Luego de algunos días con demoras técnicas para cerrarlo, el Gobierno Nacional envió al Congreso el acuerdo definitivo con el Fondo Monetario (FMI), develando los puntos centrales del programa de reestructuración del crédito que tomó la administración de Mauricio Macri. El documento tiene 4 artículos y 137 páginas en las que se incluyen dos documentos de peso: el Glosario Técnico y el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, que incluye las previsiones de mediano plazo que Argentina hace sobre variables económicas y son el corazón del proyecto. La lectura del texto general no arroja, sin embargo, ninguna cuestión particular sobre cambio en las condiciones generales y está en línea con el diagnóstico del texto que adelantó el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. 

El inicio del texto arranca con un diagnóstico de situación en el que el Gobierno recuerda cómo se llegó a este punto en la era de Cambiemos:  "en mayo de 2018, en el contexto de colapso del modelo económico que se implementó en la REPÚBLICA ARGENTINA a partir de diciembre de 2015, donde el mercado comenzó a evaluar como insostenibles los grandes volúmenes de deuda pública en moneda extranjera (principalmente bajo legislación extranjera) que el país había acumulado en los 2 años previos y que no fueron acompañados por un incremento de la capacidad productiva que permitiera el cumplimiento de tales obligaciones respetando la sustentabilidad social, con la reversión del flujo de capitales externos de corto plazo, amplificada por la liberalización de la cuenta corriente y de capital, generando tensiones continuas sobre el balance externo que se reflejaron en abruptas devaluaciones, la administración anterior decidió acudir al FMI y posteriormente acordó un préstamo récord -en cuanto al monto - en la historia de esa Institución", apunta el escrito. 

Y continú asegurando que "los desembolsos se utilizaron principalmente para financiar la formación de activos externos y para cancelar deuda de los acreedores privados en moneda extranjera que estaba en situación de insostenibilidad; deuda externa que había sido irresponsablemente aumentada durante el período diciembre de 2015 y marzo de 2018". Cierra ese apartado destacando que, además, el Stand By de Macri se decidió sin pasar por el Congreso. 

El texto que entró hoy tiene ligeras diferencias con el previo. Como Cambiemos pidió correr los anexos de la votación general de la ley (el plan de Facilidades Extendidas completo), esos anexos quedaron en el artículo 2 en la redacción final. La oposición apuntó que no quería avalar (aunque fue el propio macrismo el que tomó la deuda inconsulta) metas y objetivos que luego fracasaran. Lo cierto es, con la nueva conformación, puede votarse separado en general y en particular el artículo dos, pero Cambiemos no podrá esquivar dar su parecer sobre las metas en cuestión. 

Desembolsos, gasto y déficit

Según la norma girada a Diputados, el Facilidades Extendidas tendrá una duración de 2 años y medio y refinancia la deuda contraída en 2018 por Macri, que dejó como herencia lo que se caracterizó como "vencimientos brutales". En ese contexto, habrá 10 revisiones que serán trimestrales con desembolsos. El primero de los cuales será de 9.800 millones de dólares. Luego de pagarse el vencimiento del 22 de marzo (2800 millones), quedarán más de 6000 millones en las arcas del Banco Central. Este punto es uno de los logros que en el Gobierno evalúan como centrales: Guzmán quería al menos duplicar el envío de dinero en relación al monto de los vencimientos, para que la caja no quedara vacía cada vez que se tuviera que pagar y que eso no redundara en presiones trimestrales y más exigencias del FMI. Así, en todo el 2022 recibirá un total de 24.240 millones -17.500 millones en DEG, la moneda del Fondo-, en desembolsos del organismo que implicarán un financiamiento neto de 0,7 por ciento del PBI y le permitirán cubrir el financiamiento externo del año, según lo previsto en el acuerdo difundido hoy por el Gobierno nacional. En todo el préstamo, habrá 11 desembolsos. 

Respecto al gasto expansivo, se espera un aumento "moderado y sostenible en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social”. El acuerdo informa que en ese rubro se superará el equivalente al 2 por ciento del PIB. Aclara además el escrito que no habrá ninguna reforma previsional ni laboral. 

En cuanto al déficit fiscal, habrá una reducción con metas de 2,5 del PBI este año, 1,9 por ciento en 2023 y de 0,9 en 2024. Se habla de una política fiscal "contracíclica", por lo que el Gobierno se compromete a reducir el déficit debidamente cuando “los ingresos reales del gobierno federal (netos del gasto asociado legalmente) fueran superiores a lo programado”. El sendero fiscal se financiará “principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos y el apoyo de la comunidad internacional, lo que facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024”.

Tarifas, precios y dólar

El capítulo de tarifas y subsidios precisa que se revisarán las tarifas tanto de usuarios residenciales como no residenciales y las subas más importantes se darán en “aquellos sectores con mayor capacidad de pago”, mientras que el resto de los usuarios “tendrán aumentos que estarán por debajo de la suba de los salarios”. Se apunta a lograr una segmentación de las tarifas en 3 niveles para el bienio 2022-2023. Toas subas vinculadas al Coeficiente de Variación Salarial (ver aparte), tal como lo adelantó el Presidente en el Congreso. 

Respecto a los precios, el acuerdo entiende a la inflación como un fenómeno multicausal, por ello cree necesario "una estrategia de varios frentes" que incluye a las cuestiones fiscales, monetarias, de precios y de ingresos. Así, se mantendrá el programa de Precios Cuidados vigente hasta el 7 de abril que contempla que los aumentos de precios no superen el 2 por ciento mensual en 1.300 productos de consumo masivo. Además, se apostará a un crecimiento de los salarios en términos reales.

En patralelo, el BCRA tomará otras medidas antiinflacionaria como la reducción del financiamiento del Banco al Tesoro, en el siguiente esquema gradual: a 1 por ciento del PIB en 2022, 0,6 del PIB en 2023 y cero en 2024. En ese contexto, se prevé para los próximos año un esquema de metas de inflación con bajas graduales, dentro de un rango estimado, de manera que para 2022 se espera que la misma se ubique dentro de un rango de 48 a 38 por ciento; para 2023 entre 42 a 34; y para 2024, el último año de duración del programa con el FMI, entre el 37 a 29 por ciento.