La denunciada amenaza que se dio durante la audiencia imputativa del sábado siguió sumando voces ayer. El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, consideró los dichos de Verdún como un “hecho desafiante” que “tiene mayor gravedad” por el ámbito en que se produjo. En ese sentido, anunció la apertura de una nueva causa judicial contra la mujer. También hubo comunicados de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA, del Colegio de Abogados de Rosario, entre otras instituciones.

Baclini es el jefe de los fiscales de la provincia y este lunes fue una de las primeras voces en salir a apoyar la investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación. “Le expresamos al fiscal Matías Edery nuestro apoyo en su trabajo. También adherimos al éxito que tuvo en esta investigación en particular. Hay que remarcar que se abrió una investigación penal sobre estas amenazas para después ver puntualmente cómo actúa la Fiscalía en relación a la solicitud de una sanción específica”, dijo en LT8.

Por su parte, desde la Asociación de Fiscales manifestaron: "Funcionarios y funcionarias del MPA estamos expuestos en forma permanente a este tipo de intimidaciones, propias de la misma delincuencia que perseguimos, y sabemos que nada puede esperarse de aquellos para quienes es necesario utilizar el aparato coercitivo estatal a los fines de que adecúen su comportamiento a las normas. Por el contrario, mucho debe esperarse y exigirse de quienes tienen la responsabilidad de decidir y ejecutar políticas de seguridad para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, y para fortalecer las instituciones fundamentales de la democracia, como lo es el sistema de Justicia. En ese sentido, debemos decir que un sector de quienes ejercen la dirigencia de la provincia e incluso parte de quienes profesan la magistratura de máxima jerarquía del propio Poder Judicial, han optado por mantener un ministerio público absolutamente debilitado, en sus recursos humanos, en su independencia, en su infraestructura material, en su sistema disciplinario, en su credibilidad. Los frutos de algunas investigaciones del MPA han resultado definitivamente una amenaza para ciertos sectores de poder, que optaron por defenderse denigrando la institución, escatimando recursos, personalizando y politizando las investigaciones, instaurando sistemas de control que atentan contra la objetividad de los fiscales y fiscalas, en fin, menoscabando al MPA y por consiguiente a la provincia y sus habitantes". 

También del Colegio de Abogados 2da Circunscripción de Rosario, expresaron: "Repudiamos hechos como los denunciados y ratificamos nuestro compromiso para garantizar la libertad y la independencia con que deben ejercer sus funciones los operadores de justicia". 

Desde la Asociación de Fiscales de Santa Fe también manifestaron "estas agresiones, impropias en una sociedad civilizada dentro de un Estado de Derecho constituyen hechos de gravedad institucional". 

La comunidad de la Universidad Nacional de Rosario manifestó su apoyo y solidaridad con Edery. "Estos hechos merecen el más contundente rechazo habida cuenta de que pretenden condicionar la vigencia del Estado de derecho y el sano funcionamiento de las instituciones públicas, y en definitiva afectan severamente la vida en sociedad". Pidió "a las autoridades competentes extremar las medidas para evitar la reiteración de estos actos".

El senador provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de declaración en el que manifestó “su más enérgico repudio” a las intimidaciones, expresó su solidaridad y respaldo y pidió el acompañamiento de sus pares a la declaración.