Las gravísimas acusaciones que profirió Elisa Carrió cuando asumió Aníbal Fernández y los insultos contra Axel Kicillof por parte de Luis Juez --ganador de la interna macrista en Córdoba-- forman parte de un modo de hacer política que Javier Milei llevó a su máxima expresión. La práctica de esconder el contenido con el insulto y la vociferación o la denuncia se sustenta en la infantilización de la sociedad y una regresión de la política a emociones primarias. La captura del discurso político por consultoras que priorizan el resultado por encima de la ética y los principios produjo este fenómeno que se instaló con Jaime Durán Barba como consultor de Mauricio Macri.

La fórmula de Durán Barba, que se jactaba de haber llevado al suicidio al adversario de su cliente, se basa casi exclusivamente en la difamación por distintas maneras, ya sea desde campañas mediáticas, hasta causas judiciales que duran una eternidad y mucho después se caen porque no se sostienen con pruebas.

La irrupción abrumadora de esta metodología que rompió reglas de juego y convivencia básicas tomó por sorpresa a la política argentina. Pero su eficiencia depende en gran medida de la fuerza del impacto. Para eso contó con la complicidad de los servicios de inteligencia y sus ligazones con las corporaciones mediáticas y un sector del Poder Judicial consustanciados con los intereses económicos que representa el macrismo.

De esa geometría de mecanismos, comunicadores, espías y funcionarios judiciales surgió un esquema judicial para la persecución política que en todo el mundo se conoce como lawfare. El operador local de ese esquema, Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, reconoció de alguna manera su responsabilidad en esa práctica delictiva al escapar de la justicia y resistir su extradición desde Uruguay.

La Comisión de Refugiados de Uruguay ya determinó que no es un refugiado sino un simple prófugo de la Justicia argentina, lo que llevará a una decisión de los tribunales uruguayos en el mismo sentido. Pepín tiene un pedido de Interpol para su captura y está en proceso de expulsión del Parlasur, al que integraba como representante del macrismo.

Pepín, el estratega de esta mafia, era parte del entorno de Elisa Carrió, que eligió el momento de la asunción del ministro de Seguridad para retomar, --tras cinco años de no probar nada--, las acusaciones de mafioso y demás barbaridades que enchastran la moral del que las formula por puro ensañamiento político.

Como estratega de esa mafia, Pepín orquestó la designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto. Aunque debió hacerlo después por la vía institucional, el prófugo fue el arquitecto de la actual conformación del máximo tribunal, y los dos jueces que promovió, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, acaban de convertirse en presidente y vice de la Corte.

En la elección participaron ellos dos, que se autovotaron, y otro juez, Juan Carlos Maqueda, porque los otros dos integrantes no pudieron asistir. O sea que entre tres personas eligieron a quienes pueden anular un decreto presidencial, como hicieron con los recaudos sanitarios que había decretado Alberto Fernández durante la pandemia, o declarar inconstitucional la ley de medios que había aprobado el Congreso. Entre tres personas se distribuyeron un poder superior al del Congreso y al del Presidente, que son elegidos por el voto de millones de argentinos. Como señaló el juez Eugenio Zaffaroni en este diario, ese mecanismo institucional es opuesto a un diseño democrático.

Carrió acusó a Aníbal Fernández “de conocer a todas las mafias”, pero quien las conoce es ella que, incluso llegó al extremo de recibir en su hogar a uno de los mafiosos relacionados con el triple crimen para que incrimine a Fernández. Cuando lo llevaron a declarar ante un juez, el hombre se desdijo de todo lo que había sugerido. Pero la relación de Pepín con Carrió y con Macri es reconocida en todo el mundo político.

Lo que más llama la atención de la denuncia de Carrió ya no es su contenido, terrible, sino la poca reacción que genera. Si le creyeran tendría que haber tal escándalo que provocaría la renuncia del ministro. Es evidente que no le creen ni sus propios seguidores. Aunque saben que son mentiras, sus simpatizantes celebran y naturalizan estas denuncias falsas contra un adversario, lo cual es una degradación de la política.

Como suele suceder en comunicación, los mecanismos de impacto suelen perder fuerza rápidamente. Los políticos que mantienen este recurso, como ahora lo utiliza Javier Milei, son los que menos tienen para proponer o los que más tienen para ocultar.

Un ejemplo fue Graciela Ocaña que fue renunciada por inepta como ministra de Salud del kirchnerismo y se pasó a la oposición. Nadie recuerda su paso por ese ministerio que siempre ha sido estratégico para el peronismo. Para hacer campaña desde la oposición, eligió al área donde había sido desairada por sus exaliados y presentó una denuncia por corrupción en el Plan Qunita, quizás el más sensible y solidario porque cuidaba a recién nacidos y sus madres. Fue una denuncia sin sustento, pero fue aceptada por Claudio Bonadio, el juez encargado de la persecución al kirchnerismo. Finalmente se demostró que la denuncia no tenía sustento y ni siquiera se le tendría que haber dado curso.

El otro ejemplo es el de Luis Juez, que esta semana calificó de “pelotudo marca cañón” al gobernador bonaerense Axel Kicillof por supuesto mal manejo de la pandemia, cuando ha sido uno de los que mejor desempeño tuvo porque debió enfrentar a la peste en el distrito más difícil. Pero Juez es un político histriónico que ha ganado su lugar haciendo chistes. Y cuando estuvo en la gestión, como embajador en Ecuador, tuvo que ser destituido por sus correligionarios del macrismo porque había insultado públicamente a los ecuatorianos. Es regla que la violencia que implican estos insultos o las denuncias falsas proviene de dirigentes ineptos en la gestión. No pueden mostrar nada que hayan logrado.

Entre las reverberancias del resultado electoral, los cambios en gabinetes nacional y provinciales, los insultos de Juez y las denuncias de Carrió, el país empezó a vislumbrar la salida de una etapa nefasta marcada por la pandemia planetaria que derrumbó las economías y provocó miles de muertos.

El gobierno hizo numerosos anuncios en el plano social y económico para asistir a los sectores más golpeados y para reactivar a la economía. La pandemia no afectó solamente el ámbito de la salud, sino todos los ámbitos de la vida, lo económico, pero también lo cultural, lo social, la seguridad, el esparcimiento, la educación y demás. De todos los programas anunciados, hay uno que merece destacarse: El gobierno habilitó cinco mil millones de pesos para el fondo “Volvé a la escuela”, que será administrado por el Ministerio de Educación. Se trata ir a buscar casa por casa, alumno por alumno para que vuelva a clase cerca de un millón de estudiantes secundarios y 700 mil de primaria que abandonaron o vieron afectados sus estudios por la pandemia en todo el país.