El Gobierno arranca el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso teniendo que remar contra la corriente, con fuerte oposición política por derecha y por izquierda, incluida una porción sustancial del Frente de Todos. La votación parlamentaria, a esta altura, resulta una incógnita. Son mayoritarias las voces que preanuncian la aprobación, pero a nadie escapa que abundan los halcones.

El contexto internacional también es contra corriente. Un viento de frente de características inéditas, que empezó a soplar antes de que Alberto Fernández pudiera soñar con ser presidente. Fue cuando Donald Trump decidió apostar 57 mil millones de dólares a través del FMI a la reelección de Mauricio Macri. El crédito más grande de la historia del organismo fue pactado entre Estados Unidos y el gobierno de Cambiemos sin preguntar a los argentinos ni pasar por el Congreso.

Pero el Frente de Todos no planteó en 2019 repudiar la deuda, sino que prometió denunciar internamente a los responsables, reestructurar los compromisos con los acreedores privados y refinanciar los pagos con el FMI. Lo recordó Alberto Fernández esta semana ante la Asamblea Legislativa, tras lo cual legisladores del PRO hicieron su puesta en escena y abandonaron el recinto.

Aquella hoja de ruta de renegociación de la deuda como paso indispensable para normalizar la economía se topó a solo tres meses de ponerse en marcha con la pandemia, que desencadenó una tragedia humanitaria y económica global, con recesiones históricas y niveles de inflación record. 

Pese a tanto viento de frente, el Gobierno dio la pulseada contra Blackrock, Templeton, Fidelity y demás fondos de inversión extranjeros, protagonistas de la fiesta de la deuda macrista, exponentes del establishment financiero internacional, y en agosto de 2020 logró un acuerdo de reestructuración que despejó el horizonte de pagos con el sector privado hasta 2025, con un alivio de 37.700 millones de dólares en los primeros cuatro años. 

Ahora que ese proceso de ordenamiento de la deuda se completa con el acuerdo con el FMI, cuando los daños de la pandemia van menguando, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania trae otra onda expansiva de crisis y desestabilización.

De todos modos, el gabinete económico asegura que de lograr la aprobación del convenio con el Fondo, la recuperación será más sólida y habrá mejores condiciones para combatir la inflación, identificado como un problema principal a resolver y por lejos el que más desgaste político produce. El crecimiento, sostienen los funcionarios, puede llegar hasta 6 por ciento este año.

La condición indispensable, pero no suficiente, para contener la suba de precios es la estabilidad cambiaria. Eso incluye no solo el control del dólar oficial, sino también dominar la brecha con los dólares financieros, que son la alternativa a la que recurren empresas y particulares para dolarizarse de cualquier modo. Desde que el Gobierno anunció el principio de acuerdo con el FMI, esa brecha se fue achicando. El dólar contado con liquidación, que llegó a cotizar a 240 pesos, ahora se encuentra en 201. El paralelo, que el 27 de enero tocó 223,50 pesos, este viernes cerró también a 201.

Sin ratificación parlamentaria del acuerdo con el Fondo, los riesgos de explosión de esa brecha cambiaria son enormes, lo que generará una presión devaluatoria difícil de contener. En ese terreno, el Gobierno también tiene que avanzar contra la corriente. De acuerdo a un estudio de la consultora ACM, la Argentina se encuentra última en el ranking regional de reservas en relación al PIB, con un ratio de 8 por ciento. Más arriba se ubican Bolivia, con 11,5 por ciento, Chile (16,1), Colombia (18,5), Brasil (22,6), Uruguay (29,1) y Perú (36,3).

Demorar el cierre de las negociaciones con ese nivel de reservas exponía a la Argentina ante una muy probable devaluación descontrolada. El país no podría haber afrontado el vencimiento de 2800 millones de dólares del 22 de este mes con el FMI. Por el contrario, el entendimiento que anunció Martín Guzmán establece que ni bien el Congreso ratifique el convenio, el Banco Central recibirá 9800 millones de dólares del organismo. Eso abre un camino para avanzar con políticas imprescindibles para afianzar el modelo productivo, con inclusión social y ampliación de derechos, y también para la búsqueda de divisas mediante la promoción de exportaciones. El hecho de que recién en 2026 haya que empezar a realizar pagos al Fondo es clave para generar otro horizonte financiero.

A diferencia de los tradicionales acuerdos con el FMI, el Gobierno podrá aumentar el gasto en infraestructura, ciencia y tecnología y promoción del empleo, sin reformas laborales ni previsionales. La reducción del déficit fiscal se plantea a partir de un aumento de los ingresos del Estado por mayor crecimiento de la economía y combate a la evasión. Son condiciones que ayudarán a seguir transitando el camino de la estabilización, tras casi seis años de crisis para las mayorías populares. 

"La sociedad no quiere más crisis. Desde 2016 vivimos devaluaciones, ajustes, cierres de empresas, aumento de la desocupación y la pobreza. Después vino la pandemia a agravar todo el cuadro. La política económica permitió que en 2021 la recuperación fuera muy superior a lo previsto. Ahora tenemos una oportunidad de consolidar ese proceso", dicen en el Gobierno. La sociedad, confían, está mayoritariamente a favor de esa corriente.