El juez de Garantías 1 de Orán, Francisco José Oyarzú, ordenó la elevación a juicio de la causa contra una madre de 26 años, a quien la fiscala Claudia Carreras acusó por del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo luego de que sus hijxs de 4 y 6 años fallecieran en el incendio de su vivienda precaria cuando había salido a comprar alimentos y quedaron sin supervisión.

Oyarzú rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de la mujer.
La causa fue radicada en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, y el trámite seguirá a cargo del juez Aldo Primucci.

El hecho que se investiga sucedió el 9 de febrero pasado en una vivienda de la localidad de Colonia Santa Rosa, en ocasión en que la mujer habría dejado encerrados con llave en una habitación a sus hijxs, de 4 y 6 años. En ese momento se produjo un incendio en el lugar, lo que provocó el fallecimiento de lxs niñxs.

Vargas maternaba sola en la precariedad. Su expareja y progenitor de lxs niñxs no le pagaba la cuota alimentaria y la Justicia no había establecido los alimentos provisorios pese a la demanda realizadas por la madre. La joven y sus hijos vivían en una casilla de madera prestada, el padre de sus hijxs tampoco le garantizaba un lugar seguro donde vivir, ni desarrollaba las tareas de cuidado para que ella pudiera salir a trabajar. La fiscala, sin embargo, se basa en una denuncia realizada por este hombre contra Vargas, que además manifestó que fue víctima de violencia de género.

"Vargas ha sufrido iniquidades por parte de esta persona (su expareja). El hombre este, cada vez que ella le iba a pedir lo que le correspondía por alimentos, le decía que debía tener relaciones sexuales con él" a pesar de que "ya estaban separados. Eso fue denunciado. Es lamentable lo que la Justicia está haciendo", sostuvo el abogado Pablo Cardozo Cisneros.

El letrado viene trabajando en la defensa de Vargas, señaló que se trata de una mujer que ha sido víctima de muchas vulneraciones a sus derechos, y de delitos graves, que no se mencionaron en los medios hasta el momento para no exponerla más. Sin embargo, Cardozo Cisneros dijo que no se aplica perspectiva de género desde la Fiscalía ni desde el Juzgado de Garantías. "Hacer Justicia es poner a la persona en el justo lugar", sostuvo el letrado y explicó que eso implicaría que se tenga en cuenta el contexto en que se dan las circunstancias que provocaron el incendio, y el fallecimiento de lxs niñxs por lo que Vargas terminó imputada. 

El abogado dijo que en ningún momento Vargas fue asistida por los organismos de Justicia, y que incluso cuando un testigo refirió conocer que la joven fue víctima de un delito grave, la fiscala omitió investigar. "Hay cosas muy dolorosas (en la historia de Vargas)", manifestó el abogado y señaló que la Fiscalía tiene el deber de investigar. 

Cardozo Cisneros contó que hubo una presentación de amicus curiae realizada por la Fundación MujeresXMujeres. También indicó que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó otro escrito en el que considera que la responsabilidad es estatal y que no hay pespectiva de género en las resoluciones judiciales respecto a Vargas. 

La referenta del Plenario de Trabajadoras, Gabriela Jorge, dijo a Salta/12 que presentarán desde la organización otro amicus curiae en la causa con adhesión de diversas agrupaciones sociales y del colectivo de mujeres y LGBTIQ. 

Jorge señaló que la carátula con la que se llevará a juicio a Vargas prevé una condena de hasta 20 años de prisión. La referenta dijo que en la causa un subcomisario del barrio Las Palmeras dio cuenta, en un informe, de la situación "de miseria completa en la que vivía Yolanda". Sin embargo, evaluó que la fiscala no tuvo en consideración el contexto en que se produjo el incendio y la muerte de lxs niñxs.

Vargas tenía una zapatilla de enchufes en la que conectaba todos los aparatos eléctricos, Jorge dijo que era una mujer que vendía maicenitas para sobrevivir y por ende no tenía los recursos para acondicionar la conexión eléctrica en la casilla prestada en que vivía. Esta conexión precaria habría provocado el incendio. 

"Consideramos que hay que seguir desarrollando una movilización y pronunciamiento. Tomar en sus manos la justicia ante este atropello", sostuvo Jorge. Por ello convocan a las organizaciones sociales y a las mujeres que estén afrontando situaciones como las de Vargas a una reunión en Santiago 971, hoy a las 18. Luego de ese encuentro definirían una agenda para desarrollar un pronunciamiento y acciones en defensa de Vargas y contra lo que señaló como "una Justicia clasista y arbitraria contra las mujeres y trabajadoras".

Desde la imputación de Vargas, hubo diversos pedidos por su libertad en un primer momento cuando fue detenida, y luego por su sobreseimiento. Las organizaciones feministas, sociales y políticas hicieron llegar al procurador Abel Cornejo y al Poder Judicial 400 firmas recolectadas en un petitorio para que Vargas sea sobreseída. Algunas de las firmantes son la cineasta Lucrecia Martel, la socióloga e historiadora Dora Barrancos y la escritora Selva Almada, quienes se pronunciaron en defensa de la mujer pero no bastaron estas acciones para evitar que llegara a esta instancia en la que será juzgada en un Tribunal de Juicio.

Almada había señalado que la muerte de lxs niñxs de Yolanda "es producto de la misma misoginia que acaba asesinando a una mujer cada 28 horas". La escritora sostuvo que la situación en la que vivían ella y sus hijos, "en la desprotección, en un contexto donde Yolanda sufría violencia de parte de su expareja son efectos de la misoginia. En esto el Estado que se corre, que mira para otro lado, que se olvida de las mujeres pobres que crían solas a sus hijos, es absolutamente responsable".