Organizaciones sociales y trabajadores del sistema público de salud denunciaron que un médico ecografista que fue separado de su cargo en el Hospital Piñero en noviembre 2019 por denuncias de abuso sexual, sigue atendiendo pacientes en el Hospital Grierson, como si nada hubiera pasado. Por ese motivo exigieron respuestas a las autoridades de salud: “Esta situación deja al descubierto la falta de protocolos de actuación en el Ministerio de Salud de CABA ante las distintas formas de violencia basada en género. Como contracara, es la lógica patriarcal y machista la que rige las acciones y decisiones de las distintas autoridades. En este caso, como en tantos otros, vemos que el traslado termina siendo la forma de encubrir y resguardar a los abusadores”, apuntaron.

Además, se conoció que el médico, J.C.I., tiene dos denuncias penales en su contra por abuso sexual, una radicada radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 13, en la que mañana se le tomará declaración indagatoria y otra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 52. Una es de 2019 y otra de 2020. Si bien no se pudo confirmar si los delitos de los que se lo acusa ocurrieron en el ejercicio de su profesión, el hecho de que una denuncia sea posterior a la separación de su cargo en el Piñero genera indignación porque justamente toda medida de separación de la relación con pacientes buscaba evitar que otras mujeres pasaran por situaciones de abuso similares.

En el caso interviene la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja en un recomendación para que se separe al médico acusado de todo trato con pacientes hasta tanto se esclarezcan los hechos que lo tienen involucrado. “Resulta inentendible que el médico desarrolle tareas en contacto con pacientes luego de los antecedentes puestos efectivamente en conocimiento de las autoridades respectivas”, dijo a Página/12 María Elena Naddeo, titular del Programa de Atención de Niñez Adolescencia y Género del organismo. También cuestionó la falta de comunicación entre los distintos hospitales de la Ciudad, que los convierte en “unidades aisladas entre sí, que desconocen las denuncias y/o investigaciones que recaen sobre sus agentes por cuestiones tan sensibles como hechos de violencia de género perpetradas contra pacientes”.

Como denunció este diario hace casi dos años, el ecografista J.C.I fue separado de sus tareas del Hospital General de Agudos “P. Piñero” hasta tanto se esclarecieran varias denuncias por violencia sexual en su contra realizadas por parte de mujeres a las que les practicó ecografías vaginales y transvaginales. Según el relato de las víctimas, el profesional aprovechaba la situación de indefensión que coloca a las mujeres en ese tipo de estudios y les tocaba la vulva (incluido el clítoris), excediendo cualquier protocolo de actuación para estos casos.

A pesar de este recorrido y las acciones de resguardo tomadas, tiempo después las organizaciones sociales se enteraron de que este médico había concursado un cargo en el Hospital Grierson y que desde fines del 2020 atiende allí.

“Comunicamos de esta situación a autoridades del Ministerio de Salud en diciembre del 2020 y al mismo tiempo a la Defensoría del Pueblo. Desde este organismo se elevó un oficio al Hospital Grierson en ese mismo mes y el hospital acusó recibo en enero de 2021. A pesar de todo esto, el profesional continúa realizando tareas asistenciales hasta el día de la fecha. Las respuestas de las autoridades del Grierson fueron las mismas que en 2019 recibimos en el Piñero agregando que 'no hay antecedentes penales que inhabiliten el concurso', 'no sabíamos nada', etc.”, informaron las organizaciones.

Idénticas respuestas recibió la Defensoría del Pueblo por parte de autoridades del Hospital Grierson, que incluso justificaron su falta de acción al decir que el ecografista no realiza ecografías ginecológicas sino renales, abdominales e informes de Rx, como si no pudieran darse situaciones de abuso sexual de pacientes en esas circunstancias.

Fuentes del organismo dijeron a este diario que el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad debería haber tomado medidas para que J.C.I y “cualquier otro/a agente en análoga situación, continúe prestando tareas sin tener contacto directo ni físico con pacientes. Más aún, si se realiza un concurso profesional para cubrir un cargo médico como sucedió en el Hospital Grierson con posterioridad al inicio del sumario administrativo correspondiente”. 

Además, insistieron en la gravedad que implica que, habiendo tomado conocimiento de la situación, las autoridades del Hospital Grierson defendieron “la designación de éste médico en virtud de un 'concurso' que no puso en consideración las investigaciones que se cursaban contra el 'concursante' para un cargo público”. Por todo esto, la Defensoría trabaja en una recomendación para que J.C.I “cese tareas que impliquen tomar contacto físico con cualquier tipo de paciente, asignándosele otro tipo de tareas hasta tanto se resuelvan las investigaciones judiciales y administrativas”. También recomendará que se inicie un proceso a fin de que el Ministerio de la Salud de la Ciudad apruebe un Protocolo de Acción Institucional para casos de Violencia de Género. “Cada hospital debería contar con protocolos de intervención y prevención de violencia, así como existen en las universidades y establecimientos educativos”, apuntó Naddeo.

Finalmente, las organizaciones exigen “una respuesta rápida y efectiva ya para resguardar la integridad psico-física de todes les usuaries del sistema de salud”.