Organizaciones sociales volvieron a cargar contra el proyecto manodurista impulsado por el Poder Ejecutivo para eliminar la libertad condicional en distintos tipos de delitos. Esta vez, la cita tuvo lugar en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (Unsam), donde ex privados de libertad dieron su testimonio acerca de la vida carcelaria y las herramientas que brindan los procesos de reinserción. A partir de las modificaciones dispuestas por el Senado, esta reforma a la Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad será nuevamente votada en Diputados (ver aparte). En la conferencia estuvieron presentes entre otros Nora Cortiñas (Madres Línea Fundadora), la Red de Cooperativas de Liberados, Unsam, Cels, el Programa de Extensión en Cárceles, de Filosofía y Letras, y el colectivo Ni una Menos.

“La seguridad se construye con justicia, educación y trabajo.” Con esa idea, la fundadora de los talleres artísticos en el penal de mujeres de Ezeiza, María Medrano, dio comienzo a la lectura de un documento firmado por más de cincuenta organizaciones –entre instituciones, organismos de derechos humanos, universidades y agrupaciones– para sentar posición acerca de la modificación de la ley 24.660, que tiene como elemento central suprimir la libertad condicional y los regímenes de semidetención a internos condenados por delitos que van desde homicidio agravado, abuso sexual, secuestro extorsivo hasta tenencia de drogas y contrabando aduanero. “Esta reforma es una respuesta rápida e ineficaz al problema de la inseguridad que nos atraviesa”, indica el comunicado. El pedido que firmaron los especialistas en la temática fue claro: exigen que los diputados abran el debaten en las comisiones que tratarán la reforma y se convoque a distintas organizaciones. “Es la única manera de pensar conjuntamente la problemática de la seguridad”, reflejaron.

Pero, en esta conferencia, el rechazo al proyecto de ley punitivista no se dio sólo por medio de un documento firmado, sino que fue más allá, al incorporar los relatos, en primera persona, de ex detenidos que ingresaron a diversos proyectos académicos y artísticos en distintas unidades penitenciarias a lo largo del país. Ese fue el caso de Liliana Cabrera, quien estuvo detenida ocho años en la Unidad 31 de Ezeiza. “Sin saberlo en el momento, el taller de poesía al que me anoté estando presa, fue lo que me ayudó a tener otro proyecto de vida”. En sus salidas transitorias, Cabrera, cambió la lírica por la investigación al anotarse en el taller de periodismo que dicta la agrupación Yo no fui, fundó su propia empresa (Editorial Cartoneras) y al cumplir la condena, consiguió trabajo en el diario La Nación. 

Hoy, la ex detenida vuelve todos los martes al penal de Ezeiza, en esta oportunidad, como docente de los mismos talleres en los que ella misma participó. “Si se quita la posibilidad de la libertad condicional, las mujeres detenidas no van a tener las mismas oportunidades que yo tuve. Por eso vuelvo a dar una mano, porque del propio Servicio Penitenciario no se puede esperar nada”, indicó, entre lágrimas, Cabrera. 

Luis Angel es sociólogo, docente de Criminología en el Servicio Penitenciario Federal y realiza actualmente una maestría en Historia en la UNSAM. También es la misma persona que permaneció detenida durante quince años, que desfiló en un sin fin de unidades penitenciarias desde la adolescencia y fue reincidente en varios delitos. El punto de conexión de ambos perfiles, cuenta Angel, se dio a partir del programa académico del penal de San Martín. En su testimonio, explicó que la posibilidad de estudiar –en su caso, potenciada a partir de los permisos especiales por exámenes y el período de salidas transitorias– permite romper con una identidad que se inscribe en las propias cárceles, con un determinado sistema de valores y conductas. 

La historia de Ángel no es un hecho aislado sino que se comprueba en estadísticas. Según un estudio realizado en 2015 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Procuración Penitenciaria, el 85 por ciento de las personas privadas de libertad que entran en programas académicos, no reincidieron. 

Por su parte, el sociólogo se mostró muy crítico sobre el proyecto de ley, propuesto por el diputado radical Luis Petri, al cuestionar “¿de qué resociabilización hablan los que promueven esta reforma, si en el encierro se sociabiliza de la peor manera? Si se quitan las salidas transitorias, el único trabajo que tendrán los detenidos será limpiar la celda de sus hijos”. 

En la misma línea siguió Claudio Castario, que integra la red de cooperativa de Liberados, al asegurar que sólo dejó de ser cliente de la cárcel después de entrar al programa UBA XXII (que brinda carreras de grado y cursos presenciales en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal). Antes, Castario, de 45 años, pasó casi la mitad de su vida entre rejas. Los dos oradores comentaron que el concepto de violencia e inseguridad está íntimamente vinculado a la desigualdad y la falta de oportunidades. Muy distinta a la visión de ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en el Congreso de la Nación dijo que “la progresividad (base del sistema penitenciario  que procura limitar la permanencia en espacios cerrados del condenado) se convierte, en un adelantamiento de la salida de violentos que vuelven a cometer crímenes”.

“El principal tema es encontrarle un significado al encierro, porque la cárcel no te deja ganas de nada. La vida ahí adentro vale ni más ni menos que una bala”. Así graficó Gastón Bronquio, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, su paso por varias unidades penitenciarias del conurbano. Escéptico con las reformas del régimen carcelario (“nunca nos sentimos dentro del sistema, mucho menos si se aprueba este proyecto”, sostuvo, remarcando la primera persona del plural), Bronquio expresó que en su primer contacto con las letras y el arte, encontró lo más difícil de la vida carcelaria: un espacio para formarse e ilusionarse durante el encierro. 

Los beneficios, contó el docente universitario, no sólo es esquivo a la población carcelaria, sino que las desigualdades van mucho más allá. “Desde siempre, el poder debió construir un otro para echar culpas. A partir de los 90´, los sectores más vulnerables ocuparon ese rol. Las villas, por ejemplo, fueron mostradas como la causa de la inseguridad y no reflejaron los problemas de educación y trabajo que hay ahí”. El ex convicto citó un claro ejemplo: cuando era adolescente, lo echaron de cinco escuelas distintas. “Hoy las escuelas siguen en el mismo lugar, incluso con los mismos profesores. Ninguna de ellas se interesó por mi persona”, aseguró Bronquio. El cierre de la última exposición –a puro aplauso– se refirió a la idea repetida durante toda la conferencia, acerca de cómo se entiende la problemática de la inseguridad. “No es una utopía que las personas cambien, solamente faltan herramientas”.

Informe: Jeremías Batagelj.