El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, formalizó la imputación contra un comisionista por el delito de contrabando de exportación de granos, agravado por el número de intervinientes. Además, el juez dispuso que quede en prisión preventiva, atendiendo a las consideraciones del fiscal general Eduardo Villalba sobre la gravedad del hecho y la posibilidad de fuga del acusado. 

El comisionista reside en la ciudad de Tartagal, a poco menos de 55 kilómetros de Salvador Mazza, pueblo que linda con el Estado Plurinacional de Bolivia. La audiencia de formalización de la acusación, realizada el 6 de este mes, se hizo en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a menos de 48 kilómetros de la frontera con el vecino país, esta vez a través del pueblito de Aguas Blancas. El escenario de los hechos ya da cuenta de la mayor posibilidad de salir del país. 

En la presentación del caso en esa audiencia, la auxiliar fiscal Roxana Gual detalló el inició de la investigación que derivó en la detención del acusado, el 5 de agosto, cuando circulaba en un vehículo en el cruce de la ruta nacional 34 y el acceso a la ciudad de Orán. 

Según explicó la auxiliar fiscal, las actuaciones preliminares surgieron de un informe presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que se dio cuenta de tareas de control realizadas en febrero pasado en el peaje aduanero de Salvador Mazza, en el límite fronterizo con Bolivia.

En ese control la AFIP detectó que entre el 17 y el 18 de febrero pasado se registraron 117 permisos de transporte de granos, de los cuales 103 fueron anulados por advertirse ciertas irregularidades.

Al revisar los documentos, en los que se consignaron datos como el origen, destino de la carga y patentes de los camiones utilizados para el transporte, el personal de la AFIP cotejó el paso de cuatro de esos vehículos cuyas cartas de porte (CTG) habían sido anuladas. 

Una finca en Campo Durán 

A partir de esos datos, ya con la colaboración de la Gendarmería Nacional, ubicaron los camiones en una finca de la localidad de Campo Durán, en el paraje El Algarrobal, a 21 kilómetros de la frontera con Bolivia.

Entonces la fiscalía pidió al juez federal de Garantías de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, el allanamiento de la finca, donde efectivamente se encontraron los cuatro camiones con una carga de 30 toneladas de soja cada uno, pero además se sumaron otras 20 toneladas que ya habían sido descargadas en la propiedad, con lo cual se llegó a un total de 140. 

En el allanamiento, tanto el propietario de la finca como los camioneros identificaron al acusado como la persona que los contrató. Los choferes dijeron que fueron contactados por este hombre con quien se reunieron en Tucumán, donde acordaron el transporte desde Santiago del Estero a Salvador Mazza, y les dijo que iba a darles la documentación necesaria para el traslado.

Además de estas pruebas, y otras, la fiscalía resaltó los informes de registro de llamadas y geolocalización del teléfono del imputado.

Otro dato que se destacó en la audiencia es que luego del allanamiento el acusado cambió de modalidad y buscó un nuevo permiso de la AFIP, mediante el cual intentaba garantizar el paso de los camiones con carga de granos, ya sea de soja u otro cereal, siempre con destino a Bolivia y de manera ilegal.

Perjuicio al Estado Nacional 

La fiscalía imputó al comisionista el delito de tentativa de contrabando de exportación, en calidad de partícipe necesario, agravado por la participación de tres personas. Y no descartó la probable comisión de otras figuras delictivas.

El fiscal Villalba resaltó la gravedad del hecho, señaló que es parte de un fenómeno criminal que en los últimos años creció de manera exponencial en la zona de frontera, lo cual generó a su vez un gran perjuicio al Estado Nacional por la evasión fiscal en la comercialización de grandes cantidades de granos.

La fiscalía requirió la prisión preventiva del acusado, fundada en el riesgo de fuga, la naturaleza del hecho, el peligro de entorpecimiento de las tareas investigativas aún pendientes y en la expectativa de pena, que excede la prisión en suspenso.

La defensa, no objetó la acusación ni a la prisión preventiva, aunque sí solicitó que sea con la modalidad de arresto domiciliario, por razones de salud de su cliente. 

En la formalización de la acusación el juez Montoya, en la que dictó la prisión preventiva, resaltó la gravedad de los delitos investigados.