1987
La Obediencia y Página

El primer PáginaI12 –26 de mayo de 1987– dedicó la tapa al nuevo juramento de las Fuerzas Armadas. La Gran Novedad era que juraban por la Constitución Nacional. Y había tipos que se negaban. Un recuadro del título principal informaba que un mayor había sido castigado por ese motivo. Diez días después, cuando la redacción todavía estaba entrando en calor, Diputados sancionó la Ley de Obediencia Debida. El diario surgió de ese camino trenzado por los derechos humanos y los conflictos de las Fuerzas Armadas para ajustarse a la democracia.

Son hechos que marcan ese año de 1987 y que en realidad constituyen uno solo. La presencia desde la caída de la dictadura de los dilemas democracia-militares o derechos humanos-impunidad como ejes de primacía, y el surgimiento de PáginaI12 como un medio que da cuenta de ellos, hablan de una sociedad que rompía el cascarón de las dictaduras y la violencia política y comenzaba a dar pasos vacilantes en el desconocido universo de la continuidad democrática.

La ley de Obediencia Debida fue un paso en falso. Fue uno de los hechos más importantes de ese año, y una reivindicación que vertebró los reclamos de los derechos humanos hasta que fue anulada en 2003 por Néstor Kirchner, apenas asumió. Pero lo nuevo, el dato que se incorporaba a la realidad como fenómeno cultural en 1987, no era la ley, sino que, a diferencia de otras épocas,  esos pasos regresivos no fueran naturalizados por una hipocresía que venía del ciclo anterior, de la subordinación a los flujos y reflujos de dictaduras y democracias tuteladas. El fenómeno nuevo, el que marcaba la nueva época, era la reacción defensa de la Justicia y los derechos humanos como valores cuyo protagonismo había renacido en el juicio a los ex comandantes.

Las marchas habían comenzado con las Madres durante la dictadura y crecieron con la llegada de la democracia. La sociedad se las fue apropiando con una pasión subterránea ya que era difícil diferenciar su profundidad de otras expresiones culturales y políticas que aparecieron con fuerza en ese momento y que con el paso del tiempo se fueron disipando en doble discurso y falso progresismo. La dictadura había impuesto marcas muy fuertes de miedo y de rechazo al compromiso. Pero, quizás por la gravitación simbólica tan poderosa de las Madres, sumada a las revelaciones espantosas que se develaron en los juicios, esa naciente cultura democrática se fundió con el paradigma de los derechos humanos que así se convirtió en su elemento distintivo.

Los levantamientos de carapintadas presionaban contra los juicios a los represores. En 1987 había unas 487 causas contra unos 300 oficiales, y sólo cien de ellos estaba retirado. El cálculo de ese momento era que se llegaría por lo menos a mil, en su mayoría oficiales en actividad. La tensión era explosiva entre una sociedad que refundaba su identidad posdictadura en los derechos humanos y unas Fuerzas Armadas que en su gran mayoría había estado comprometida o había respaldado su violación. El Punto Final obturó la presentación de nuevas denuncias, pero no salvó a los que ya estaban denunciados. La Obediencia Debida salvó a la mayoría y descomprimió las tensiones más violentas, aunque los levantamientos carapintada siguieron hasta el menemismo, que les concedió la amnistía.

Hasta el año pasado había 2354 personas imputadas; 526 causas activas y otras 227 causas que fueron asimiladas a expedientes principales, en algunos casos “megacausas”, en alguna instancia de la investigación; el 31 por ciento de los imputados se encuentran dentro de las 156 sentencias dictadas. Las sentencias condenaron al 90 por ciento  y absolvieron al 10 por ciento. En las 370 causas en trámite sin sentencia hay 876 procesados, a 132 se les dictó falta de mérito sin perjuicio de que la investigación continúe, 28 fueron sobreseídos, 26 tienen su situación procesal sin resolver aun. Un total de 252 imputados han fallecido y tres fueron declarados incapaces, en ambos casos sin ser sentenciados. Hay 57 personas prófugas de la justicia, una de ellas luego de haber sido condenada.  669 imputados fueron condenados y 62 fueron absueltos, en las 156 sentencias dictadas, aclarando que el 75 por ciento de los casos no tiene sentencia firme. Fallecieron 252 imputados sin haber tenido sentencia y 60 que habían sido condenados.

La Obediencia Debida había puesto un dique a ese océano judicial que se liberó cuando cayó la ley. Esos números implican miles y miles de víctimas, miles y miles de familiares, amigos o compañeros de trabajo o de estudio o vecinos de las víctimas. Implicó que la presión que habían  dejado de hacer los militares pasó a ejercerse desde esa masa de víctimas indirectas que a su vez estaba íntimamente acompañada por una gran parte de la sociedad. Y esa presión se sostuvo en el tiempo, desde aquel día de 1987 hasta el 2003, en el caso de la Obediencia Debida.  Igual, esa alquimia fundante entre democracia y derechos humanos se sigue manteniendo, como acaba de comprobar el gobierno de Mauricio Macri cuando la Corte intentó aplicar el 2x1 a los genocidas.

Los represores y el universo castrense tienen a su vez un entorno que es más chico y menos homogéneo, pero más poderoso y autoritario. Y se ha mantenido en el tiempo como la contracara de este fenómeno de mixturación democracia-derechos humanos de la que incluso PáginaI12 es una expresión y que sin ninguna duda constituye la principal causa de su continuidad a lo largo de estos dificilísimos treinta años. Hay explicaciones técnicas y periodísticas, pero un medio se sostiene en el tiempo cuando de alguna manera logra situarse y convertirse en expresión de un fenómeno social, cultural o económico, y siempre político. PáginaI12 se instaló en esa dicotomía que se volvió a manifestar hace unos días en la resolución de la Corte macrista, de un lado, y en la gran marcha de repudio que provocó, del otro. “Noche y Niebla” decía en 1987 la tapa del diario cuando el Congreso aprobó la Obediencia Debida. Fue un buen título, pero la razón principal de esa durísima permanencia en el tiempo no estaba tanto allí, sino en la decisión política de plantar la línea editorial del diario junto al movimiento de los derechos humanos, que es a su vez la impronta más profunda de la transición democrática en Argentina.