Tras haber pospuesto una semana la decisión luego de escuchar el pedido de la fiscalía a cargo y la querella, así como las réplicas de sus defensas, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) 2), a cargo de Abel Fleming, junto a los vocales Gabriela Catalano y Domingo Batule tomó la decisión de condenar al ex intendente de la localidad de Aguaray, Enrique Prado, en el norte de Salta, a la pena de 6 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado en despoblado y en banda de los caños del gasoducto que quedó trunco durante la gestión Cambiemos.

Al empresario mendocino Diego Alos, acusado junto a Prado, como los ideólogos del plan delictivo a través de una Resolución municipal para eliminar el pasivo ambiental que suponían los caños abandonados a la vera de la ruta 34, lo sentenciaron a 6 años. Obtuvo seis meses menos que Prado por no ser funcionario público, pero bajo los mismos cargos.

Mientras que a quien estaba apuntado como la mano ejecutora del robo, el también mendocino Adrián Vera, con el voto de dos de los jueces, Gabriela Catalano y Abel Fleming, decidió condenarlo a la pena de 3 años y ocho meses de prisión por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado en despoblado y en banda, en concurso real con uso de documento falso o adulterado en calidad de autor según indica el Código Penal.

Vera fue detenido en agosto del 2020 tras permanecer prófugo varios meses, y luego fue aceptado como “imputado colaborador”.

En disidencia, el juez Domingo Batule pedía una pena de 3 años por los mismos delitos por los que se lo acusaba. Los jueces ordenaron la prisión preventiva de Vera, que será alojado en el Servicio Penitenciario Federal.

También ordenaron la prisión preventiva de Alos y Prado pero otorgándoles la posibilidad que sea domiciliaria, bajo el cuidado de Gendarmería y con monitoreo electrónico mediante la colocación de una pulsera.

De esta manera, el jurado redujo la pena pedida por el fiscal Federal Eduardo Villalba, quien la semana pasada solicitó 8 años para Prado y 7 para Alos y Vera. Mientras el abogado querellante, Sebastián Smith, que representa al Estado a través de IEASA, había pedido 10 años para Prado, al considerar que “reportó una pérdida de 5 millones de dólares, que son lo que costaron, pero no se correlacionan con el daño ocasionado por la sustracción, porque significó la interrupción de la obra pública”.

La defensas, solicitaban 5 años (la mínima por lo que se los acusaba), para Alos y Prado, y dos para Vera por haberse declarado arrepentido y aceptado ser “imputado colaborador”.

Los jueces justamente aclararon que en el caso de Vera, el atenuante era que su colaboración había sido clave para desenmascarar la operación delictiva del empresario y el jefe comunal, así como para dar con el paradero de la mayoría de los caños valuados en unos 5.000 dólares cada uno. Pero que no podían perder de vista que era una persona que había delinquido a sabiendas de lo que hacía, que tenía antecedentes penales y que intentó fugarse de la justicia.

El fiscal Eduardo Villalba le dijo a Salta/12 que a pesar de la reducción de penas que había solicitado, estaba muy conforme con el fallo, sobre todo por el pedido de prisión preventiva para los tres. Y que en el caso de Vera, comprendía la atenuante, “colaboró con la investigación por eso le aplicaron la pena de la tentativa”.

Los 252 caños recuperados y que permanecían secuestrados en distintas dependencias del Estado Nacional, como Gendarmería o Vialidad serán devueltos a la firma Estatal IEASA (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima), ex ENARSA.

La ejecución de la megaobra del Gasoducto del NEA, proyectada en 2003 con el objetivo de llevar gas natural al noreste de Salta y a las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe, con una inversión de 2 mil millones de dólares, fue suspendida con la llegada del macrismo al gobierno nacional.

Si bien se había finalizado el 80% del tramo en las demás provincias, fue en Salta donde quedaron paralizadas las obras. Allí se depositaron los caños, valuados en unos 5.000 dólares cada uno, que quedaron acumulados a la vista de quienes por allí circulaban.

El robo de al menos 228 de estos caños, a finales de 2019 y comienzos de 2020, es el hecho que se investigaba en el juicio oral que comenzó a finales de junio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta.