 y enero 2021. El acusado negó los hechos y se declaró inocente. A G. A. se lo imputó por "304 archivos" entre "febrero del 2020 y marzo de 2021". L. G. fue acusado de "haber facilitado 305 archivos", entre "febrero de 2020 y marzo de 2021". Y, Mariano E., fue imputado por "96 archivos", y enmarcó el delito entre abril del 2020 y febrero del 2021". Este último recuperó la libertad ante un acuerdo de partes, propuesto por fiscalía y aceptado por la defensa.
"Los cuatro contaban con experticia informática", expresaron desde Fiscalía. Las defensas, en tanto, pidieron la libertad de los acusados; cuestionaron la imputación y negaron que exista una peligrosidad procesal.
