La cantidad de desplazamientos forzados en Colombia aumentó en un 135 por ciento en lo que va del año en comparación a 2020, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo además recordó que Colombia tiene el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo: un total de 8,3 millones de personas hasta fines de 2020. La comisión pidió al gobierno de Iván Duque aplicar medidas urgentes ante los desplazamientos forzado a raíz de las amenazas de grupos armados no estatales.
Desplazamiento forzado
Entre enero y agosto de 2021 la cantidad de colombianos y colombianas que tuvieron que desplazarse internamente aumentó en un 135 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020 según la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citada por la CIDH en un comunicado de prensa. “Las cifras indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas por parte de grupos armados no estatales”, indicó la Comisión. Mientras que según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia durante el primer semestre del año se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo que llevaron a la movilización forzada de más de 44 mil personas en el país. Para la Defensoría el número de desplazamientos internos se duplicó en comparación a los registrados el año pasado.
La comisión también se refirió al Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que ubica a Colombia como el país que más desplazados internos genera en todo el mundo. Hasta fines de 2020 registraron un total de 8,3 millones de personas desplazadas en el país.
Según la OCHA, la mayoría de los desplazamientos masivos tuvieron lugar en los municipios de Roberto Payán y Magüí (Nariño, donde el mes pasado ocurrió una masacre), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros departamentos. En Buenaventura, la Comisión se refirió a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que advirtieron que sólo entre enero y marzo de 2021 los desplazamientos afectaron a 3.625 personas. “En particular, indicaron que los hechos de violencia que habrían ocasionado el desplazamiento estarían vinculados al control territorial a fin de poder construir infraestructura portuarias y turísticas”, señaló la CIDH.
Líderes asesinados
El organismo también advirtió la preocupación de la sociedad civil por los desplazamientos en los municipios de Santa Rosa (Bolívar) y Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, donde el mes pasado fue asesinado el gobernador y guardia indígena Efrén Antonio Bailarín Carupia. En este sentido la CIDH expresó su preocupación por el desplazamiento individual y familiar que “termina afectando a una mayor cantidad de personas que los desplazamientos masivos”.
“Esto es particularmente relevante en el caso de personas con liderazgo social que tuvieron que desplazarse de sus territorios por amenazas”, detalló la comisión en el comunicado. “Las personas con liderazgo social cuya función es reclamara territorios pertenecientes a familias y comunidades desplazadas, se enfrentan a diversos actos de violencia, incluyendo el asesinato de las mismas”, alertó.
"Escasos avances"
La CIDH reconoció los esfuerzos que se realizaron desde el Estado
colombiano a través de medidas para fortalecer a la policía y su
articulación con las fuerzas armadas. Sin embargo, la comisión también evidenció que de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil “la respuesta no sería adecuada atendiendo la dimensión del fenómeno”. En este sentido, el organismo advirtió que recibieron información sobre “los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente, en los componentes que procuran mitigar las causas estructurales de la violencia". “Las organizaciones denunciaron la expansión de grupos armados no estatales que amenazan y expulsan a la población local de sus territorios; la reducción de presupuesto para la atención de contingencias; la ausencia o insuficiencia de la asistencia a las víctimas”, indicó la comisión en su comunicado.
Además según a Defensoría, los colectivos más afectados son los que enfrentan una “situación de vulneración histórica y estructural, tales como las comunidades étnicas indígenas y afrodescendiente (en el 59 por ciento de los casos) y la población campesina. El impacto diferenciado del desplazamiento interno también se extiende a las mujeres. La comisión se refirió a la información destacada por la Corte Constitucional de Colombia, que indica los riesgos específicos basados en el género: riesgo de violencia, explotación o abuso sexual, así como el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas y los obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.
La CIDH urgió al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones para prevenir el desplazamiento y garantizar los derechos de las personas afectadas. La comisión le recordó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la situación del desplazamiento se mantiene hasta que las personas puedan retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, digna y en condiciones de seguridad o que haya ocurrido su reasentamiento voluntario en otra parte del país”.
