La Cámara de Diputados de Salta aprobó la extensión por 180 días más de la emergencia sociosanitaria en tres departamentos del norte provincial, que de esta manera cumplirá por lo menos dos años de vigencia desde que se sancionó por primera vez en enero del 2020, a raíz de una crisis por la seguidilla de fallecimientos de menores por desnutrición o deshidratación.

Esta es la segunda prórroga que aprueba Diputados para San Martín, Orán y Rivadavia, y que seguramente será confirmada en el Senado. En ambos casos fue por un plazo de seis meses, pero la iniciativa habilitaba al Ejecutivo a extenderla 180 días más de considerarlo necesario.

Primero la diputada Socorro Villamayor y luego, con un largo discurso, Patricia Hucena, fundamentaron la necesidad de continuar con esa condición excepcional y enumeraron las obras y los pozos de agua que se hicieron o están en marcha en los departamentos comprendidos en la emergencia.

“Estamos hablando de una crisis histórica y de carácter estructural, que a la situación deficitaria en infraestructura sanitaria, se le sumó la pandemia”, señaló Villamayor.

Si bien el proyecto fue aprobado de forma unánime, hubo reclamos de los diputados para que se realice un plan a largo plazo que permita abandonar la situación excepcional que impone la emergencia.

El radical Matías Monteagudo señaló que le era imposible no mencionar al Fondo de Reparación Histórica del Norte y al Plan del Bicentenario, “que prometían obras básicas también de manera excepcional con créditos que tomaba la provincia y que después se hicieron muy pocas”.

“Yo quiero que esas obras básicas se incluyan anualmente en el presupuesto y que se hagan de forma constante, para que no tengamos que recurrir a herramientas excepcionales”, indicó.

En similar sentido se manifestó Franco Hernández, que se refirió al detalle de las obras que dieron las diputadas Villamayor y Hucena, “la mayoría financiadas por el gobierno nacional”. Pero también se quejó de que esas obras se hagan de manera aislada y sin planificación: “Se necesita un plan sostenido e integral, es infructuoso continuar en un estado de emergencia”, y ejemplificó con un pozo de agua que se hizo en Salvador Mazza, pero que no fue conectado a ninguna red de distribución. “El pozo está, pero no sirve de nada porque nunca se planificó como hacer llegar el agua a donde se necesita”.

Cristina Fiore también dijo tener la “sensación de falta de planificación e improvisación del gobierno, porque al pedir una extensión por solo 180 días, con opción a 180 días más, parece que el gobierno no sabe adónde ir”.

Nuevamente se lamentó de que los proyectos de ley que llegan desde el Ejecutivo no cuenten con los suficientes fundamentos. “Me hubiese gustado que nos digan lo que hicieron en estos dos años, y lo que se espera hacer en estos 180 días que piden la emergencia, porque no terminamos de saber para que la necesitan concretamente”.

Y el reclamo se extendió también a la falta de respuesta a los pedidos de informes “en general, pero también específicamente relacionados con este tema. Desde que los pedí hace un año atrás no pasó nada. Y que sepan los funcionarios que es su responsabilidad y no se trata de una concesión simpática que nos hacen a los diputados cuando responden los informes”.

Por último, reclamó para que la Ley de salud intercultural sea reglamentada y se aplique plenamente.

Antes de que se cierre el debate, Baltasar Lara Gros pidió incluir la creación de una comisión bicameral de seguimiento para obtener detalles de lo que se hace en los tres departamentos en el marco de la emergencia, y también establecer que periódicamente concurran los ministros a brindar informes al respecto, pero desde el oficialismo desestimaron la solicitud e hicieron votar el proyecto tal cual lo envió el Ejecutivo.

Ahora será el Senado el que deberá darle sanción definitiva a la iniciativa, lo que posiblemente suceda en la sesión de mañana.

Aprobaron la ley de Ficha Limpia

Después de un par de idas y vueltas entre ambas cámaras, Diputados finalmente insistió con el dictamen propio y de esta manera, al obtener los dos tercios de los votos, el proyecto de Ficha Limpia se convirtió en ley. Ahora pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

De esta manera, cuando entre en vigencia, quedarán inhabilitadas para integrar las listas de candidatos, las personas que tengan alguna condena judicial en segunda instancia. Justamente, ahí radicaba la diferencia con la modificación que le hicieron en el Senado, que establecía que la prohibición fuera recién con una condena firme, agotadas todas las instancias de apelación.

Entre los argumentos dados por los diputados, justificaron que ya una condena en segunda instancia da un sustento jurídico suficiente para impedir que un ciudadano acceda a la posibilidad de ser candidato, porque esperar a una instancia de condena firme podría dilatarse en el tiempo y esa persona terminaría utilizando las diferentes instancias de apelación como un artilugio para permanecer impune.

Justamente, Héctor Chibán se lamentó de que la ley cae en una especie de laberinto, porque para que funcione plenamente señaló que se necesita de una Justicia eficiente y rápida, para aplicar las eventuales condenas. “Esta ley se puede convertir en una fachada cínica si la Justicia no actúa”, advirtió y ejemplificó con denuncias que hizo por sospecha de corrupción durante la gestión anterior y que los fiscales ni siquiera le dieron curso.

La nota la dio el diputado Gustavo Orozco, que le reprochó hasta a sus propios compañeros de bloque de no haberlo apoyado cuando denunció hechos de corrupción en Rosario de la Frontera. “Esta ley esta pensada para evitar que ingresen corruptos a la política, ¿pero que hacemos con los corruptos que ya están?”, se preguntó. Igualmente, consideró que esta normativa se puede convertir en una herramienta de disciplinamiento contra los opositores.

“La corrupción la investiga la policía, que depende del Ejecutivo, antes que esta ley, es más necesario crear un área independiente en la Policía para que investigue desde el gobernador para abajo, así vamos a llegar, por ejemplo, a las cuevas en donde los políticos cambian los dólares con la plata que roban. Esta ley es una fantochada más de esta Cámara”, sentenció el ex policía, que está a punto de llegar a juicio acusado de apremios ilegales y torturas.

Igualmente, el representante de Rosario de la Frontera votó a favor, y solo se registró un único voto en contra de Claudio del Plá.

Estructura aprobada

También se aprobó de manera unánime la modificación a la ley de Ministerios, que establece cambios estructurales en el gabinete provincial a pedido del gobernador Gustavo Sáenz.

Así, el Ministerio de Seguridad sumará al de Justicia, que estaba bajo la órbita de la cartera de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos. Mientras que la Secretaría General de la Gobernación cederá sus atribuciones con respecto al manejo de las tierras y bienes fiscales al Ministerio de Infraestructura.

El proyecto que llegó desde el Ejecutivo y fue tratado sobre tablas, pasó al Senado en revisión.