Unas 166 millones de personas en América Latina y el Caribe, de un total de 667 millones, no tienen acceso a agua potable gestionada de manera segura, y otros 443 millones no pueden acceder a saneamiento. ¿Qué futuro responsable podrían brindar entonces los gobiernos a la disponibilidad de productos de gestión menstrual?, se planteó tras escuchar las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el fórum de la Agencia EFE, “Menstruación y Derechos Humanos en Latinoamérica”, donde exigieron visibilizar en las agendas públicas el derecho a una menstruación digna, que no desintegre las economías cotidianas ni la posibilidad de asistir a las escuelas y los ámbitos laborales. 

El mes pasado, en la presentación de su paquete económico para 2022, el gobierno de México propuso una iniciativa de tasa cero del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a todos los productos de higiene menstrual, y la gratuidad para colectivos históricamente discriminados. En caso de aprobarse, sería la primera vez que ese país encare una política tributaria con perspectiva de géneros. En la Argentina, el IVA a toallas, tampones y copas menstruales representa unos 328 millones de pesos de la recaudación nacional. Ese impuesto vulnera el principio de equidad de géneros, afecta el mínimo vital de las personas menstruantes y las obliga a sufrir una mayor carga fiscal. A casi un año del primer foro de acciones para alcanzar la Justicia Menstrual, sigue intacto el reclamo de funcionarixs, legisladorxs y activistas feministas por cambios urgentes en el sistema impositivo, y la ampliación del listado de marcas para incluir en el Programa Precios Cuidados. Hoy, unos 19 proyectos legislativos esperan su tratamiento en el Congreso para lograr una gestión menstrual sustentable, incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO) y sin IVA.

“La menstruación digna debe ser un derecho y será un derecho en América Latina, dado que contamos con decenas de colectivos feministas que luchan por ello”, concluyó en el fórum de EFE la economista colombiana especialista en género, Natalia Moreno, impulsora del movimiento Menstruación Libre de Impuestos, que en 2018 logró eliminar el IVA a los productos de higiene menstrual en Colombia. "En todos los países de América Latina, los gobiernos se siguen financiando con impuestos sexistas y la mujeres siguen pagando impuestos por menstruar", lamentó Moreno, y dijo que antes del fallo, los tampones y toallas higiénicas tenían en su país un gravamen del 16 %, mientras que los langostinos o los jet privados estaban exentos de IVA.