Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, universidades, fundaciones y académicos, entre otros colectivos, manifestaron su preocupación ante el proyecto “punitivista” de reforma de la Ley 24.660, que modifica el régimen de excarcelaciones del Código Penal y suprime la libertad condicional para los condenados por distintas figuras penales, entre las que se incluye los delitos de género. Los organismos dieron una conferencia de prensa y exigieron por escrito que se los convoque al debate sobre la iniciativa, que volverá a la Cámara de Diputados a fin de mes. Consideraron que es “una respuesta rápida e ineficaz al problema de la inseguridad” y señalaron que “el problema de la seguridad no se resuelve con más cárcel”.

El documento, firmado por Red de  Cooperativas de Liberados y Organizaciones Sociales en Contextos de Encierro, Universidad Nacional de San Martín (Idaes, Cusam, Programa de Articulación Territorial / Unsam), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), Programa de Extensión en Cárceles-Facultad de Filosofía y Letras de la  UBA, Colectivo Ni una menos,  Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Curas en la Opción por los Pobres., entre otros, señala que uno de los principales problemas del proyecto es que propone “el endurecimiento de la política penal, simplificando la realidad”, al ubicar en el mismo plano crímenes de diferente orden “como los delitos contra la propiedad, los delitos contra la integridad sexual y el femicidio”. Sobre estos últimos, en particular, el texto resalta que “requieren de un tratamiento específico y de dispositivos acordes a su complejidad”.

“La manipulación demagógica del femicidio de Micaela jugó un papel fundamental en la activación del tratamiento de la ley y vino a reponer un discurso altamente represivo y punitivista”, expresaron sobre el proyecto tratado en el Congreso a raíz del femicidio de la joven de Gualeguaychú. Tras su aprobación con modificaciones en el Senado, la iniciativa será sometida nuevamente a debate en Diputados el miércoles 31 a pedido de algunos bloques.

Son tres los principales cambios que propone el proyecto: incluye al listado de figuras penales que no contarán con los beneficios de la libertad asistida los delitos de homicidio simple, contrabando simple y delitos contra el orden financiero; elimina además las salidas transitorias para los reincidentes; y ubica nuevamente al juez de ejecución de la pena como el encargado de seguir los procesos de progresividad del recluso.

Los organismos sitúan a esta iniciativa en la misma línea de otras leyes que hubo en Argentina y que en su opinión fracasaron, como la Ley Blumberg (2004), que permitió que se sumaran penas de hasta 50 años de cárcel y que se elevaran las penas mínimas y máximas para la sola portación de armas. También destacan en el mismo sentido a la conocida Ley Petri en Mendoza (2012), que limitaba las excarcelaciones y fue considerada como un retroceso de cien años en tratamiento de penas por especialistas de derechos humanos. “Las estadísticas que surgieron desde su entrada en vigencia confirman que creció sostenidamente la población carcelaria y sin impacto sobre el delito, evidenciando que el problema de la seguridad no se resuelve con más cárcel”, opinaron.

En el documento, también defendieron la ley vigente porque entienden que tiene como objetivo “preparar a las personas para asumir una libertad responsable”, aunque señalaron que ese apartado en particular no se está cumpliendo. “Creemos que esta reforma acentuará los conflictos y no plantea soluciones a las problemáticas existentes en las cárceles: la superpoblación, el hacinamiento, la falta de asistencia a la salud e higiene, el acceso a la educación, la mala alimentación, la violencia física y psicológica, y el uso de la tortura como prácticas habituales.”, concluyeron.