El convenio que firmó la Municipalidad de la ciudad de Salta con la Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) para instalar un sistema de fotomultas quedó controvertido y se entiende que por el momento, en suspenso.

El Concejo Deliberante de la capital salteña aprobó el miércoles pasado por unanimidad, aunque con quórum estricto, una resolución en la que solicita al Ejecutivo Municipal, suspenda la ejecución total del convenio suscripto con Cecaitra, absteniéndose de poner en funcionamiento el sistema de fotomultas, por incumplimiento de los procesos administrativos previstos en la ordenanza ordenanza N° 5552/89, que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal.

La resolución, que se aprobó en la sesión ordinaria de esa tarde, estuvo precedida por una reunión ampliada de concejales con el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Daniel Nallar; el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, y los únicos dos jueces del Tribunal de Faltas Municipal, de un total de cinco, ya que hay vacancias no cubiertas.

La reunión, de casi tres horas y media, fue ríspida, por momentos muy poco amable y tensa, como consecuencia de que el Concejo Deliberante fue prácticamente ignorado en la gestión del convenio, que se aprobó el 3 de junio, mediante un decreto que contiene solo la aprobación y no el texto detalle de ese compromiso.

Por otra parte, los concejales quedaron sorprendidos cuando el presidente del Tribunal de Faltas, Cristian Abdenur, dijo que nunca tuvo el convenio en sus manos, que se estaba enterando en ese momento y tanto fue así que por gestión de una concejala le acercaron una copia.

La resolución del cuerpo de concejales está fundamentada en las respuestas que recibieron de los funcionarios durante la mañana de ese mismo día. 

Falta información

Los ediles concluyeron en que no se informó ni se aportó el plan de comunicación, información y concientización a los vecinos de Salta con respecto al sistema de control electrónico y fotomultas que pretende instalar en la ciudad. Asimismo, no se dio a conocer ni se aportó durante la reunión el relevamiento inicial, piedra fundamental del proyecto, indicado en la cláusula quinta del convenio entre la DEM y Cecaitra.

No se informó si se instalarán equipos electrónicos adicionales a la propuesta inicial indicada en el convenio; tampoco se aportó documentación mediante la cual se pueda realizar una evaluación de la inversión que ejecutará Cecaitra ni de los importes unitarios de cada equipamiento instalado, tampoco quedó definido cuánto deberá abonar la Municipalidad a la empresa, en el caso de que se vandalicen o roben equipos. Y que los jueces del Tribunal Administrativo de Faltas expresaron sus dudas con respecto a la capacidad de ese tribunal para llevar adelante los actos procesales, tampoco se informó ni se aportó documentación sobre la constitución del fideicomiso, ni sobre los costos que tendrá. De acuerdo al convenio ese fideicomiso se formalizará en el Banco Macro.

Otra de las objeciones es que surgieron dudas acerca de la legalidad del convenio con respecto a la violación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 en su artículo 69 inciso F, el cual establece claramente la prohibición del otorgamiento de gratificaciones del Estado a quienes constaten infracciones, y también, que el convenio no fue publicado como anexo del decreto 248 en el Boletín Oficial.

El proyecto de resolución solicita en el artículo segundo que el Tribunal de Cuentas se expida sobre ese acuerdo, ya que hasta el momento el órgano de control lo hizo sobre un proyecto de acuerdo y encomienda finalmente al área legal del Concejo Deliberante que verifique el acatamiento a la suspensión y que ante el incumplimiento, se disponga el inicio de las acciones legales con la finalidad de suspender judicialmente la ejecutoriedad del convenio.

Periodistas que cobran 350.000 dólares

En uno de los tramos más intensos de la reunión, la concejala Paula Benavides (Salta Independiente), recientemente reelecta, preguntó si “se habían tenido en cuenta los antecedentes jurisprudenciales, respecto de la aplicación del sistema de fotomultas" y también "los antecedentes judiciales que tiene la empresa que ha sido condenada hasta penalmente”.

El secretario Legal y Técnico Daniel Nallar respondió que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación multiplicidad de veces ratificó la legalidad y constitucionalidad de las cámaras”.

Añadió que “la Corte siempre exigió lo mismo, nunca pidió que haya personas paradas registrando o haciendo un papel, sino pidió la homologación correspondiente, que en la Argentina está dada por el INTI”.

Insistió en que “estas cámaras están todas homologadas por el INTI, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial" y en que "Cecaitra al ser la Cámara que concentra a todas las empresas de seguridad vial de la Argentina es la única que tiene una homologación absoluta, tanto de la agencia nacional, como de parte del INTI”.

Respecto a los antecedentes penales a los que aludió la concejala, Nallar dijo: “Yo no quiero meterme con la opinión sobre Cecaitra, ni los 350.000 dólares que cobran algunos periodistas para hablar en la televisión. Lo que sí le puedo decir es que Cecaitra como institución no tiene en este momento, porque lo hemos verificado desde nuestra Secretaría Legal y Técnica, imputación alguna, ni como institución, ni sus directivos”.

“Lo que alguna vez se vio en la televisión, bajo ese pago que le comenté, es una objeción a la Universidad Nacional Tecnológica, que estaba trabajando con uno o dos municipios que desconozco, en los cuales Cecaitra no interviene y las cámaras habían sido colocadas por Cecaitra”.

Dijo además contar con un dictamen de la Oficina Anticorrupción, que “exime a Cecaitra, que es nuestro contratista, de cualquier tipo de imputación”.

Posteriormente, ya en el tramo final de la reunión, cuando el concejal José García (Partido Fe) pidió un estimado de la recaudación a la que accederá Cecaitra y le indicó que esa organización no tiene buenos antecedentes, el secretario Legal y Técnico dijo que investigaron "de punta a punta, no aparece en ningún lugar, más allá de que haya un periodista que cobró 350.000 dólares para afectar a un rector de la Universidad Nacional Tecnológica, porque Fernández lo estaba por nombrar ministro; la realidad es eso que salió a la luz; en todo caso, quienes sin sacar fotos chorean, son esos y habría que poner la vista ahí, pero lo dejemos, porque no tiene nada que ver con esta discusión”.

"A mí me importa que quien va a venga a colaborar con la Municipalidad sea una empresa que no tenga antecedentes de ningún tipo y así actuamos y así investigamos y llegamos a esta conclusión que yo le digo ahora, después lo que pasó con un periodista en su programa y lo que cobró para hablar, no es un tema que a mí me incumba”, insistió.