La Auditoría porteña detectó una subejecución cercana al 80 por ciento en el programa de Actividades Inclusivas, destinado a los barrios del sur de la Ciudad. La presidenta de ese órgano de control, Mariana Gagliardi, remarcó en base al informe que es preocupante que “un
programa que apunta a la inclusión de los sectores más vulnerables de
la Ciudad de Buenos Aires, termina quedando a mitad de camino por la
subejecución de su presupuesto en el distrito con mayores recursos del
país”. Desde el Ministerio de Desarrolo Humano -del que depende el programa- negaron que haya existido la subejecución que describe el informe de la Auditoría y atribuyeron la merma de los recursos a la reestructuración del área: indicaron que el dinero se transfirió a otros programas. Desde la Auditoría advirtieron que las constantes modificaciones hacen virtualmente imposible hacer un seguimiento de los fondos.
La política del Gobierno porteño en las áreas sociales viene siendo foco de polémica, ya sea por los desalojos -como el reciente en la Villa 31- como por las distintas actividades y programas que sufrieron recortes. En concreto, el programa de Actividades Inclusivas es propagandizado en la web del Gobierno porteño como una serie de "cursos talleres y capacitaciones para los barrios del sur de la Ciudad". Incluyen desde talleres en cuestiones de género y hábitat, o de ciudadanía y convivencia hasta prácticas de deportes inclusivos.
Según el informe de la Auditoría de la Ciudad -aprobado por los auditores larretistas y sus aliados-, esos programas tuvieron una merma sustantiva en 2019 (que es el período que auditaron). Por ejemplo, los talleres de género tuvieron una ejecución sobre el total que se habían planificado para el año del 20,59 por ciento, los de Ciudadanía y convivencia, del 26,47 por ciento y los de deporte inclusivo, también poco más del 20 por ciento. El informe releva un período que es previo a la pandemia y a la discusión sobre la coparticipación porteña, a partir de la cual Horacio Rodríguez Larreta hizo ajustes en todas las áreas, y en particular en la educativa.
El equipo de auditores también se encontró con que el programa de Actividades Inclusivas tuvo un recorte global del 79,23 por ciento. Desde el Ministerio niegan esto: "El informe de auditoría del ejercicio 2019 tiene foco en la ejecución del programa Inclusión Social, de la ex Secretaría de Hábitat e Inclusión, que fue disuelta en abril de 2019. Negamos rotundamente un vaciamiento del programa. Se trata, básicamente, de una disolución del área y los presupuestos fueron reasignados a otros programas", indicaron.
Desde la Auditoría señalaron que los constantes cambios de estructura "no permiten analizar con claridad a dónde van los recursos asignados" y destacan que hubo una serie de decretos entre 2017 y 2020 que fueron modificando las subsecretarías y áreas de aplicación, pese a los cuales los auditores buscaron hacer el seguimiento del dinero y de cómo se utilizó.
Pese a las dificultades, el equipo de auditores concluyó que no se dio información a la población para llevar adelante las actividades, que hubo falencias e irregularidades en el seguimiento de los proyectos y, sobre la base del programa original, calcularon un recorte de casi el 80 por ciento de los fondos.
Es bien distinta la ejecución que encontraron, por ejemplo, en análisis de los distintos programas del área. Un ejemplo en este cuadro sobre el programa 25 (el de Inclusión Social):
En este programa, los talleres tuvieron un cero por ciento de ejecución. Es bien distinto al dinero destinado a los centros comunitarios, que se ejecutó en un 92 por ciento.
La presidenta de la Auditoría advirtió, además, que dentro de este programa de Inclusión Social -que, de forma más amplia, busca consolidar proyectos comunitarios en las villas- el "99 por ciento de los subsidios otorgados se encuentran imputados en el Programa Presupuestario “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil”. Son unos 28 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que tercerizaron buena parte de las acciones.
"De los subsidios a las organizaciones de la sociedad civil a una sola
le pudieron pagar con el presupuesto del programa. A las demás, les
pagaron a través del programa 63 (el de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil) porque no tenían fondos suficientes.
Esto se debió a que hubo un cambio de estructura en el medio, lo que
demuestra mala planificación", advirtieron desde la Auditoría. De hecho, el informe advierte que el 96,18 por ciento del dinero utilizado en personal se hizo a través de otros programas.
