Luego de un extensa exposición de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aprobó el DNU que modifica la ley de vacunas y que permitirá la adquisición de vacunas de uso pediátrico contra el coronavirus. "Esto no es ir a la esquina a hacer una compra al almacén, son negociaciones muy arduas que involucran temas muy importantes para la Argentina y en los que siempre se tuvo en cuenta los intereses de la Nación", sostuvo Vilma Ibarra, quien fue la principal encargada de ir respondiendo a las diferentes cuestionamiento de los legisladores de Juntos Por el Cambio. La oposición, por su parte, aprovechó el debate de comisión para redireccionar el objetivo de sus críticas, pasando de denunciar la falta de un acuerdo con Pfizer a denunciar el "procedimiento" que se estaba utilizando para negociar con el laboratorio norteamericano, es decir: un DNU en vez del debate parlamentario en el Congreso. "Los tiempos del Congreso no están previstos para estas emergencias", reiteró la secretaria Legal y Técnica, y explicó que era "urgente" empezar a contar con una vacuna aprobada para uso pediátrico, como la de Pfizer, para inmunizar a niños, niñas y adolescentes con comorbilidades.

"La única opción para contratar vacunas con los laboratorios estadounidenses era la modificación de la ley, entonces se empezó a trabajar con las modificaciones del marco legal para ver si podíamos compatibilizar el ingreso de algunas cláusulas", comenzó Vilma Ibarra en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Acompañada por Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, la funcionaria se presentó ante les senadores y diputades que conforman la comisión para defender las modificaciones a la ley de adquisición de vacunas incluidas en el DNU 431, firmado por el presidente Alberto Fernández la semana pasada. "El objetivo de contar con una norma actualizada del marco legal permitirá satisfacer el avance en contratos bilaterales con laboratorios y con la posibilidad de seguir ampliando las ventanas del mecanismo COVAX y las donaciones", añadió VIzzotti, quien adelantó que, desde la publicación del DNU en el Boletín Oficial, el gobierno nacional había estado avanzando para generar acuerdos con distintos laboratorios norteamericanos. En concreto: las 2,5 millones de dosis prometidas por el gobierno de Joe Biden, así como las dosis del fondo Covax. 

Durante el encuentro, uno de los principales temas de debate entre la oposición y las funcionarias versó sobre la decisión de aplicar vía DNU los cambios en la Ley de Vacunas 27.573. "¿Por qué se decidió un Decreto de Necesidad y Urgencia? Porque hay necesidad y hay urgencia. Y porque hace un mes que se aprobó la vacuna de Pfizer para uso pediátrico para menores de 12 a 17 años y es importante contar con esta vacuna cuando antes para inmunizar a niños, niñas y adolescentes con comorbilidades", enfatizó Ibarra, explicando que, en el contexto de una pandemia, resultaba necesario tomar "decisiones inmediatas" para proteger "la vida y salud de la población". "Es un menosprecio a los propios legisladores. Debería pedir disculpas", sostuvo, por su parte, el jefe del interbloque de JxC, Luis Naidenoff. "Yo le tengo un enorme respeto y cariño al senador Naidenoff, pero me expresé de buena fe: en situaciones de emergencia es muy difícil compatibilizar los tiempos del Congreso con las urgencias y por eso existe en la Constitución Nacional el artículo que posibilita dictar DNUs", respondió Ia funcionaria.

Por otro lado, durante la sesión del jueves pasado, JxC había propuesto debatir un proyecto que proponía eliminar la palabra "negligencia" como supuesto de responsabilidad de los laboratorios, un punto que se terminó incluyendo en el DNU y que la oposición utilizó como argumento para cuestionar el rechazo del Frente de Todos a tratar las modificaciones en el Congreso. "Aprobar la ley no hubiera servido en la negociación. La palabra era uno de los obstáculos, pero no era el único", explicó Ibarra, quien aclaró que si aquel hubiera sido el único reclamo "todo hubiera sido más sencillo". En efecto, el DNU incluye también la creación de un "Fondo de Reparación Covid-19" - que se hará cargo del pago de indemnizaciones en el caso de que una persona sea dañada por la aplicación de la vacuna -, así como también modificó el listado de bienes con inmunidad soberana que estaban eximidos de ser ejecutados (excluyendo de esta lista a los bienes estatales de dominio privado y a las regalías adeudadas al Estado Nacional).

Este último punto, referido a los bienes estatales que podrían estar sujetos a un embargo en el caso de que hubiera un litigio entre el gobierno y laboratorio por falta de pago, también suscitó cierta polémica. Particularmente de parte del diputado radical chubutense Gustavo Menna, quien intentó instalar la idea de que el nuevo marco legal ofrecía como garantía las regalías hidrocarburíferas de las provincias. "Estas regalías de ninguna manera incluyen la de las provincias, sino que son regalías que cobra la República Argentina. Este es un fondo constituido por el Estado nacional del cual es deudor el Estado nacional, y a lo que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado nacional", respondió Ibarra, negando de manera tajante que el DNU pusiera en riesgo las regalías que perciben las provincias petroleras por sus recursos naturales. 

Paso final

Una vez que las funcionarias se retiraron, les legisladores iniciaron el debate de comisión para el tratamiento del DNU que, pese a la oposición de JxC, logró ser aprobado gracias a la cómoda mayoría del FdT. Al final de la discusiones tomó la palabra el jefe del FdT en el Senado, José Mayans, que no forma parte de la comisión, para chicanear a la oposición desafiándolos a que "nos ganen una vez" ratificando el DNU en la Cámara de Diputados (y no en el Senado como siempre sucede ya que el oficialismo cuenta allí con mayoría propia). "Si quieren, a este DNU pueden tratarlo en el recinto y aprobarlo. Ojalá que ustedes nos ganen", provocó, aunque, finalmente, terminó anunciando que la semana que viene sería la Cámara Alta la que aprobaría el decreto presidencial.