Carlos Pedro Tadeo Blaquier sigue buscando postergar su elevación a juicio por los secuestros y desapariciones ocurridos en 1976 cuando dirigía el ingenio Ledesma. En las últimas horas, su defensa le pidió a la Cámara Federal de Casación que no resuelva su caso durante la feria en una apuesta para seguir dilatando el trámite que ya lleva casi nueve años desde que el empresario fue procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy.

La defensa de Blaquier y del exadministrador general de Ledesma Alberto Lemos la encabeza Jorge Valerga Aráoz, uno de los camaristas que tuvo a su cargo el Juicio a las Juntas Militares de 1985. Los abogados de Blaquier y de Lemos no quieren que la Casación Federal defina durante el receso invernal si envía el expediente al juzgado federal de Jujuy para que los empresarios sean elevados a juicio por los 29 casos por los que fueron procesados. La Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla Corti, pidió a Casación que lo hiciera y se sumó también el fiscal Marcelo Colombo.

“Si la sala de feria resolviera como piden los acusadores, no sólo se estaría sustrayendo el expediente a sus jueces naturales, sino que además se estaría modificando, sobre la marcha, el trámite que la Sala que legalmente debe intervenir ya había comenzado a darle justo antes del comienzo de la feria. Todo ello, además, con menoscabo de una garantía constitucional y en perjuicio de los imputados en un proceso penal”, dice el escrito presentado por la defensa de Blaquier y Lemos.

En 2012, el juez Fernando Poviña dictó dos procesamientos contra Blaquier y Lemos: uno por tres secuestros ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y los primeros días de abril de ese año; el otro, por 26 secuestros perpetrados entre el 20 y 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las noches del “Apagón”. La decisión de Poviña fue confirmada al año siguiente por la Cámara Federal de Salta, pero, en marzo de 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación --conformada por Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos-- les dictó una falta de mérito, aduciendo que Blaquier y Lemos podrían no haber sabido que las camiones del ingenio Ledesma que les proveyeron a las fuerzas iban a usarse para los secuestros.

Después de seis años de demora, la Corte Suprema finalmente revocó la falta de mérito y en muy duros términos le dijo a la Casación que había obstaculizado indebidamente el avance de la causa. Ese fallo, firmado por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, se conoció el 8 de julio. A los cuatro días, el expediente Blaquier volvió al primer piso de los tribunales de Comodoro Py, donde la Casación Federal tiene su sede. El 16 de julio, el camarista Javier Carbajo concedió que la cuestión se tratara durante la feria. Lo hizo después de que hicieran planteos las querellas de HIJOS Jujuy y la Secretaría de Derechos Humanos y de que el fiscal Javier De Luca le recordara al tribunal que sólo debía remitir el expediente a Jujuy, ya que no tenía nada para analizar porque no podía apartarse de lo que le había ordenado la Corte.

El martes pasado, el juez Carlos Mahiques, que preside la Sala de feria, rechazó abocarse al tema Blaquier. Sostuvo que, como no estaba la libertad de los imputados en juego, no correspondía que la Casación tratara la cuestión --altamente sensible por tratarse de uno de los empresarios más poderosos del país--. La Secretaría de Derechos Humanos presentó un recurso para que el tribunal reconsiderara su posición y el fiscal Colombo respondió que no correspondía esconderse tras reglamentos para seguir demorando una causa por hechos ocurridos hace más de 45 años.

El martes, al filo de la medianoche, la defensa de Blaquier y Lemos pidió que posterguen la decisión. Los abogados encabezados por Valerga Aráoz apuestan a que la Sala IV vuelva a analizar todo el expediente y a que Blaquier, que el mes que viene cumplirá 94 años, siga ganando tiempo para esquivar la justicia.

Una de las curiosidades del escrito que llegó a Casación es que Blaquier protesta por una supuesta campaña mediática de la oficina que dirige Pietragalla Corti en contra porque se publica en redes sociales cómo avanzan (o no) los expedientes en los que está imputado. La difusión de las noticias judiciales fue caracterizada por la defensa del empresario como una “intolerable injerencia de un poder estatal sobre otro”. Y aprovechó también para protestar porque se haya puesto un cartel que señalizaba la responsabilidad de Ledesma con los crímenes de la última dictadura.