El juez federal Sebastián Casanello resolvió este miércoles enviar a los tribunales federales de San Isidro la causa en la que se investiga si hubo una violación de los decretos dictados para evitar la propagación del coronavirus durante la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, ocurrida en julio del 2020 en la Quinta de Olivos, que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández.

El magistrado declaró la “incompetencia” de su juzgado “en razón del territorio” en el que ocurrieron los hechos investigados, al tiempo que consideró que le corresponde intervenir a la justicia federal de San Isidro, “con jurisdicción en Olivos”, donde se encuentra la quinta presidencial.

Casanello ordenó que el expediente sea remitido al juzgado de San Isidro “que por turno corresponda”. En dicha jurisdicción hay dos juzgados: el de turno es el que encabeza Lino Mirabelli, mientras que el otro es el de Sandra Arroyo Salgado, quien ya tramita otra denuncia por los mismos hechos, según Télam.

Al declararse incompetente, el juez sostuvo que tanto la denuncia que dio origen al expediente, como los dictámenes del fiscal Ramiro González y la actividad probatoria, “dan cuenta de que los hechos (...) tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires”.

"No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia. Aquí, según los recortes hechos en las denuncias - recogidos por la Fiscalía-, el lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", agregó Casanello. 

La resolución se produjo cuando Casanello debía definir el planteo de inconstitucionalidad formulado contra los decretos presidenciales por la defensa de una de las imputadas, Stefanía Domínguez, al cual ya se había opuesto el fiscal González, quien tiene delegada la investigación.

En esta causa están imputados el Presidente, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20”.

El Presidente pidió su sobreseimiento por considerar que no hubo delito ya que el encuentro no generó contagios a propios ni a terceros, y además ofreció una reparación económica consistente en donar por cuatro meses la mitad de su salario al Instituto Malbrán.