La Fiscalía de Delitos Económicos de la provincia, a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, ya estudia la denuncia penal que recibió de parte de la Auditoría General contrala empresa Aguas del Norte, por incumplimientos en el plazo de ejecución de una obra y la redeterminación de los montos iniciales, a favor de la firma Moncho Construcciones para la construcción de la onceava Colectora Máxima de la ciudad de Salta.

En el documento del organismo de control se indica que en la licitación pública 34 de finales de 2015, se otorgó un anticipo de casi $46 millones a dicha empresa. Y que el total presupuestado para la obra era de de $152.424.388, con un plazo para su finalización de 18 meses desde la firma del contrato, que finalmente se subscribió el 25 de enero de 2016.

Sin embargo, llamativamente la Auditoría detectó que el acta de inicio de las obras se rubricó el 9 de febrero de 2017, más de un año más tarde y sin explicaciones. Pero además, debido al tiempo transcurrido, Moncho Construcciones solicitó una redeterminación de los montos por $124.193.631 más. Lo que, tras algunas negociaciones, terminó elevando el precio a más de $210 millones.

Pero esa no fue la única redeterminación de precios que solicitó esa firma y que le autorizaron desde Aguas del Norte, sino que hubo otras durante el transcurso de los dos años siguientes: “Se efectuaron redeterminaciones de precios sobre el monto total del contrato sin deducir el anticipo financiero”, alertó el ente de control. Y agregó que de acuerdo a lo especificado en el artículo 40 del Pliego de Condiciones Particulares, “El porcentaje del Monto de Obra otorgado como anticipo (30% por ciento), quedará excluido de los procedimientos de redeterminaciones de precios si correspondiere la actualización del saldo de obra”.

El informe también expresa que se observó una mora de 385 días entre la fecha de inicio de la obra, en febrero de 2017, y la fecha de suscripción del contrato, y que tenía un avance físico del 48.71%, “según el último certificado (realizado el 6 de agosto de 2018) de obra verificado durante las tareas de campo de la Auditoría”.

El titular de Aguas del Norte, Luis María Salado, dijo a Salta/12 que se enteró de la denuncia por los medios, ya que aún no recibieron ninguna notificación de la Justicia. Añadió que le hubiese gustado que desde la Auditoría se lo informen o le pidan algún dato más, y resaltó que le resulta muy subjetiva la manera de actuar del organismo de control en cuanto a sus denuncias.

De todas maneras, comunicó que estuvo realizando averiguaciones, y esa investigación tiene que ver con obras que se realizaron con fondos de la provincia en años en los que él no estaba al frente del organismo.

Según entendió García Salado, quien reiteró que recién cuando tenga copia de la denuncia podrá brindar más detalles, esa obra se licitó en 2015, el contrato se firmó a principios de 2016, pero la ejecución de los trabajos se inició recién en 2017, por lo que la irregularidad se encontraría en las redeterminaciones posteriores en cada certificación de obra, que terminaron incrementando el valor en más del doble de su precio inicial.

“Esa obra tuvo 15 redeterminaciones hasta su culminación en el 2019”, explicó García Salado, y detalló que el organismo que maneja, la recibió recién en 2021 “porque tenía una serie de falencias, que son comunes, y que teníamos que pedir que las corrijan”.

Asimismo, intentó adelantar que la investigación debe correr sobre la demora en el inicio y la ejecución de la obra, que se debía terminar por contrato, un año y medio más tarde desde que se rubricó. Pero a su vez, por la cantidad de veces que se adecuó su valor, y que terminó costando más de $460 millones de los $152 millones iniciales.

De todas maneras, reiterò que esa información se la podrán pedir a los ingenieros e inspectores de obra de aquel entonces, “y que deben estar documentados en las carpetas de esa obra”, una vez que tengan la denuncia en sus manos. Aunque aclaró que las demoras “muchas veces suceden por distintos factores, como las lluvias”.

“A mí la Sindicatura de la provincia me pidió, tanto el año pasado como este año, informes de la gran mayoría de las obras del Fondo de Reparación Histórica y las del Bicentenario, ellos tienen toda la información, sin embargo, no dijeron nada hasta ahora”, explicó con respecto a la manera de actuar de su organismo ante las autoridades de control. Y afirmó que desconoce de dónde obtuvo la Auditoría esos datos y determinó avanzar en una denuncia penal contra ese estamento sin una consulta previa, “a mí no me pidieron nada”, insistió.

García Salado contó que hoy esa empresa no presta servicios para Aguas del Norte debido a que por lo general se dedica a grandes obras, y ese organismo “no tiene los fondos y la capacidad para enfrentar esos compromisos, sino que licita por cuenta y orden de la provincia en algunos casos especiales.

Desde la Auditoría General de la provincia sostuvieron que los dichos de García Salado no son trascendentes en la investigación, y que la presentación a la fiscalía se hizo sobre la base de los antecedentes que ya tenían desde que desde 2019 comenzaron a auditar a la entidad proveedora de agua. “No hacía falta pedir más información”, acotaron. Mientras que su presidente, Gustavo Ferraris, se excusó de hacer declaraciones “hasta que el fiscal se expida sobre la presentación”.