Casi a escondidas, acompañado por el puñado de jueces que avalaron su incorporación al máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques juró como miembro de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). Lo hizo luego de que ayer mismo Mauricio Macri lo designara por decreto, a contramano del rechazo que la propia Cámara había firmado la semana pasada. De esta manera y pese a declamar la independencia del Poder Judicial, el Gobierno se garantizó la incorporación de un hombre de extrema confianza en uno de los lugares más importantes de toda la pirámide judicial, justo debajo de la Corte Suprema. Además de intervenir en casos de lesa humanidad, como futuros pedidos de libertad por el beneficio del 2x1, Mahiques –que fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal– tendrá participación en causas de alto impacto político como el pago de sobornos de Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento. La firma y publicación del decreto presidencial para designar a Mahiques hizo dar un giro de 180 grados a los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos que pocas horas antes se oponían al traslado de su flamante colega.

Pese a que tramitan causas judiciales para frenar su designación, el macrismo finalmente logró meter por la ventana a Mahiques. Según fuentes judiciales, el nuevo integrante de la Sala II de la CFCP llegó al cargo a través de una serie de irregularidades constitucionales, legales y reglamentarias: en primer lugar, no se realizó el concurso de oposición y antecedentes correspondiente, pese a que ya existe uno abierto desde hace 4 años, del que Mahiques no participa. Tampoco se elevó una terna al Poder Ejecutivo, ni se publicaron las adhesiones e impugnaciones. El Senado no le prestó acuerdo como corresponde ante cada designación de magistrados. Al momento de firmar el decreto, no contaba con la conformidad de la CFCP (que en dos oportunidades se expresó en contra) ni se le pidió opinión a los magistrados de la Cámara de origen, la casación porteña. De hecho, ahora deberá iniciarse un concurso para cubrir la vacante que él dejó en ese tribunal. Entre los argumentos que esgrimió, Mahiques asegura que deja el cargo sin atrasos en su vocalía, lo que es desmentido por sus propios ex compañeros. 

A esas irregularidades se suma que Mahiques no es juez del mismo fuero: pasó de la Justicia ordinaria a la federal. Y tampoco proviene de la misma jurisdicción: pasa de la Ciudad de Buenos a todo el país.

En este contexto, el gobierno utilizó el viernes pasado la mayoría que posee en el Consejo de la Magistratura para autorizar de todas maneras el traslado del juez, sin tomar nota de esos cuestionamientos. Luego de pronunciarse el Consejo, la Cámara Federal de Casación Penal reiteró su rechazo y señaló que no le tomaría juramento. Lo hizo en el acuerdo firmado la semana pasada. La votación se dividió en 4 votos en contra (Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos) y tres a favor (Liliana Catucci, presidenta del tribunal, Eduardo Riggi y Juan Gemignani).  

“Esto demuestra que no van a ceder, que no los detienen ni las 500 mil personas que se manifestaron en la Plaza de Mayo. El acto inmediatamente posterior es este decreto mientras el Presidente se la pasó hablando de la independencia judicial. Es de un nivel de hipocresía enorme”, advirtió ante PáginaI12 una fuente judicial. En Tribunales hablaban de la “defección” de Hornos y Borinsky, que frente a la decisión presidencial decidieron cambiar de parecer.

Algunos de los casadores reclamaron que antes de tomarle juramento se le diera intervención a la Corte Suprema para que opinara. Recuerdan más de un antecedente en el que el máximo tribunal rechazó, en los 80 y los 90 maniobras similares del Poder Ejecutivo. De hecho fue Ricardo Lorenzetti junto a Elena Higton y Juan Carlos Maqueda quien frenó la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al avisarle a Macri que no le tomarían juramento a sus colegas. Finalmente el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás y realizar el procedimiento constitucional enviando las candidaturas al Senado para su acuerdo. Fuentes judiciales aseguraban que Lorenzetti tampoco estaba de acuerdo con el traslado de Mahiques.

Tras la jura de ayer, el ex ministro de Vidal podrá comenzar a actuar en la Sala II, completada por Ángela Ledesma y Slokar. En los pasillos del tribunal advierten que Mahiques dejó trascender su apoyo al fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a los represores. Su postura es acompañada también por Ledesma, que en otras ocasiones conformaba el voto minoritario frente a Slokar y Pedro David, el juez cuya jubilación habilitó la vacante.

De todas maneras, el traslado de Mahiques ya fue impugnado judicialmente. Tramita en el juzgado federal de La Plata a cargo de Alberto Recodo una denuncia del Abogados por la Justicia Social (AJUS) por las irregularidades cometidas en la designación. “La designación de Mahiques es una maniobra ilegal: va en contra de la normativa vigente en nuestro país. El oficialismo viola las normas que regulan el nombramiento de magistrados porque necesita en la Casación a un juez afín. Por ello, intenta nombrar al ex ministro de Justicia de la gobernadora Vidal”, sostienen Emanuel Deshojo y Mariano Lovelli, representantes de AJUS en la causa. Ahora debe opinar el fiscal y el juez decidir si otorga la medida precautelar solicitada.